Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU) Crímenes e Impunidad - La experiencia del trabajo médico, psicológico, social y jurídico en la violación del Derecho a la Vida .o000o. Chile 1973 - 1996 VII Región del Maule - IX Región de la Araucanía - X Región de los Lagos Autores: * Dra. Paz Rojas B. (Coord.) * Dra. Patricia Barceló A. * Jaime Soto N. * Sergio Espinoza C. * Julia Urquieta O. * Maritsa Jara R. * Dra. Katia Reszczynski P. * Verónica Seeger B. * Alejandro Astete M. * Introducción * I. Características de las violaciones de los Derechos Humanos en América Latina * II. Metodología del proceso del conocer y del saber en la búsqueda de la verdad * III. Regiones y población estudiada * IV. Acciones y consecuencias sobre la persona y la sociedad * V. El vínculo con los familiares * VI. El trabajo con grupos, una experiencia inicial * VII. El proceso de intervención jurídica * VIII. Acompañamiento psicológico del proceso jurídico * IX. Las organizaciones de familiares: el trabajo conjunto * Anexos Derechos Humanos en Chile | Desaparecidos Chile | Biblioteca Virtual .o0000o. Crímenes e Impunidad La experiencia del trabajo médico, psicológico, social y jurídico en la violación del Derecho a la Vida Chile 1973 -1996 VII Región del Maule - IX Región de la Araucanía X Región de los Lagos Serie Verdad y Justicia Volumen 6 CODEPU DIT-T VERDAD Y JUSTICIA es una serie de investigaciones que el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU) a través de su Equipo de Salud Mental de Denuncia, Investigación y Tratamiento del Torturado y su núcleo familiar DIT-T, y del Equipo de Documentación e Investigación, publica con la finalidad de contribuir al esclarecimiento respecto de las violaciones de los Derechos Humanos ocurridas en Chile durante el período dictatorial (1973-1990). Coordinadora Responsable: Dra. Paz Rojas B. Autores: Dra. Paz Rojas B. Dra. Patricia Barceló A. Jaime Soto N. Sergio Espinoza C. Julia Urquieta O. Maritsa Jara R. Dra. Katia Reszczynski P. Verónica Seeger B. Alejandro Astete M. El trabajo en terreno fue realizado por los siguientes profesionales: Jaime Soto, Guillermo Montalva y Nelson Lira, investigadores, Paz Rojas, Patricia Barceló y Katia Reszczynski, médico-psiquiatras Julia Urquieta y Maritsa Jara, abogados Verónica Seeger, Myriam Cabezas y Marcela Ormazábal, psicólogos. Patricia Bravo y Víctor H. Venegas, trabajadores sociales Alejandro Astete, Irma Carrasco y José Araya, educadores También colaboraron : Roberta Basic, Maike Bister, Eric Moreau, Viviana Uribe, Marisol Espinoza y María Luisa Ortiz. El presente trabajo y su publicación ha sido posible gracias al Centro Nacional de Cooperación al Desarrollo (NCOS), Bruselas, Bélgica. Agradecemos además, el apoyo de: * Fondo para las Contribuciones Voluntarias para la Víctimas de la Tortura Organización de las Naciones Unidas). * Médico Internacional (MI), Alemania. * Acción Mundo Solidario (ASW), Alemania. * Pan Para el Mundo (PPM), Alemania. (c) CODEPU ISBN 956-7599-03-3 Inscripción N° 98.564 Autorizada la reproducción total o parcial citando la fuente. Santiago de Chile, diciembre de 1996. Edición a cargo de Sergio Pesutic P. Diseño y producción: Antonia Gómez C. Impreso en LOM Ediciones. Portada: xilografía de Santos Chávez. "Pensar el pasado contra el presente, resistir al presente, no para un retorno sino en favor, eso espero, de un tiempo futuro". Friedrich Nietzsche Indice Introducción I. Características de las Violaciones de los Derechos Humanos en América Latina Antecedentes históricos El caso de Chile II. Metodología del Proceso del Conocer y del Saber en la búsqueda de la Verdad Registro de las violaciones de los Derechos Humanos Objetivos Selección del territorio. Elaboración de los instrumentos III. Regiones y Población Estudiada Características de las Regiones Séptima Región Novena Región. Décima Región Características de la población. Antecedentes generales Antecedentes socioeconómicos. Antecedentes políticos Situación represiva. IV. Acciones y Consecuencias sobre la Persona y la Sociedad V. El Vínculo con los Familiares Los contactos preliminares Establecimiento y desarrollo del vínculo Factores que facilitan u obstaculizan el vínculo VI. El Trabajo con Grupos, una Experiencia Inicial Antecedentes Características de los grupos. Propósitos. El método empleado Evaluación. Reflexiones VII. El Proceso de Intervención Jurídica. Introducción Objetivos y métodos. Desarrollo de la intervención jurídica. La intervención jurídica propiamente tal Comentarios VIII. Acompañamiento Psicológico del Proceso Jurídico Antecedentes de la región y de las familias Nuestro acercamiento a las familias. Estructura familiar previa y posterior al hecho represivo. Ciclo vital individual y patologías crónicas. El proceso de duelo Participación en la búsqueda de Verdad y Justicia. Consecuencias sobre las familias Comentarios IX. Las Organizaciones de Familiares: El Trabajo Conjunto. Las Agrupaciones de Familiares durante el Régimen Militar Las Agrupaciones de Familiares a través de las Regiones. Las Agrupaciones de Familiares durante el período de transición a la democracia: los cambios observados Las Agrupaciones de Familiares y nuestro equipo: primeros intercambios Comentarios. Introducción A través del presente libro queremos comunicar la experiencia realizada por el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), en el esclarecimiento de los crímenes cometidos por la dictadura militar chilena, esclarecimiento tanto en el ámbito de la verdad de lo ocurrido como en el plano de la verdad jurídica. La decisión de efectuar este trabajo se remonta a 1988, dos años antes del término del régimen dictatorial que se iniciara con el golpe de Estado del día 11 de septiembre de 1973. Luego de un análisis detallado de lo que habían sido las violaciones de los Derechos Humanos y, muy especialmente, los crímenes de Lesa Humanidad ocurridos hasta ese momento en el país, la determinación de hacer esta labor fue tomada por todos los miembros de los diferentes equipos de nuestra institución. Hemos sido testigos, y lo somos aún, del ocultamiento, la negación, la falta de justicia, las infinitas tácticas para atemorizar y someter a la población, la existencia degradante de la prisión política, la tortura, la persecución y el exilio, el secuestro de personas seguido de desaparición y la perversa agresión humana con cuerpos destrozados, dinamitados, quemados, degollados. Decidimos profundizar sobre esta realidad, no sólo para aproximarnos al conocimiento de la verdad, sino también para acercarnos a la comprensión trágica de la dramática contienda humana que se había producido. Asimismo, esta opción de trabajo está vinculada estrechamente a nuestra experiencia profesional (en tanto médicos, psiquiatras, psicólogos, abogados, educadores, trabajadores sociales o investigadores en el campo de Derechos Humanos), y personal (en tanto familiares directos de las víctimas). En ambos planos, y de manera indisoluble, constatamos y vivenciamos las graves, severas y profundas alteraciones que la violencia represiva había dejado en las personas, en las familias, en nosotros mismos y, especialmente, en el conjunto de la sociedad. Ante la necesidad de saber y conocer toda la verdad, nos asistió la preocupación de que "los Crímenes contra la Humanidad no quedaran lo suficientemente esclarecidos durante el período de transición a la democracia que se avecinaba y, lo que aparecía aún más grave, ante el temor de que los responsables de muertes, desapariciones, torturas, penas y sufrimientos tan crueles e injustos, quedaran en la impunidad, impidiendo un real proceso de sanación, individual, familiar y social".(1) En 1988, nuestro organismo tenía una sede en la capital. Santiago, y en otras cinco capitales regionales (Valparaíso, Talca, Concepción, Temuco y Valdivia). Algunas de ellas recién estaban logrando constituirse de manera más formal. Sus miembros, en la mayoría jóvenes profesionales, algunos ex-presos políticos o familiares cercanos a las víctimas, agrupados las más de las veces clandestinamente, habían iniciado un trabajo de denuncia de la violación de los Derechos Humanos en su localidad levantando una clara y decidida lucha contra la dictadura. La ayuda internacional de esa época (especialmente del Fondo de Contribuciones Voluntarias para las Víctimas de la Tortura dependiente de las Naciones Unidas que por las normas de su mandato no podía apoyar abiertamente este trabajo ni menos patrocinar una investigación sobre los crímenes, sus responsables y las consecuencias de la impunidad), nos había permitido crear colectivos de salud mental en esas regiones para dar una atención integral a las personas y familias afectadas directamente por la dictadura. Tras elaborar un proyecto específico titulado "Reparación, Capacitación y Prevención en Salud Mental y Derechos Humanos en el Período de Transición a la Democracia" cuyo principal objetivo era el diagnóstico del daño psicológico y social y buscar formas de intervención para una reparación y prevención integral, obtuvimos en octubre de 1989 el apoyo de una ONG belga, el Centro Nacional de Cooperación al Desarrollo (NCOS). Más tarde, otras agencias europeas, especialmente alemanas, como Médico Internacional(MI), Pan Para el Mundo (PPM), y Acción Mundo Solidario (ASW), mostraron un profundo interés en el tema de la impunidad y nos respaldaron moral y materialmente para continuar este trabajo. Las investigaciones que realizamos las denominamos de "Verdad y Justicia", ellas consideran los antecedentes históricos, geográficos, sociales, culturales y políticos, antes, durante y en los años posteriores al golpe de Estado, así como las características represivas en la zona, las personas afectadas y las consecuencias por ellas sufridas, los organismos dictatoriales responsables y la individualización de sus agentes. Algunos de estos trabajos fueron de orden temático(2) y no estaban referidos a lo sucedido en una determinada región de Chile. A diferencia de las publicaciones anteriores, centradas fundamentalmente en el campo de la denuncia y de la asistencia integral, el presente texto relata, comenta y evalúa los hechos y vivencias ligados al proceso mismo de la búsqueda de la verdad. Las investigaciones se insertaron en el proceso de intervención médica, psicológica, jurídica y social desarrollado por los diferentes equipos de nuestra institución junto a las personas, familias y colectivos sociales víctimas de la dictadura,. Esta primera etapa de esclarecimiento de los hechos, por condiciones humanas y materiales, se limitó a tres de las trece regiones en que se encuentra dividido administrativamente el país. Asimismo, los acontecimientos ocurridos en estas regiones fueron seleccionados e investigados con diferentes niveles de profundidad, debido a que la Cooperación Internacional retiró su apoyo económico, por considerar que en el nuevo período político el problema de los Derechos Humanos en Chile "estaba prácticamente superado". Sin embargo, la primera etapa logró cumplirse en tres regiones: Séptima, Novena y Décima. La experiencia en dos de ellas fue publicada en el Segundo y Tercer Tomo de la Serie Verdad y Justicia(3). La etapa de verdad jurídica sólo pudo efectuarse en una región. Con la presencia masiva de todos los familiares de las personas ejecutadas y detenidas desaparecidas, con quienes habíamos trabajado estrechamente, los libros fueron presentados en actos públicos tanto en Santiago como en las respectivas regiones. En esta publicación queremos resaltar que nuestra experiencia y conocimiento directo de lo sucedido proviene exclusivamente de una sola de las vertientes de este drama humano: las personas afectadas, o mal llamadas víctimas. Igualmente, queremos señalar que desde el principio de esta actividad de atención, investigación y denuncia, asumimos que ella abarcaba la praxis total del conflicto y no solamente aquella de las víctimas. En este trabajo tratamos de esclarecer, por un lado, el Crimen de Lesa Humanidad y, por otro, el sistema y las personas responsables de él. Es evidente, que más allá de la identificación y el posible castigo, lo que cuenta para nosotros en último término son las responsabilidades particulares e institucionales en el accionar criminal. Al lado de las víctimas, paulatinamente se fue configurando el mapa de los responsables: sus antecedentes, sus biografías, sus conductas, sus mentalidades, su formación, sus discursos, permitiendo de este modo que algunos de ellos sean lo suficientemente identificables. Este libro tiene como objetivo principal dar cuenta del trabajo realizado en la búsqueda de la verdad respecto de las graves violaciones de los Derechos Humanos ocurridas en Chile. Creemos que esta experiencia ayudará a otras personas y a otros grupos que, desde sí mismos y no desde el Estado, intentan igual que nosotros esclarecer la magnitud y las características de dichas violaciones, muy especialmente del derecho a la vida. Terminada la etapa de esclarecimiento (o simultáneamente, puesto que luego de diecisiete años de dictadura aquella es sin duda una etapa que no cesa, como históricamente lo demuestra el caso de los grandes acontecimientos criminales ocurridos durante este siglo), iniciamos la fase de búsqueda y obtención de la verdad jurídica. Estas dos etapas se insertan en una práctica de atención médica, jurídica, psicológica y social. En cada capítulo señalamos a grandes rasgos las alteraciones encontradas en las personas, en los grupos, en las familias y en la sociedad. Lo hacemos así porque es necesario conocer las características tan particulares del universo de personas con que se trabaja, "víctimas de los crímenes y de la impunidad", siendo fundamental el máximo de resguardo y cuidado. Este proceso ha sido, por otra parte, un trabajo conjunto con "las víctimas y sus familiares". Ellos nos han entregado el relato de lo sucedido, evocando una y otra vez los hechos represivos tal cual sucedieron; ha sido el recuerdo de lo vivido, sus palabras, sus gestos y comportamientos, incluso sus silencios, lo que nos ha permitido reconstruir la dolorosa historia reciente. Se trata de una experiencia de trabajo marcada desde su inicio por la urgencia del tiempo. Iniciarlo ahora, veintitrés años después del golpe militar, hubiera sido demasiado tarde y la verdad sobre los hechos, tal vez, estaría reemplazada por la creencia de la verdad, por las ideas y teorías construidas sobre ellos. Es importante señalar el contexto de nuestra experiencia: fue iniciada en pleno período dictatorial, dos años antes de su término. Se desarrolló luego contemporáneamente con las medidas que en materia de derechos humanos aplicó el primer gobierno de transición a la democracia: la creación de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y, posteriormente, la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación.(4) En la primera parte de este libro, entregamos los antecedentes históricos de la violación de los Derechos Humanos en América Latina y particularmente en Chile. Lo hacemos en forma resumida y concreta y, hay que reconocerlo, "con una mirada sesgada". Esta realidad, los crímenes y la impunidad, no puede entenderse desligada de sus orígenes, de su contexto. En materia de Derechos Humanos, tratar de comprender los orígenes de la violencia en la segunda mitad de este siglo en América Latina, ha sido y sigue siendo un camino difícil y complejo, pero indispensable para poder intervenir y superar sus consecuencias. En los capítulos siguientes mostramos las pautas e instrumentos elaborados para abordar el proceso general de saber y conocer. Intentamos validar el significado de la palabra método, "a través de un camino", mostrando paso a paso nuestro quehacer, desde la forma en que seleccionamos el territorio a investigar hasta las dificultades que tuvimos para tomar una decisión acertada. Los demás capítulos entregan nuestra experiencia en una secuencia temporal. Todos ellos han sido estructurados de la siguiente manera: definición del tema, objetivos planteados, contenidos y metodologías específicas aplicadas. Cuando corresponde, hacemos un análisis de las consecuencias médicas, psicológicas, sociales y jurídicas que esa realidad ha provocado sobre las personas, las familias y la sociedad. Por último, comentamos críticamente la experiencia, tanto en sus aspectos positivos como negativos, señalando cuál hubiese sido la mejor forma de realizarlo. Un capítulo especial está dedicado a las "Agrupaciones de Familiares", puesto que ellas son parte fundamental del proceso de esclarecimiento y exigencia de Justicia y fueron colaboradoras esenciales en esta práctica compartida. Se incluye asimismo un análisis sobre la importancia que en materias de Derechos Humanos adquiere un proceso simultáneo de Educación. Esperamos compartir con los lectores las enseñanzas posibles de extraer de este largo viaje a través del atropello de la dignidad humana y de la impunidad. Nos asiste la esperanza de construir en democracia y participación una sociedad más solidaria que consiga alcanzar la Verdad y la Justicia. Notas: 1. "Más Allá de las Fronteras". Serie Verdad y Justicia. Volumen V. CODEPU-DIT-T. Chile, 1996. 2. "Todas íbamos a Ser Reinas: Estudio sobre nueve mujeres embarazadas que fueron detenidas y desaparecidas en Chile", Serie Verdad y Justicia, Volumen I, CODEPUDIT-T, Chile, 1990; "La Gran Mentira: El caso de las listas de los 119"; Serie Verdad y Justicia, Volumen IV, CODEPU-DIT-T, Chile, 1994 3. "Chile: Recuerdos de la Guerra. Valdivia-Neltume-Chihuio-Liquiñe", X Región, Serie Verdad y Justicia, Volumen n, CODEPU-DIT-T, Chile, 1991; "Labradores de la Esperanza", VII Región, Serie Verdad y Justicia, Volumen III, CODEPU-DIT-T, Chile, 1992 4. El Decreto Supremo N° 355, de fecha 25 de abril de 1990, establece que la finalidad de la CNVR es conocer las graves violaciones de los Derechos Humanos ocurridas en Chile entre septiembre de 1973 y marzo de 1990. Un año después de concluida la labor de la CNVR, el 8 de febrero de 1992, mediante la Ley 19.123, se creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR). Esta Corporación surge con la finalidad, entre otras, de promover la reparación del daño moral de las víctimas, estableciendo los beneficios para aquellas víctimas declaradas con convicción por la CNVR y proseguir las indagaciones necesarias para dictaminar respecto de aquellos casos estudiados en los que no fue posible formarse convicción. Capítulo I Características de las violaciones de los Derechos Humanos en América Latina 1.1. Antecedentes históricos. (1) La mayoría de las personas provenientes de diversas disciplinas médicas, psicológicas, jurídicas, sociales e incluso políticas, que trabajaron y continúan trabajando en el campo de los Derechos Humanos, han tenido que ir elaborando -desde el asombro y perplejidad iniciales producidos por el golpe de Estado- diversas e innumerables estrategias tanto para comprender los orígenes y las causas de los crímenes y de su impunidad, como para responder lo más coherentemente posible a sus consecuencias y repercusiones en la persona y en la sociedad. Conocer antecedentes sobre la violencia en América Latina, particularmente en Chile, obliga a revisar el contexto global bajo el cual se realizaron las violaciones de los Derechos Humanos y, específicamente, las torturas, ejecuciones y desaparición de personas, es decir, la violación del derecho a la vida. Desde la ocupación de América por los españoles en el año 1492, la situación de desigualdad humana se acentuó en el continente. Desde su llegada, los pueblos originarios fueron sometidos a la muerte, a la tortura, a la expropiación, a la explotación, a la marginación y al despojo de toda dignidad humana. La violencia de los españoles, movida por afanes de posesión y lucro, se plasmó en desaparición y extinción progresiva de los habitantes. Los primeros registros del uso de la violencia con fines de dominación se remontan pues, a la llegada de los conquistadores. Desde entonces, la historia de América ha estado plagada de sucesos de violencia, siendo la más atroz y oprobiosa aquella originada desde el poder. Tras el establecimiento de las repúblicas americanas independientes, los grupos dominantes han utilizado la agresión para garantizar un modelo político y económico que sirviera a sus intereses. Ello provocó desigualdades y privaciones, dando lugar a lo que se conoce como violencia desde abajo o violencia estructural. Marginación, despojo y violencia han dejado una impronta en la cultura, en el modo de ser, en el carácter, en la forma de establecer relaciones humanas, en el modo de comunicar, de hablar o de guardar silencio entre los sectores más desposeídos de este continente. Temor y desconfianza que se han acentuado en grado extremo en las personas con las cuales hemos trabajado. Igualmente, en aquellos sectores que detentan el poder y la propiedad, se han configurado rasgos de superioridad, modos de ser y formas de comunicarse que les son características. Extensos y profundos estallidos sociales se han producido en diferentes épocas y países americanos, expresión de la lucha de los sectores más pobres y desposeídos por alcanzar un mínimo nivel de igualdad. Estas confrontaciones y movilizaciones sociales tuvieron históricamente como respuesta una sucesión de regímenes autoritarios, cuyo instrumento de dominación fue la violencia ejercida desde el poder. En su forma y estructura, las situaciones de violencia han cambiado durante las últimas décadas en América Latina. En 1945, el mundo alcanza la paz, pero paradójicamente queda dividido en dos campos dominantes hegemónicos enemigos entre sí. El continente americano queda incluido en el sector occidental y, casi sin saberlo, sus habitantes entran de lleno en esta contienda. Estados Unidos, país hegemónico del mundo capitalista, durante el gobierno del presidente Harry Truman acuña el concepto de Guerra Fría y en torno a él se elaboran tácticas y estrategias para derrotar a este nuevo enemigo. En esta Guerra Fría, a diferencia de las dos grandes guerras mundiales de la primera mitad del siglo, no se realizarían contiendas abiertas y visibles, ni se sentiría el fragor de las batallas. Muy por el contrario, sería el ocultamiento, la manipulación ideológica, el espionaje, la guerra psicológica, la preparación silenciosa en técnicas específicas para contrarrestar al adversario, lo que comenzaría a dominar las relaciones entre estos dos campos, entre los países, entre los gobiernos y los ciudadanos. Y entre las propias personas de cada país. Los dos adversarios entran en esta dinámica y para los Estados Unidos, durante los 43 años que duró la Guerra Fría, el enemigo total era el comunismo. A la idea de Guerra Revolucionaria, engendrada según los norteamericanos como una táctica del comunismo para alcanzar el poder, ellos contrapusieron dentro de la gran matriz de la Guerra Fría el concepto y la práctica de la Guerra Antisubversiva. Durante todos estos años el concepto mismo de guerra cambió, no sólo en cuanto a su significado, "de conflagración abierta", sino también en cuanto a la distribución geográfica que habitualmente tiene la guerra, es decir, entre dos o más países: ahora la guerra se sitúa en el interior mismo de cada país, en su propio territorio. Lo más significativo de este nuevo concepto es que el enemigo ya no se encuentra más allá de las fronteras, no es un extranjero, un desconocido, sino que muy por el contrario, el contrincante es un ciudadano del mismo país, que hasta ese entonces había sido un conciudadano, un igual, un compatriota. Así fueron divididos los grupos y las familias con las cuales hemos trabajado. En este contexto de Guerra Fría o de posibles Guerras Revolucionarias, América Latina vive su propia historia de enfrentamientos políticos, ideológicos y también de golpes de Estado, de guerras internas, con persecución y muerte. Abundante literatura europea, norteamericana y latinoamericana informa sobre la enseñanza y aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional y la llamada Estrategia de Contraisurgencia. Durante años los militares de los diversos países latinoamericanos fueron formados en la Escuela de las Américas, situada en el territorio norteamericano de la zona del canal de Panamá. La principal vivencia o representación mental que internalizaron fue la existencia de un enemigo interno al que había que neutralizar, destruir, eliminar, matar y si era necesario hacer desaparecer para siempre. Nosotros queremos señalar sólo tres de sus principales objetivos y consecuencias, que permiten comprender el origen y la magnitud de los Crímenes de Lesa Humanidad sufridos por la población con que hemos trabajado y la consiguiente Impunidad existente hoy en el continente. Desde hace algunos años, y concretamente ahora, ha quedado en evidencia pública el material de enseñanza y adiestramiento utilizado para la "formación" de seiscientos militares chilenos en Doctrina de Seguridad Nacional y en prácticas de tortura y muerte propias de la contrainsurgencia. El convencimiento de que existía un enemigo interno, en este caso el comunista, era para ellos real, especialmente luego del triunfo de la Revolución Cubana que había despertado grandes esperanzas en la juventud, no sólo de América Latina, sino de todo el mundo. De hecho, varios grupos "revolucionarios" se crearon a partir de la década del 60 en distintos países de América Latina, y a pesar de que algunos de ellos proclamaron la lucha armada, no existen hasta ahora registros fundamentados sobre un accionar violatorio de los Derechos Humanos. Al enemigo se le deshumaniza, se le considera perverso, demoníaco, de tal forma que su eliminación, en lugar de ser un crimen, constituyó para los militares más bien un logro, un triunfo. La formación ideológica rígida, la deshumanización del otro, el pacto de impunidad y la sobrevaloración de su función como militares, fueron las líneas directrices que paulatinamente conformaron la mentalidad de los ejércitos latinoamericanos, y muy significativamente del chileno. El segundo concepto o idea fue la internalización de una imagen del sí mismo: los militares eran los salvadores de la patria, la reserva moral de la Humanidad. Revestidos de un poder y de un mandato superior, se sienten los garantes de la paz y del orden. La tercera idea postulaba que, una vez derrotado el enemigo, el modelo económico capitalista debía imponerse. Es así como los propios gobiernos militares, como en el caso de Chile, han sido los gestores y garantes de la economía de libre mercado actualmente en aplicación en A. Latina. El aprendizaje de las técnicas de la Guerra Antisubversiva, los cursos sobre como debe realizarse una Guerra Psicológica, el adiestramiento sobre técnicas para interrogar y torturar, la elaboración de nuevas maniobras para eliminar al contrincante sin dejar huellas -como es el secuestro y la desaparición forzada de personas-, el pacto para negar, ocultar y protegerse frente a posibles investigaciones sobre su actuar, es el contexto en el cual hemos vivido. A partir de la década de 1950, los países del continente sufrieron sucesivamente golpes militares cuando un clima creciente de reivindicaciones y movilizaciones podía conducir a cambios sociales profundos. Tras esos golpes militares se instalaron dictaduras que utilizaron la violencia de Estado como arma implacable para destruir al enemigo y someter a la población. Estos golpes de Estado y las dictaduras que les siguieron se diferenciaron de los regímenes anteriores a la segunda guerra mundial porque ya no desembarcaron los Marines Norteamericanos sino que fueron los propios ejércitos de cada país los que intervinieron. Durante estas últimas décadas América Latina muestra un cuadro particularmente grave de violaciones de los Derechos Humanos, no sólo del derecho a la vida sino también un desconocimiento de los mínimos logros alcanzados en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Durante este período se vivirá un clima de terror permanente, de amedrentamiento, de falsos mensajes mediante la manipulación informativa que intenta el control de los sentimientos y de los diferentes mecanismos del miedo. Simultáneamente, se dictaron leyes de amnistía o de punto final respecto de los responsables de los crímenes, las que mediante Tribunales Militares o Tribunales Ordinarios, carentes de independencia e imparcialidad, aseguran hasta hoy la impunidad en América Latina. I. 2. El caso de Chile El 11 de Septiembre de 1973 fue derrocado el gobierno constitucional del Presidente socialista Salvador Allende. Este hecho provocó un profundo quiebre institucional, que significó la destrucción del Estado de Derecho existente, junto a graves consecuencias políticas, individuales y sociales. La Junta Militar de Gobierno, encabezada por el Comandante en Jefe del Ejército General Augusto Pinochet Ugarte e integrada por los Comandantes en Jefe de la Fuerza Aérea, de la Armada y el Director Nacional de Carabineros, asumieron el ejercicio total de los poderes constituyentes, legislativo y ejecutivo y la normativa que se impuso fue la dictación de Decretos Leyes. El Decreto Ley Nº 1 denominado "Acta de Constitución de la Junta de Gobierno", devela lo que anteriormente hemos indicado, al señalar: "con esta fecha se constituyen en Junta de Gobierno y asumen el Mando Supremo de la Nación, con el patriótico compromiso de restaurar la chilenidad, la justicia, y la institucionalidad quebrantada, conscientes de que ésta es la única forma de ser fieles a las tradiciones nacionales, al legado de los Padres de la Patria y a la Historia de Chile, y de permitir que la evolución y el progreso del país se encaucen vigorosamente por los caminos que la dinámica de los tiempos actuales exigen a Chile en el concierto de la comunidad internacional de que forma parte". La Constitución vigente hasta ese momento quedó derogada tácitamente por las normas impuestas por la Junta Militar. El Poder Judicial si bien no fue intervenido, abdicó de sus funciones de velar por el respeto de los Derechos Humanos y en los hechos se subordinó a la normativa impuesta por la Junta de Gobierno. Mediante otro decreto ley que aparece en el Diario Oficial del 22 de septiembre del mismo año se declara "que el Estado de Sitio que se había impuesto el 11 de septiembre debe entenderse como Estado o Tiempo de Guerra". Esta figura fue la base mediante la cual se sostiene la idea de la existencia de un enemigo al interior del país, al cual hay que combatir mediante una guerra irregular. Asimismo, al ser derrocado el presidente de la República y disolverse el Congreso Nacional, dejaron de funcionar las instituciones políticas fundamentales de la democracia representativa que existía en el país. Mediante un decreto especial del 13 de Octubre de 1973, la Junta declaró "disueltos, prohibidos y considerados asociaciones ilícitas, a los partidos políticos, entidades, agrupaciones, facciones o movimientos que sustenten la doctrina marxista". Caducaron todos los registros electorales, los que fueron incinerados por la Dirección del Registro Electoral (Decreto Ley ?130). Además, la Junta declaró la cesación de funciones de los alcaldes y regidores, procediendo en lo sucesivo a designar a los alcaldes, quienes pasaron a ser de su exclusiva confianza. Desde el 12 de septiembre de 1973 y por el D.L. N° 6, el personal de la Administración del Estado, excluido el del Poder Judicial y de la Contraloría General de la República, quedó en calidad de interino. Posteriormente, el D.L. N° 98 declaró en reorganización todos los servicios públicos. Mediante estos decretos y los actos de terrorismo de Estado iniciados el mismo 11 de septiembre, el poder quedó íntegramente en manos de las Fuerzas Armadas. Se inician así diecisiete años de dictadura, la cual no se diferenció mayormente de otras impuestas en América Latina durante la segunda mitad de este siglo. Nota: 1. El contenido de este capítulo se complementa con la primera parte del libro "Más Allá de las Fronteras", Serie Verdad y Justicia. Volumen V. CODEPU-DITT, Chile, 1996. Capítulo II Metodología del proceso del conocer y del saber en la búsqueda de la verdad El presente trabajo valida, a través de todo su desarrollo, el significado etimológico de la palabra método: "a través de un camino". Paso a paso mostraremos nuestro quehacer: desde el desconocimiento inicial del número real de personas hasta alcanzar un número aproximado de ellos; desde el esclarecimiento de quien era la persona víctima del crimen hasta su destino final; desde las circunstancias y características del hecho represivo hasta el conocimiento de los organismos y responsables que participaron en la muerte y el desaparecimiento; desde el primer acercamiento a los familiares de las víctimas hasta su incorporación a una "práctica compartida"; desde la escasas denuncias de los crímenes hechas por algunos familiares hasta el establecimiento de la verdad jurídica. Asimismo, mostraremos los sucesivos pasos metodológicos en la etapa de investigación de los crímenes, teniendo como fundamento el trabajo que como organismo de Derechos Humanos habíamos realizado en etapas anteriores. II. 1. Registro de las violaciones de los Derechos Humanos. Desde sus inicios nuestra institución trabajó en la elaboración de archivos de las violaciones de Derechos Humanos. Ello significó una gran ayuda en esta primera etapa del saber y del conocer la verdad, pues nos permitió registrar lo que las personas afectadas, un familiar o un conocido, nos relataba sobre lo sucedido. En este registro reuníamos los datos personales y familiares, los antecedentes represivos, los posibles agentes responsables, la situación actual de desamparo y de privación social, los antecedentes médicos, psicológicos y jurídicos en que se encontraba la persona atendida. Tam- bien anotábamos sus demandas y otras informaciones que nos proporcionaba. Se abrieron carpetas o cuadernos individuales, los cuales completábamos con otro tipo de antecedentes recolectados: registro de periódicos que hablaban del caso y sus circunstancias, antecedentes represivos concordantes con el momento en que se había producido la detención, la tortura, la muerte o el desaparecimiento, referencias sobre posibles responsables, denuncias existentes, querellas, etc.; en suma, cualquier elemento que nos permitiera profundizar en la historia. Esta doble perspectiva del conocimiento, la persona reprimida y las características del sistema represor, nos permitía comprender en forma más objetiva y certera lo que la persona había vivido y la realidad que intentaba comunicar. Al mismo tiempo, se realizaba un análisis y discusión de la situación represiva general que el país estaba viviendo, los niveles de violencia, las nuevas tácticas que estaba usando la dictadura para destruir, inmovilizar o perseguir a las personas y grupos, o para manipular la información. Conjuntamente con el registro de casos y hechos represivos se creó un archivo más general sobre los crímenes de la dictadura, con material de prensa nacional o extranjera, comunicados de apoyo al trabajo de Derechos Humanos, así como investigaciones sobre la situación de los Derechos Humanos en Chile realizadas por Naciones Unidas u otros organismos internacionales. Esta etapa de registrar los hechos, ubicarlos en el tiempo y la realidad, fue el germen de recolección de datos que más tarde constituyó el material básico del proceso del conocimiento. Etapa que exigió, permanentemente, objetividad frente a una realidad que se había vuelto extraña, desconocida, cargada de subjetividad. El material reunido fue contrastado y completado con los antecedentes que otras organizaciones de Derechos Humanos o agrupaciones de familiares habían recopilado. Nuestro trabajo se inició durante el período de terrorismo de Estado, por lo cual se realizaba en un clima de urgencia, dudas, desconcierto y ansiedad. El factor de riesgo tanto para los antecedentes reunidos como para los miembros del colectivo fue otro elemento importante de considerar. Dado que sufrimos la represión y la quema de nuestro material, reafirmamos la necesidad de mantener un doble registro o la posibilidad de resguardarlo. Asimismo, fue necesario prepararse para enfrentar la represión y el miedo. La serenidad era una actitud o conducta que se intentaba lograr permanentemente. La constitución de este archivo, la aproximación al conocimiento de lo que había pasado y la certeza de que la impunidad impregnaría todo el período de transición, nos llevó a iniciar la primera etapa de nuestro trabajo: la búsqueda de la verdad. II. 2. Objetivos. La búsqueda de antecedentes en el terreno mismo donde habían ocurrido las violaciones al derecho a la vida, se inició dos años antes del término de la dictadura. Nuestro objetivo era informarnos en la forma más completa e íntegra posible sobre los siguientes puntos: • Conocer quién era, y cómo había sido el sujeto víctima del crimen: restituir su imagen y presencia como persona, recuperar su dignidad. • Conocer los antecedentes, los motivos, el contexto y las circunstancias que originaron su muerte o desaparición. • Conocer la actuación y el comportamiento de los represores e identificar a los responsables directos. • Conocer las consecuencias que los crímenes y la impunidad habían producido sobre las personas, las familias y la comunidad. • Emprender un camino de rehabilitación y prevención en materia de violación de los Derechos Humanos. Para el cumplimiento de estos objetivos realizamos un proceso de conocimiento de la realidad y posteriormente elaboramos los instrumentos necesarios para recopilar la información. II. 3. Selección del territorio. En primer término señalaremos la forma cómo seleccionamos el territorio a investigar: • Se consideraron las dificultades para tomar una decisión acertada, ya sea en relación con nuestras capacidades o incapacidades, con los recursos humanos y materiales disponibles o con las distancias a recorrer. • Se evaluó el estado de las familias que entrevistaríamos, así como su disposición a aceptarnos y trabajar con nosotros. • Se consideró la presencia (más o menos evidente) o la ausencia del aparato represor de la dictadura en la zona (responsables, informantes, encubridores, colaboradores, etc.) así como de los riesgos que enfrentábamos. • En cada región se inició el estudio de la magnitud y de las características de la violación del derecho a la vida. Se revisaron y sistematizaron los archivos correspondientes, se buscaron nuevos antecedentes en otras Organizaciones o Agrupaciones de Familiares, se entrevistó a testigos de los crímenes sobrevivientes al golpe de Estado, a líderes sociales y políticos, se revisó la prensa de la época clasificando la información según antecedentes represivos y características de la intervención militar. • Se recopilaron folletos públicos o clandestinos que contuvieran antecedentes sobre la situación represiva o sobre las personas afectadas: fecha de detención, consejos de guerra, operativos militares, ejecución o posible desaparecimiento. Una vez reunida la información, sobre el mapa de la región marcamos el nombre de la víctima, la ubicación de sus familiares, su residencia, llegando finalmente a configurar un esquema de la violación del derecho a la vida sobre el territorio investigado. Ante la magnitud de los objetivos propuestos y la dimensión de la violación del derecho a la vida que habíamos constatado en esta etapa, consideramos: • Las posibilidades reales para realizar este trabajo. • Evaluamos los recursos materiales y humanos disponibles por nuestro equipo, así como el deseo y la voluntad de participar en la investigación. • La posibilidad de crear equipos multidisciplinarios para el trabajo en terreno y también equipos de apoyo y asesoramiento profesional. • La existencia de personas en el terreno que estuvieran dispuestas a apoyarnos. De acuerdo a estas posibilidades se definió el universo o población a estudiar y con la cual desarrollaríamos el trabajo: todas las personas afectadas por la violación del derecho a la vida en tres regiones: Séptima, Novena y Décima. II. 4. Elaboración de los instrumentos. Procedimos a elaborar los instrumentos necesarios para su posterior aplicación en terreno. En esta investigación nunca se aplicó un cuestionario. Los instrumentos diseñados fueron guías internas para recopilar datos sobre los hechos represivos, reconstituir las características específicas y únicas de las personas afectadas; conocer el estado emocional, social y relacional en que se encontraban los familiares de los ejecutados o detenidos desaparecidos y las expectativas que se hacían respecto del conocimiento de la verdad, justicia o posible impunidad, y también para recolectar la mayor cantidad de datos sobre los responsables. En relación al hecho represivo mismo, se elaboró una pauta que tenía los siguientes contenidos: individualización del afectado, antecedentes sobre su familia y amistades, antecedentes de la detención; existencia o no de testigos; organismos que actuaron en la detención; características de los agentes aprehensores; características de los lugares de reclusión; antecedentes jurídicos; y por último, la existencia o no de una versión oficial (Anexo Nº1). Al recolectar estos datos constatábamos, simultáneamente, la ruptura y el trauma experimentado por las personas que nos entregaban los antecedentes (familiares, amigos o vecinos de las víctimas). De las personas detenidas desaparecidas o ejecutadas nos interesaba obtener datos generales tales como la edad, estado civil, número de hijos, profesión u oficio, clase social, antecedentes de salud, sus características físicas y su modo de ser, sus rasgos de carácter, su psicomotilidad, la forma de relacionarse, su expresividad, sus deseos y sus esperanzas; en suma, su existencia concreta, su presencia antes de la desaparición o muerte. Algunos de estos antecedentes tratábamos de obtenerlos antes del primer contacto con la familia. En los casos que fue posible, ello nos facilitó un acercamiento más íntimo y nos permitió una recreación más certera de la imagen de las personas asesinadas o ausentes. Además de los antecedentes generales recogidos sobre los responsables, elaboramos una pauta que nos permitiera reconstituir sus características personales, su rango, sus antecedentes de formación especializada en tácticas de guerra antisubversiva, su aspecto físico, su forma de ser, su lenguaje, su comportamiento, su accionar y su vinculación concreta con el crimen. Con la elaboración de estos instrumentos, comenzamos a informarnos más profundamente sobre la situación general en las tres regiones, sus aspectos geográficos, históricos, socioeconómicos, culturales y étnicos y, muy especialmente, las características de la represión y la violencia ejercida durante los días del golpe militar y los diecisiete años de dictadura que le siguieron. Capítulo III Regiones y población estudiada En las tres regiones investigadas logramos establecer que fueron ejecutadas o hechas desaparecer un total de 305 personas, cifra que luego contrastamos con la entregada en marzo de 1991 por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Los antecedentes incluidos en el presente capítulo son el fruto del trabajo, durante todos estos años, con los familiares de estas 305 personas. Primeramente nos referiremos a las características demográficas, socioeconómicas y jurídicas de las tres regiones, a fin de conocer el medio ambiente social, cultural y político en que aquellas personas vivieron y en el cual continúan viviendo sus familiares. Luego daremos a conocer los antecedentes y rasgos específicos de la poblaciónestudiada, acompañado de un somero análisis interpretativo. Finalmente, abordaremos las repercusiones que los Crímenes Contra la Humanidad provocaron sobre las personas, las familias y la comunidad. III. 1. Características de las Regiones. En una extensa y estrecha geografía se encuentra Chile, en el extremo sur del continente americano. Aislado por mar y cordillera, ocupa una superficie de 756.252 km2 con una longitud superior a los 8.000 kms. Norte, centro y sur del país, presentan encontradas geografías. El sur tiene un clima predominantemente frío y lluvioso lo que favorece la existencia de grandes lagos y ríos, así como una abundante vegetación. La etapa de recolección de datos la realizamos en cinco de las trece regiones en que se divide administrativamente Chile. Sin embargo, por la falta de recursos humanos y materiales hubo de suspenderse la elaboración del trabajo en la Quinta Región, capital Valparaíso, y en la Octava Región, capital Concepción. De este modo, los antecedentes que entregamos se refieren a tres regiones ubicadas todas en el sur de Chile: la VII o Región del Maule, la IX o Región de la Araucanía y la X o Región de los Lagos. El estudio de los aspectos geográficos, históricos, socioeconómicos, culturales y étnicos, que conforman el contexto humano y físico donde vivieron las personas afectadas, lo realizamos en profundidad y fue publicado al final de la investigación del proceso de búsqueda de la verdad.(1) Mapa de las Regiones estudiadas A continuación, entregaremos dichos antecedentes de una forma somera pero suficiente para comprender el medio en que vivían las familias con las cuales trabajamos, y de qué manera iniciamos algunas medidas de carácter reparatorio. III. 1.1. Séptima Región. La región más cercana a Santiago de las tres investigadas es la Séptima Región, cuya ciudad capital es Talca (en lengua mapuche significa trueno). Hacia el Océano Pacífico presenta extensas planicies litorales con un valle central que abarca la mayor parte de la región, cuya conformación, generosa y fértil, hace que su tierra sea eminentemente agrícola. De la cordillera, en el oriente, brotarán grandes ríos y afluentes que cruzan al territorio proporcionando otra de sus riquezas naturales, las fuentes hidrográficas. Esta zona, desde la época de la conquista, se estructuró como una zona agraria, y la tenencia de la tierra estableció desde sus inicios una diferencia entre quienes eran sus propietarios y quienes la trabajaban, situación que se prolongó hasta bien avanzado el siglo XX. Al promulgarse, en 1967, la Ley de Sindicalización Campesina y la Ley de Reforma Agraria, se abrió paso a un ciclo de grandes movilizaciones reivindicativas campesinas que se prolongaron hasta el golpe de Estado de 1973. En 1970, más de la mitad de la población era rural, 325.015 habitantes (52,64%), siendo el sector con mayor protagonismo social y político entre ese año y mediados de 1973. La expropiación de fundos, las tomas de terrenos y el aumento de la organización campesina se hicieron frecuentes desde fines de la década del 60. Con el golpe militar se paralizó todo el proceso social y político derivado de la reforma agraria y la sindicalización, y ocurren profundas transformaciones en los sistemas de producción regional al imponerse un nuevo modelo de economía de libre mercado. Una de estas transformaciones fue la capitalización del sector agrícola con la incoporación de mayor tecnología, lo que produjo un significativo despoblamiento de las zonas rurales. Así, en 1992 la densidad poblacional mayoritariamente será urbana ( 59%), a diferencia de 1970, en que la población urbana no superaba el 48%. Otro elemento económico significativo que hoy caracteriza a la zona es el que se refiere al importante aumento del sector servicios, transporte, comercio e instituciones financieras (entre 1970 y 1990, pasa de 29,48% a 40,6%). Crecimiento que no puede interpretarse como un mejoramiento general de la situación económica y social de la población, sino por el contrario, estas nuevas estructuras económicas han aumentado las tasas de pobreza en la región. En el transcurso de veinte años, el indicador de pobreza aumentaría desde un 42,0% a un 46,3%. El crecimiento del sector servicios, entre otros efectos, genera una expansión de trabajos de sobreeplotación y de extrema pobreza, como es el caso de las empleadas domésticas, cuya fuerza laboral entre 1982 y 1990 se incrementó de 17,5% a 31,6%. El proceso vivido en esta región desde el golpe militar significó pues, una destrucción de las organizaciones sindicales y campesinas, persecución, tortura y muerte, paralización por el miedo, todo lo cual facilitó la implantación de un modelo económico que cambió las relaciones laborales y sociales. Aunque se establecen nuevos centros de desarrollo económico, surgen y se agravan importantes núcleos de pobreza. Sin embargo, la violencia política ejercida durante la dictadura en toda esta región, principalmente en zonas campesinas, constituye el factor más determinante para explicar los profundos cambios producidos en las relaciones humanas, familiares y sociales. El trabajo de búsqueda de los casos de violación del derecho a la vida se inició en esta región en 1989. Nos fuimos interiorizando paulatinamente sobre la magnitud de los crímenes cometidos, destacando como figuras represivas más habituales los operativos militares, los allanamientos, la prisión política y la tortura. Durante estos años recorrimos las diferentes comunas, las zonas campesinas más aisladas, para cumplir con los pasos metodológicos que nos habíamos propuesto. En 1990, el régimen militar es derrotado en las urnas y al igual que en otros países de América Latina se inicia un proceso llamado de transición a la democracia. El nuevo gobierno creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (CNVR), iniciándose un proceso de búsqueda de la verdad por parte del Estado. Del total de personas que sufrieron violación del derecho a la vida, es decir, muerte y desaparecimiento, la CNVR determinó una cifra para todo el país de 2.920 personas. En lo que se refiere a esta región, sólo en 62 casos la CNVR se formó convicción ( 2%). Contrasta con el universo encontrado por nosotros (109 casos); es decir, en 47 casos la Comisión no encontró elementos de convicción. Ello significó que en el transcurso del tiempo entregáramos antecedentes sobre las formas en que murieron o se les hizo desaparecer, para que el Estado los incorporara en el Informe de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación CNRR, organismo que sucedió a la CNVR. III. 1. 2. Novena Región. Se encuentra a 700 km. de Santiago y su ciudad capital es Térmico. Presenta relieves geográficos similares a la anterior. Hacia la costa se encuentran planicies litorales con extensos terrenos que favorecen los cultivos de cereales y de trigos. Hacia la cordillera se ubican terrenos de difícil acceso donde existen laderas abruptas y abundantes ríos rodeados de una vegetación exuberante. Su clima, frío y lluvioso durante la mayor parte del año, favorece el crecimiento de grandes extensiones de bosques naturales; robles, mañíos, raulíes, lingues, araucarias, son variedades naturales que han dado origen a numerosos poblados que viven de la explotación de la madera. En esta región, a diferencia de la anterior, se concentra el mayor porcentaje de población mapuche del país (alrededor de un 10%). Originariamente, los mapuches eran propietarios y trabajadores de estas tierras, estableciendo con ella una relación de profundas y ancestrales significaciones: se identifican con la tierra, la tierra es vida, es la mujer, es la madre, por lo tanto ellos la cuidan, la aman y la respetan. Más tarde, con la expansión de otras ciudades y las campañas de colonización impulsadas a mediados del siglo pasado, este pueblo será diezmado y expulsado definitivamente de la zona central del territorio. Se establecen en pequeñas comunidades costeras y precordilleranas, que se reconocen a la distancia por sus casas construidas de viejos maderos, distantes unas de otras y cuyos habitantes deben recorrer largos caminos para comunicarse. Esta región se caracteriza en el aspecto demográfico y sociocultural por la gran influencia de la población originaria mapuche (gente de la tierra). Tradicionalmente en esta región se concentraba el mayor porcentaje de población mapuche del país. Sin embargo, las políticas impulsadas por el Estado nacional a partir del denominado proceso de "pacificación de la Araucanía" en 1883 y las posteriores leyes de radicación de 1866 se tradujeron en usurpaciones, división y reducción sistemática de las tierras mapuches. Problemas sociales de carácter estructural e histórico caracterizan este lugar. Por una parte, el intento de las comunidades mapuches de recuperación de las tierras que les fueron usurpadas y, por otra, la formación de un sector obrero forestal en la zona colindante con la décima región que progresivamente demandará una mayor participación en la producción dando origen a nuevas organizaciones sindicales. Lo anterior ha implicado la pauperización de la población mapuche y ha derivado en posteriores migraciones hacia los principales centros urbanos del país, proceso agudizado durante los últimos veinte años a causa del ingreso en los territorios mapuches de megaproyectos forestales, turísticos, entre otros, como resultado de las políticas económicas neoliberales impulsadas primero por el régimen militar y continuado luego por los gobiernos del período de transición a la democracia. Mapuches y obreros forestales fueron los principales protagonistas sociales. Tomas de fundos, "corridas de cercos" y sindicalización obrera, eran algunas de las frecuentes manifestaciones de la lucha por mejores condiciones de vida. En esta región, la sindicalización obrera y campesina y la recuperación de tierras abrieron paso a grandes movilizaciones reivindicativas que terminaron abruptamente con el golpe militar. Este no sólo aniquiló a las organizaciones y a sus principales dirigentes, sino que impuso una política de negación y de asimilación del pueblo mapuche, frustrando cualquier expectativa de recuperación de tierras y de desarrollo de las comunidades. Entre 1970 y mediados de 1973, los sectores con mayor protagonismo social y político serán aquellos que se concentran en sectores rurales (la mitad de la población era rural). Por ejemplo, fue significativo el nivel de organización y participación que lograron familias en to- mas de fundos o complejos madereros, quienes incluso intervinieron en la toma de decisiones de las empresas que, junto a cursos de capacitación, creaban esperanzas y expectativas de una vida mejor. Todo este proceso se interrumpió con el golpe militar. Al igual que en la región anterior, la imposición de un nuevo modelo económico capitalista y la despiadada violencia ejercida en la zona, frenó todos los avances sociales. La capitalización del sector agrícola también provocó un despoblamiento de las zonas rurales. En 1992, la población urbana corresponde a un 59% de la población total de la región, mientras que en 1970 este sector no superaba el 51%. Por otra parte, tiene lugar un fuerte crecimiento en los sectores del transporte, comercio, instituciones financieras y otros establecimientos de servicios. Entre 1970 y 1990, estas áreas aumentaron de un 30,37% a un 41,9%, lo que a diferencia de la región anterior, ha significado un leve mejoramiento de la situación económica y social de la población. Sin embargo, ello ha determinado al mismo tiempo un aumento de mano de obra desvalorizada cuya oferta es requerida para trabajos de sobreexplotación. Del total de casos incluidos en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, el porcentaje de violación del derecho a la vida en relación al total de casos nacionales, aumenta hasta el 3,9% (la Comisión se formó convicción de que 115 personas fueron muertas o hechas desaparecer). Cabe señalar que la población total de esta novena región es menor que la población de la séptima región. Como en la región anterior, la intensidad represiva afectó en mayor grado a algunos grupos sociales. Sea por los niveles de organización alcanzada, por sus demandas, por la radicalidad de sus luchas o por su focalización territorial, los obreros forestales y mapuches fueron los grupos más reprimidos. III. 1. 3. Décima Región. Volcanes, formaciones glaciales, planicies, mar, ríos y lagos, exhibe la geografía de la zona más austral donde realizamos este trabajo. Su capital. Valdivia, se encuentra a 900 km. de Santiago. Por la abundante vegetación, la fertilidad de sus valles y sus recursos hidrográficos, destacan en su economía actividades agrícolo-pecuarias, silvícolas y pesca, las cuales han generado altos niveles de industrialización. De las tres regiones investigadas es la más extensa en superficie, concentra un mayor número de población y, por tanto, agrupa más localidades territoriales. Hacia la cordillera, entre quebradas y ríos encajonados, rodeados de exuberantes bosques cubiertos de araucarias, lengas, coigües, alerces, se ubican comunidades indígenas desplazadas, durante la colonización, desde los valles más productivos de la zona central de la región. A mitad del siglo XIX, uno de los grupos pioneros más importantes para el desarrollo económico de la región fueron emigrantes alemanes quienes, alentados por políticas gubernamentales, se establecieron en la zona impulsando diversas actividades manufactureras e industriales que a la postre se transformarían en las matrices del crecimiento regional. Una vez anexado definitivamente todo este territorio al gobierno central, a principios del siglo XX, luego de una resistencia del pueblo mapuche que duró trescientos años, el proceso de desarrollo industrial incorporó en su crecimiento la explotación forestal y maderera. Esta actividad, unida al dinamismo agropecuario, determinaría la creación de numerosas fuentes de trabajo y de nuevos poblados rurales. El proceso de la Reforma Agraria, su profundización y extensión, será el otro vértice social articulador. Desde la década del 60, obreros industriales y forestales, campesinos y mapuches, apoyados por partidos de izquierda y sectores cristianos, serán los protagonistas del proceso de luchas sociales, económicas y sindicales. La recuperación de tierras, la expropiación de fundos, la administración de complejos madereros y la mayor sindicalización de los trabajadores, serán las acciones que movilizarán a los sectores más postergados de esta región, confiados en impulsar grandes cambios. Al igual que en las regiones anteriores, la intervención militar provocó profundas transformaciones. Su densidad demográfica se modificó: en 1970, más de la mitad de la población era rural, 376.433 habitantes (50,56%), mientras que en 1992 la población urbana bordea el 60%. En lo económico también ocurren importantes cambios. En 1990, el sector servicios concentra el mayor porcentaje de la población activa (40,8%), mientras que en 1970 era sólo un 31,6%. Este crecimiento tampoco puede interpretarse como un mejoramiento general de la situación económica y social de la población, ya que sus índices de pobreza, entre 1970 y 1990, aumentaron de 41,8% a 43,22%. También en esta región el crecimiento del sector servicios ha favorecido trabajos de sobreeplotación y de extrema pobreza. El golpe de Estado fue excepcionalmente brutal. Sectores de derecha utilizando variados medios de desestabilización con la finalidad de derrocar al gobierno de Allende (especialmente la manipulación de la prensa), habían logrado crear en el imaginario colectivo la idea de que en la precordillera de esta región el "enemigo interno" había establecido zonas de insurrección y resistencia. Sin embargo, a pesar del desarrollo de las organizaciones campesinas, mapuches y obreras, y a un intento de defender en los primeros momentos al gobierno del Presidente Allende asaltando un retén de carabineros en un pequeño poblado, no hubo ningún tipo de resistencia física ante la brutal represión desencadenada por el golpe de Estado. La persecución política se produjo fundamentalmente a través de fuerzas militares combinadas, cuyo mayor despliegue lo realizaron en lugares precordilleranos y cordilleranos, dirigida a golpear y neutralizar especialmente a los habitantes de las zonas que conformaban los Complejos Madereros. En esta región, las víctimas por graves violaciones de los derechos humanos señaladas en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación representa un 5,27% del total nacional (154 personas). De las tres regiones descritas, esta será la que concentra más personas muertas o desaparecidas. En síntesis, de la descripción general de estas tres regiones se destacan algunos elementos comunes que intervinieron en la etapa previa y en el transcurso del tiempo de persecución política que las afectó. En lo político, sobresale el proceso de la Reforma Agraria y la Sindicalización Campesina: ambos elementos potenciaron a lo largo de toda la zona sur del país un protagonismo social y político de sectores campesinos, mapuches y obreros forestales. Reivindicaciones sociales, económicas, laborales y agrarias, fueron la expresión común de las demandas por una vida más digna. En lo económico, las estructuras socioeconómicas impuestas desde procesos históricos anteriores serán similares en las tres zonas. Las poblaciones rurales, campesinas y mapuches fueron los sectores más postergados, víctimas directas de la sobreexplotación y la marginación. Las graves violaciones de los derechos humanos ocurridas en estas regiones estarán dirigidas principalmente hacia esos sectores sociales. Operativos militares cercaron zonas rurales completas, rastrearon extensas rutas cordilleranas y precordilleranas, persiguieron a los dirigentes y asociados de las principales organizaciones, en fin, todos los recursos represivos disponibles unidos al establecimiento de un modelo económico explotador, determinarían altos niveles de terror y el fin de los procesos de cambio social. Durante los diecisietes años de dictadura, muchas de las localidades de estas regiones fueron territorios militares ocupados. Como veremos, fue el miedo y la desconfianza lo que predominó en todos los habitantes, especialmente en los familiares con quienes trabajamos. III. 2. Características de la población. III. 2.1. Antecedentes generales. En estas tres regiones habitaban las 305 personas que fueron ejecutadas por razones políticas o hechas desaparecer (109 en la VII Región, 112 en la IX Región, 74 en la X Región). Doce personas originarias de estas regiones y cuyas familias siguen viviendo en ellas, fueron detenidas y ejecutadas o hechas desaparecer en la Región Metropolitana (Cuadro Nº1). Cuadro Nº1: Violación del Derecho a la vida. Distribución de casos según región.[n=305] VII Región............................109 IX Región.............................122 X Región...............................74 Del total de casos, 297 eran hombres y sólo 8 mujeres. Las mujeres detenidas desaparecidas o ejecutadas políticas constituyen, dentro del total de víctimas, un porcentaje menor. Sin embargo, las mujeres de estas tres regiones, al igual que en el resto de Chile, forman parte de un importante contingente de "sobrevivientes". Especialmente en zonas campesinas, las mujeres fueron detenidas, torturadas, las más de las veces vejadas sexualmente. Dentro de las familias con las que trabajamos algunas mujeres sufrieron diversas técnicas de tortura (Cuadro Nº2). Cuadro Nº 2: Violación del Derecho a la Vida. distribución de casos según sexo [n=305] Mujeres................................8 Hombres..............................297 Las edades de estas personas fluctuaban entre los 15 y más de 65 años de edad. La mayoría de ellos eran jóvenes, entre 15 y 44 años (241 personas). Se encontraban en la plenitud de su vida y la perdieron en manos de las Fuerzas Armadas de su propio país. Cincuenta se encontraban entre los 45 y 64 años. Sorprendente es el hecho que dos ancianos de más de 65 años al igual que dos niños menores de 14 años, fueron hechos desaparecer. Sólo en diez casos no logramos conocer su edad exacta (Cuadro Nº3). Ciento setenta de estas personas estaban casadas y tenían familia e hijos. Hemos trabajado con sus viudas y con sus hijos, la mayoría de los cuales eran menores de 15 años cuando perdieron a sus padres. Cuadro Nº 3: Violación del Derecho a la Vida distribución de casos según edad [n= 305] Entre 0 - 14 años.....................2 entre 15 - 44 años..................241 entre 45 - 64 años...................50 mayor o igual a 65....................2 sin antecedentes.....................10 Algunas esposas se encontraban embarazadas en el momento del crimen, de tal manera, que un pequeño número de jóvenes son hijos postumos. Las víctimas solteras tenían en su mayoría padres y/o hermanos a su cargo, es decir, su muerte o desaparecimiento significó además un agravamiento importante de las condiciones de vida y económicas de la familia (Cuadro Nº 4). Cuadro Nº 4: Violación del Derecho a la Vida distribución de casos según estado civil [n= 305] Casados..............................170 Solteros.............................117 Viudos.................................9 Otro...................................7 sin antecedentes.......................2 En cuanto al origen étnico, 58 eran mapuches. El porcentaje de víctimas de origen mapuche es relevante en la novena y décima regiones. En la séptima región, en cambio, la población mapuche es prácticamente inexistente, pues fueron diezmados por los españoles durante la Conquista, y los sobrevivientes huyeron hacia las zonas más al sur de los grandes ríos que durante siglos marcaron el límite de la Región de la Araucanía (Cuadro Nº 5). Cuadro Nº 5: Violación del Derecho a la Vida distribución de casos según origen étnico [n= 305] Mapuche.............................58 No Mapuche.........................247 Del total de la población estudiada, 173 casos eran de origen rural y sólo 134 de origen urbano. Sin embargo, tras un análisis somero de las familias, constatamos que la mayoría, como gran parte de la población chilena, había emigrado recientemente del campo a la ciudad, y muchas de ellas no tenían más de una generación viviendo en el medio urbano, de tal modo que sus hábitos y sus formas de relacionarse guardan mucho de las costumbres campesinas (Cuadro Nº 6). Cuadro Nº 6: Violación del Derecho a la Vida distribución de casos según localidad de origen [n= 305] Origen Rural.......................163 Origen Urbano......................134 sin antecedentes.....................8 III. 2. 2. Antecedentes socioeconómicos. Un total de 85 personas desempeñaban actividades laborales como obreros (agrícola, forestal o campesino). La categoría comerciante, la cual agrupa un número importante de casos, está formada principalmente por personas campesinas o muy modestas de la ciudad, que se ganaban la vida en pequeños locales de ventas. Treinta y nueve personas realizaban actividades sea como empleado público o particular. Sólo 32 personas habían alcanzado un nivel profesional y/o técnico. Destacamos que cinco jóvenes eran conscriptos y que otros cinco realizaban exclusivamente tareas políticas y/o sociales. Sólo siete de estas personas, en el momento de su muerte o desaparecimiento, se encontraban sin trabajo. Relevante también es el hecho que veinticinco de ellos eran estudiantes (Cuadro Nº7). III. 2. 3. Antecedentes políticos. Una difícil tarea fue determinar la militancia polític desconocían la militancia o, conociéndola no proporcionaron los antecedentes a de estas 305 personas. En algunos casos los familiares por considerarlo riesgoso en la época que se realizó el presente estudio. Logramos establecer, sin embargo, que 191 personas eran militantes, en su mayoría de partidos de izquierda, un pequeño grupo provenía del ámbito cristiano, e incluso tres eran militantes de la Democracia Cristiana. Al profundizar sobre el compromiso partidario, pudimos constatar que la mayoría había iniciado su vida militante a fines del gobierno demócratacristiano, y especialmente durante el período de la Unidad Popular. Cuadro Nº 7: Violación del Derecho a la Vida distribución de casos según actividad u oficio [n= 305] Dirigente Político / Social...........5 Conscripto............................5 Sin trabajo...........................7 Técnico...............................8 Empleado Particular..................10 Artesano.............................20 Campesino............................22 Obrero Forestal......................22 Profesional..........................24 Estudiante...........................25 Obrero Industrial....................28 Empleado Público.....................29 Obrero Agrícola......................41 Comerciante..........................42 Sin antecentes........................8 Otros.................................9 Un número significativo (33) no tenían militancia real y en 91 casos no existían antecedentes de militancia política (Cuadro Nº 8). Cuadro No 8: Violación del Derecho a la Vida distribución de casos según militancia política [n= 305] PIR................................................................1 MAPU...............................................................1 FPMR...............................................................1 PR.................................................................3 DC.................................................................3 IC.................................................................4 Simpatizante Izquierda.............................................5 Sin Militancia....................................................33 PC................................................................40 MIR...............................................................53 PS................................................................70 Sin antecedentes..................................................91 PIR: ; MAPU:Movimiento de Acción Unitaria; FPMR:Frente Patriótico Manuel Rodríguez; PR:Partido Radical; DC:Democracia Cristiana; IC:Izquierda Cristiana; PC:Partido Comunista; MIR:Movimiento de Izquierda Revolucionaria; PS:Partido Socialista Ciento diecinueve personas pertenecían a organizaciones sociales, especialmente obreras y campesinas. Doce personas participaban en organizaciones poblacionales y cinco pertenecían a organizaciones cristianas (Cuadro No 9). Cuadro Nº 9: Violación del Derecho a la Vida distribución de casos según organización social [n= 305] Indígena....................................1 Estudiantil.................................3 Profesional.................................3 Cristianas..................................5 Otras.......................................6 Poblacional................................12 Obrera.....................................43 Campesina..................................46 Sin antecedentes..........................186 III. 2.4. Situación represiva. Entre septiembre y diciembre de 1973, organismos internacionales (Naciones Unidas y Amnistía Internacional) comunicaron que aproximadamente 250 mil personas a lo largo de todo Chile se encontraban detenidas. Por otra parte, según cifras entregadas por el gobierno militar y registradas por la Vicaría de la Solidaridad, entre 1973 y 1975, se registraron 42.486 detenciones políticas. No ha sido posible precisar la cifra de chilenos que fueron perseguidos durante los primeros meses que siguieron al golpe militar, así como el número de personas, hombres, mujeres e incluso niños, que en imnumerables operativos realizados hasta los últimos días de la dictadura fueron detenidos y torturados. En las tres regiones estudiadas las detenciones fueron masivas, realizadas tras operativos de rastrillo en poblaciones campesinas o de copamientos militares en comunidades cordilleranas o precordilleranas. Todas las comisarías de las ciudades o de los poblados campesinos se encontraban repletas de personas que durante dos o tres días fueron sometidas a brutales técnicas de tortura. Tras ser liberadas, sus nombres no quedaron registrados ni formaron parte de ninguna estadística oficial. En estas regiones, especialmente en la Séptima donde existía una Escuela de Artillería en la ciudad de Linares con oficiales preparados en la estrategia de la contrainsurgencia, todos los recintos militares y de investigaciones estaban igualmente repletos de personas detenidas. El Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, refiriéndose a dicha Escuela de Artillería, señaló que "prácticamente todos los que allí permanecieron fueron sometidos a un régimen de incomunicación. Sus familiares relatan que sabían de su permanencia allí sólo porque ésta se les reconocía verbalmente o sólo porque les recibían alimentos y vestuario" (pp.427-428, Vol.IL, Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación). En la Novena Región, donde según este mismo Informe "no hubo resistencia alguna al nuevo régimen", la Comisión estimó "que entre 500 y 700 personas fueron privadas de libertad desde septiembre a diciembre de 1973"... "Los encargados de practicar las detenciones eran generalmente efectivos de Carabineros. Detenían a los requeridos en sus casas, las allanaban y a veces les prendían fuego o las destruían y hurtaban los bienes de los aprehendidos". El Informe relata que "los detenidos que se encontraban en la Cárcel de Temuco... [capital de la Novena Región]... eran conducidos hasta el Regimiento Tucapel" (pp. 519-521, Vol.IL, del mismo Informe). En este Regimiento, al igual que en la Escuela de Artillería de Linares, ya existían desde antes del golpe militar cursos de contrainsurgencia, aprendizajes en técnicas de tortura, según hemos comprobado en investigaciones anteriores.(2) En la Décima Región, salvo en las zonas cordilleranas o precordilleranas donde las detenciones se realizaban en las comisarías o en lugares públicos de esas localidades, "como regla general, no se hizo uso de unidades militares o policiales como lugares permanentes de detención o tortura... la norma general fue que los detenidos eran mantenidos en la Cárcel Pública de la ciudad respectiva" (pág. 558, Vol.IL, del mismo Informe). Del total de personas de la población estudiada por nosotros, sólo en trece casos se desconoce la fecha exacta de la detención o secuestro así como de su ulterior muerte o desaparecimiento (Cuadro No 10). Cuadro Nº 10: Violación del Derecho a la Vida distribución de casos según períodos (*) [n= 305] Sep 1973 - Dic 1973..............222 Ene 1974 - Dic 1977 ..............51 Ene 1978 - Mar 1990...............19 Sin antecedentes..................13 (*) Se consideran los mismos períodos señalados en el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Tomo I. El mayor porcentaje de muertes o desaparecimientos en estas regiones ocurre durante los tres primeros meses que siguieron al golpe militar (222 casos). A partir del año 1974 y hasta diciembre de 1977, la represión fue más selectiva, especialmente en regiones, dirigida principalmente hacia personas reconocidas como dirigentes políticos o sociales. El número de personas muertas o desaparecidas alcanza a 51 casos. Sólo en 12 casos no logramos determinar con precisión el lugar donde fueron detenidos o secuestrados. De los restantes, 109 fueron arrestados en la vía pública. De este acontecimiento existen uno o más testigos. En sus propias casas y en presencia de sus familiares se practicaron 77 detenciones. En ocasiones, la detención alcanzó a varios miembros de la familia, de entre los cuales, uno no regresaría más. En doce casos los servicios de seguridad fueron a buscar a las personas a su lugar de trabajo: todos sus compañeros de labor fueron testigos de este acontecimiento. Difícil de comprender es el crimen cometido sobre 83 personas que se presentaron voluntariamente ante las Fuerzas Armadas a declarar. Ellos y todos los demás casos estaban absolutamente desarmados y no opusieron resistencia a su detención. Es más, ninguna de estas 305 personas murió en enfrentamientos o en algún tipo de escaramuza militar (Cuadro Nº 11). Cuadro Nº 11: Violación del Derecho a la Vida distribución de casos según lugar de detención [n= 305] Manifestación.........................8 Lugar de trabajo.....................12 Sin antecedentes.....................12 Domicilio............................77 Presentación Voluntaria..............83 Vía Pública.........................109 Otros.................................4 Excepto en 32 casos, una cuidadosa investigación nos permitió identificar a los organismos responsables de estos crímenes. En el curso de estos años, hemos podido también conocer a las personas directamente responsables: sus nombres, sus antecedentes, su participación y su acción criminal constan detalladamente en nuestras publicaciones anteriores. En estas tres regiones, como en otras del país, fueron los carabineros pertenecientes a pequeños retenes o cuarteles locales quienes detuvieron, identificaron e incluso torturaron, a hombres y mujeres. El tipo de tortura correspondió más bien a tortura predominantemente física: golpes directos de puño y pies, azotes, maltrato vejatorio, aislamiento, además de amenazas de muerte. Ellos no aplicaron técnicas más refinadas de tortura como lo hicieron desde el primer día las otras ramas de las Fuerzas Armadas. De los 305 casos estudiados, en 129 los responsables de su muerte o desaparecimiento son carabineros. En 108 son efectivos del Ejército. La Fuerza Aérea, la Marina y la Policía de Investigaciones fueron responsables en menor proporción, posiblemente porque en estas regiones no tenían una presencia importante (Cuadro Nº12). Cuadro Nº 12: Violación del Derecho a la Vida distribución de casos según organismo responsable [n= 305] Marina..................................4 DINA....................................5 Fach....................................8 Investigaciones.........................9 Fuerzas Conjuntas......................10 Militares.............................108 Carabineros...........................129 No identificado........................32 En estas tres regiones sólo se ha encontrado una fosa, en un lugar boscoso precordillerano, que ocultó por más de dieciseis años los cuerpos de 17 campesinos que fueron secuestrados por una patrulla militar y luego ejecutados fríamente en el jardín de una casa patronal, cuyos habitantes civiles fueron cómplices de los asesinatos. Al realizar las excavaciones sólo se encontraron restos óseos dispersos, todos inidentificables. La circunstancia del crimen y su autoría fue establecida plenamente en el curso de esta investigación. Todos los responsables permanecen absolutamente impunes hasta hoy. Igualmente existe la certeza que una noche de octubre de 1973 efectivos militares y otras personas ejecutaron, sobre el puente del río Toltén, (Novena Región) a quince campesinos, la mayoría mapuches. Sus cuerpos no fueron nunca encontrados y hasta ahora se les considera detenidos desaparecidos. En la Región de la Araucanía, de las personas hechas desaparecer sólo se ha encontrado un cuerpo, el que fue enterrado clandestinamente en el propio cementerio general de la misma ciudad. Se ignora el destino final de todos los demás casos, así como la forma, el momento y la hora en que se realizó el crimen. Las restantes 118 personas fueron muertas. Sólo en 39 casos se tiene la certeza de que murieron a causa de la tortura. Es muy probable que algunos de los 44 casos respecto de los cuales no tenemos certeza de la forma en que fueron asesinados, hayan encontrado la muerte bajo tortura, siendo luego abandonados en diversos lugares. Por otra parte, algunos cadáveres presentaban heridas de bala y signos claros de tortura. Sólo en 21 casos se dio la explicación de que ellos murieron por no obedecer la orden de detención, presumiblemente al intentar escapar y debido a ello se aplicó la ley de fuga. Este último método, muy recurrente a lo largo de todo Chile, fue utilizado como pretexto para asesinar a los opositores sin necesidad de realizar un proceso contra ellos. Otros de las formas empleadas para aniquilar a las personas fueron los Consejos de Guerra. En las tres regiones, 14 personas fueron ejecutados políticos. Esta modalidad no respetó el debido derecho a un juicio justo ya que en la práctica se constituyeron en ejecuciones sumarias donde la sentencia de fusilamiento se cumplía de forma instantánea (Cuadro No 13). Cuadro Nº 13: Violación del Derecho a la Vida distribución de casos según tipo de violencia [n= 305] Muerte por Consejo de Guerra.......14 Muerte por Ley de Fuga.............21 Muerte por Tortura.................39 Detenidos Desaparecidos...........187 No precisada.......................44 Notas: 1. CODEPU-DIT-T. "Chile Recuerdos de la Guerra: Valdivia-Neltume-Chihuio-Liquiñe". Serie Verdad y Justicia. Volumen 3. Diciembre 1992. 2. "Tortura y Resistencia en Chile: estudio médico-político"; Reszczynski K., Rojas R, Barceló R; Chile; 1991. Capítulo IV Acciones y consecuencias sobre la persona y la sociedad Si bien, como dijimos, este libro está dedicado principalmente a relatar y evaluar la práctica realizada por un organismo de Derechos Humanos en la búsqueda de la verdad sobre los Crímenes de Lesa Humanidad cometidos por la dictadura militar chilena (1973-1990), deseamos entregar algunas reflexiones surgidas en el curso del trabajo de atención médica, psicológica y social. Lo hacemos con la intención de que aquellos que se enfrentan por primera vez a esta práctica cuenten al menos con algunos antecedentes, conceptos y definiciones, que les permitan orientarse sobre la realidad traumática producida por el terrorismo de Estado y la violencia dictatorial; pero, muy especialmente, queremos contribuir a la comprensión de los posibles trastornos, secuelas, alteraciones personales, familiares y sociales, que este universo de personas puede llegar a desarrollar. Antes que nada hay que señalar que no se trata, de ningún modo, de personas enfermas; más bien, se trata de una ruptura del proceso de normalidad originada en la exterioridad, desde el Estado dictatorial, cuyos actos perturban violenta y abruptamente la vida humana. Por tanto, no podemos considerar a priori que los síntomas o síndromes que presentan las personas o las familias afectadas constituyan una anormalidad, aún cuando las manifestaciones en nada se diferencien de las habitualmente conocidas en el campo de la medicina y más específicamente de la psiquiatría (síndromes angustiosos, depresivos e incluso paranoídeos. Lo que le otorga la especificidad a estas manifestaciones es su origen: el trauma provocado por la violencia humana, conscientemente planificada. La significación más profunda y particular de estos trastornos estriba en los innumerables mecanismos psicopatológicos, vivencias, experiencias y variadas percepciones y sentimientos que se movilizan frente a una realidad ineludible, una agresión de origen humano Desencadenado desde el poder y que está ligada a la inexorable posibilidad de la muerte o a convivir permanentemente con lo siniestro. Con algunos familiares de las 305 personas afectadas habíamos establecido una relación previa, con ocasión de acudir a nuestra institución en busca de ayuda, sea por problemas de orden social, jurídico o por la necesidad de pedir apoyo médico o psicológico. Ello nos permitió, desde los primeros contactos, formarnos una idea aproximada sobre el estado emocional y sobre las posibles relaciones y conductas que encontraríamos en las personas y en las familias con quienes trabajaríamos. Durante todos estos años constatamos el empleo sistemático y planificado de la violencia como sistema de dominación desde el poder. Nos referimos al concepto de "Terrorismo de Estado". Desde el mismo día del golpe militar, el país, las familias y las organizaciones sociales y políticas de las zonas estudiadas vivieron una situación de Terrorismo de Estado. Este está definido como "aquel que dispone del monopolio de la violencia, que sustituye el orden, la regla, la historia institucional a su arbitrio, desembarazándose de cualquiera limitación legal para aplicar la violencia en forma planificada y eficaz, como un arma de opresión".(1) El Terrorismo de Estado en Chile incluyó desde la intimidación hasta la guerra psicológica, desde la persecución hasta la muerte y desaparecimiento, desde la detención, prisión y tortura hasta la desintegración y demolición de la persona, desde las dudas sobre la verdad de lo ocurrido hasta una impunidad absoluta. Los familiares de los ejecutados políticos y de los detenidos desaparecidos, a medida que fueron adquiriendo confianza, nos relataron cómo a las pocas horas de ocurrido el golpe militar contingentes de las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas, en operativos por tierra o por aire, en helicóptero, llegaron a las zonas campesinas más alejadas. El campo, las calles, las casas, los edificios de los sectores urbanos fueron ocupados y controlados abruptamente por personas que hasta ese momento se encontraban al interior de los cuarteles. Algunos campesinos simbolizan este momento con la frase "bajaron desde el cielo vestidos de guerra con sus caras pintadas". Lo súbito, lo agudo, lo inesperado y, por sobre todo, lo agresivo y violento de los hechos ocurridos, así como las actitudes del personal de las Fuerzas Armadas provocaron un "trauma psíquico" desencadenado por una situación límite. Este concepto de situación límite fue descrito por primera vez por Karl Jaspers (1913). Más tarde, otros autores la definieron también como situación extrema, por tener "un carácter inevitable e incomprensible, una duración incierta, un peligro permanente y provocar una sensación de impotencia total de la persona frente a ella". Los acontecimientos y emociones experimentados por las personas con quienes trabajamos, nos permitió constatar que ellos vivieron un continuo de situaciones límites. Dieciocho años después, cuando llegamos a la zona, relataron escenas que guardan en el recuerdo toda la nitidez de una vivencia brutal e imposible de olvidar, por el carácter de amenaza vital que ellas tuvieron y por la sensación de inermidad con que la vivieron. Durante los diecisiete años de dictadura el Terrorismo de Estado existió siempre. Alguna veces fue extremo y evidente, en otras ocasiones no fue indispensable recurrir abiertamente a la violencia y al terror. Este Terrorismo de Estado varió en su intensidad, en su carácter más abierto o más solapado de actuar, según las necesidades coyunturales del régimen político o según el grado de sometimiento o de rebeldía de la población. Durante estos períodos predominó lo que hemos definido como amedrentamiento colectivo, "diferenciándolo de otras sinonimias, miedo generalizado, angustia colectiva, usados por otros autores; porque en la palabra amedrentamiento se sintetiza un doble significado. Por un lado, las acciones de violencia y, por otro, el resultado de un proceso intencional dirigido a provocar un estado de ánimo, en este caso, colectivo, de miedo, con el objeto de inmovilizar, silenciar, someter, para transformar finalmente a las personas en alguien que medra, que pide, que implora, que ruega al poder alguna forma de protección".(2) A este amedrentamiento colectivo visible que tenía como fin inducir una reacción primaria de miedo ocupando todos los espacios perceptivos y cognitivos de la realidad, se agregaron desde un comienzo otras maniobras de la guerra psicológica. La guerra psicológica y el amedrentamiento como parte de ella, a diferencia de otras acciones o actos como las catástrofes naturales que de ningún modo tienen determinación humana, fueron un recurso esencial de la dictadura, una nueva arma política exhaustivamente aplicada. La guerra psicológica se transformó en una táctica permanente. Definida como "un recurso para conquistar las mentes de las personas a la cual se penetra a través de mensajes, o de dobles mensajes, orales, escritos y visuales, aparentemente no directos ni explícitos. En estos mensajes se entrega información falsa, confusa, tan pronto amenazante y de peligro, como tranquilizadora según el objetivo perseguido".(3) En una región del país, antes del golpe militar, se informó a través de la prensa contraria al gobierno de la Unidad Popular que había cientos de guerrilleros, miles de extranjeros armados; y en otra región, que las expropiaciones de la reforma agraria así como la toma de los grandes latifundios, se efectuarían en forma radical y violenta. Investigaciones posteriores, incluso el Informe oficial de la CNVR, desmintió esta construcción de la guerra psicológica creada a través de los medios de comunicación. Posteriormente, a través de la manipulación psicoideológica, se pretendió conseguir la aceptación, un cierto grado de consenso y finalmente un cambio en el modo de pensar. Los elementos que se entregaban como la realidad eran de tal modo amenazantes que paulatinamente el análisis de su situación llevó a algunas de las personas, especialmente en estas familias con que trabajamos, a una aparente conformidad o a marginarse, o a guardar silencio y esperar. También, a la inversa, a rebelarse interiormente, a desesperarse y a sufrir. Las acciones de Terrorismo de Estado o del sistema totalitario que lo sustentó, con sus tácticas globales de creación de situaciones límites o extremas, amedrentamiento colectivo y maniobras de guerra psicológica, provocaron en la totalidad de las personas diferentes manifestacio- nes de miedo, desde el temor hasta un terror súbito, extremo y perdurable en el tiempo. Se hizo presente un estado de ansiedad, que aún persistía en el momento en que los encontramos por primera vez en el curso de la investigación. Este estado se derivó de un mecanismo subyacente más básico "más primario ontológicamente transmitido: el miedo". El miedo y las manifestaciones orgánicas de angustia que se desencadenaron en estas familias fueron una respuesta adaptativa a las innumerables señales de riesgo vital experimentadas. El miedo como respuesta a una situación de peligro fue específica y única de cada individuo según sus vivencias, experiencias y elaboraciones previas. El miedo "es una reacción natural, es un fenómeno que tiene una expresión física, es un accionar fisiológico que protege al individuo de una amenaza o riesgo vital. Su rasgo característico es su transitoriedad, se extingue espontáneamente cuando desaparece la amenaza o peligro que lo ha originado. Dicho peligro está definido en esta instancia por la percepción que tenga cada individuo de la situación".(4) En gran parte de los familiares, estas expresiones del miedo transformaron su forma de reaccionar. Algunos estaban conscientes de tenerlo, otros inconscientes de su existencia. Se manifestaba como desconfianza, aislamiento, imaginerías con repetición frecuente, recuerdo reiterado de las escenas traumáticas, sobretodo cuando se volvían a vivenciar situaciones de peligro vital. En las personas más directamente afectadas por los crímenes se produjo un traumatismo psíquico, el cual se define "por el encuentro de una situación exterior de peligro extremo y el estado psíquico de cada persona".(5) Este psicotrauma produjo diferentes modalidades de respuesta, según fuese la historia, la naturaleza, las experiencias previas de cada uno y según fuera el significado de peligro vital que le otorgó a la violencia que estaba viviendo o vivió durante todos estos años. Dado que en Chile, de acuerdo a la propia Comisión de Verdad y Reconciliación, no existió una guerra, y que en las regiones investigadas tampoco hubo una real contienda, la situación vivida por las personas fue de total desigualdad humana. Entre los familiares de estas 305 personas, detenidas, torturadas, para luego ser ejecutadas en forma sumaria o hechas desaparecer, se encuentra un alto número de sobrevivientes. Ellos, al igual que su familiar muerto o hecho desaparecer, fueron detenidos, interrogados, vejados y, sin excepción, sometidos a diversas técnicas de tortura. Todas las personas vivieron en forma individual o colectiva las acciones intencionales, es decir, se trató de una decisión de agredir, destruir, inmovilizar, tomada en forma consciente, razonada por el contingente militar o los uniformados quienes hicieron valer sus motivos, "derrotar al enemigo interno". La tortura se transformó en un acto humano integral, no sólo porque fue lúcidamente elegida y realizada "sino porque este acto tenía causas, motivaciones, aprendizajes, objetivos, fines, marcos de referencia ideológica, modos específicos de realización, pericias, código simbólico, lugar social definido".(6) Numerosas descripciones relatadas por los familiares sobrevivientes confluyen en la conceptualización señalada: "me buscaban", "sabíanlo que hacían", "quisieron enloquecerme, humillarme, destruirme", "eran peritos", "se comportaban como perros que sabían donde morder". La tortura, tal como fue definida por primera vez por la Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1975, habla de "dolores o sufrimientos graves ya sean físicos o mentales provocados intencionalmente". Las personas torturadas sufrieron un trauma de dimensiones aún difícil de mensurar. El dolor físico quedó como una marca, a veces como un estigma, y algunos de los familiares la enseñan, no sin recato. La ruptura o quiebre psíquico persiste hasta ahora. La especificidad de "este sufrimiento mental" estriba en el hecho de que las personas se encontraron "ante una situación inédita, nunca antes vivida, en que la violencia y la agresión era provocada por otro igual, un semejante, otro ser humano". A mayor abundamiento, en los pequeños pueblos, en las regiones rurales, en algunos casos fueron sus vecinos, sus conocidos "nacidos y criados en el mismo lugar" los que los torturaron, ahora transformados en personal de las fuerzas de represión de la dictadura. Las personas fueron amarradas, desnudadas, en muy pocos casos sólo en los cuarteles militares se les vendaban los ojos, y en esta situación sufrieron diferentes técnicas de agresión física o sexual. De manera que "el torturado se encontraba además inerme, por entero a merced del otro, de las amenazas, de las humillaciones, del dolor, del terror, del pánico"..."Esta situación no tenía experiencia previa, no se asociaba a ningún recuerdo, no tenía representación mental homologable".(7) Se trataba en suma, de una situación de desigualdad humana en que la violencia y la destrucción, único lazo que conforma este vínculo humano, es unidireccional y se genera desde una sola de las partes. De tal modo que la acción desestructurante de la tortura sobre la persona no fue solamente un intento de destrucción de su identidad, de su esencia misma que lo constituye como persona única e irrepetible en el tiempo; sino que además, la tortura provocó una ruptura en el vínculo humano. Ruptura que fue muy evidente entre los miembros de estas familias en los cuales predominó, como veremos más adelante, un núcleo de desconfianza. La relación establecida por los familiares con los torturadores ha quedado grabada en forma muy nítida. "Es un recuerdo desgarrador", "las más de las veces perverso". Este recuerdo ha provocado una dificultad en el intercambio con el otro, con todos los otros, y como vere- mos más adelante, incluso entre los miembros de una misma familia. Tal como señala la definición de tortura, esta es calificada cuando dichos "dolores y sufrimientos fueran inflingidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia". Este párrafo define quien es el otro, el responsable, diferenciando la tortura de otras agresiones. No se trata aquí de acciones individuales, por violentas que ellas sean; se trata de actos ordenados y cometidos desde el poder y protegidos por la impunidad. Las familias sintieron y vivieron durante todos estos años que eran las propias instituciones del gobierno las que les habían inflingido tortura y habían hecho desaparecer o ejecutado sumariamente a sus familiares. En efecto, más allá de las torturas que estas personas sufrieron, habían perdido un ser querido en este contexto de violencia. Desde el momento mismo que el familiar fue detenido o secuestrado se desencadenó una angustia súbita por lo que podía sucederle a ellos mismos y especialmente por el familiar que había sido detenido. Más tarde, cuando se enteraron que él había sido ejecutado sumariamente o lo buscaron interminablemente sin encontrarlo, a la angustia se agregó el dolor, la pena, la duda, el desconcierto. En las familias de detenidos desaparecidos se configuró una serie de manifestaciones de orden psicológico. Estas se originaron principalmente por una alteración profunda de la realidad, por la imposibilidad de saber y conocer, y muy especialmente, por la incertidumbre frente al problema esencial de la vida: la posibilidad de la muerte. La incertidumbre penetró en sus creencias y pensamientos. La perplejidad frente a lo que podía o no podía haber sucedido con su familiar, llenó sus pensamientos de fantasías, imaginerías las más de las veces siniestras, y por eso profundamente desestructurantes y dolorosas. Los familiares no conocen el destino del desaparecido y viven además, como lo veremos en los capítulos correspondientes, una situación de duelo no resuelto, un duelo crónico que ha quedado congelado en el tiempo. Es importante señalar que mientras realizábamos este trabajo, a raíz de las cifras cada vez más alarmantes de Desapariciones de Personas, especialmente en América Latina, el 18 de diciembre de 1992 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una "Declaración Sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas". Por su parte la Organización de Estados Americanos (OEA) en su XXIV Asamblea General del 6 de junio de 1994, sancionó la "Convención Interamericana Sobre la Desaparición Forzada de Personas". (Anexo Nº 5) Otras consecuencias de orden psicológico provocadas en estos familiares derivan de la impunidad. Ello constituye el objetivo central de este trabajo y sus efectos serán analizados en los capítulos correspondientes. Igualmente, ante la existencia generalizada de la impunidad en el mundo, particularmente en este Continente, en agosto de 1991 la Subcomisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas encomendó a dos relatores especiales estudiar el tema. En 1992 se redactó el primer documento "Estudio Sobre la Impunidad de los Autores de Violaciones de Derechos del Hombre", iniciándose así un proceso que llevó finalmente a la dictación de una Convención sobre la impunidad. Actualmente el relator especial continúa elaborando un "Informe final acerca de la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los Derechos Humanos (derechos civiles y políticos)", contenidos que serán motivo de las conclusiones de este trabajo. Notas: 1. "La violence". Ivés, M. Presses Universitaires de France, 1986. 2. "Amedrentamiento colectivo". "Persona, Estado y Poder". Volumen I. CODEPU- DIT-T. CHILE. 1989. 3. Codepu-DIT-T. "La Gran Mentira. El caso de las listas de los 119". Chile. 1994. 4. Vallejo, J. , Ruiloba. "Introducción a la Psicopatología y a la Psiquiatría". Tercera Edición. Salvat Editores, S.A., 1991 5. Barrois, C. "Les névroses traumatiques". Ed. Bordas. Paris. 1988. 6. "Sobre la Definición de la Tortura". "Persona, Estado y Poder". Volumen I. CODEPUDIT-T. Chile, 1989. 7. Rojas R; "Algunas reflexiones sobre rehabilitación a personas torturadas". "Persona, Estado y Poder". Volumen II. CODEPU-DIT-T. Chile, 1996. Capítulo V El vínculo con los familiares En el presente capítulo relataremos el camino recorrido en la búsqueda y localización de las familias de las 305 personas ejecutadas o detenidas y hechas desaparecer en las tres regiones estudiadas. Describiremos la forma en que se estableció el primer contacto y de qué mane ra se fue creando una relación de confianza. Cabe destacar que en el transcurso de los siete años en que se desarrolló el presente estudio (que aún continúa), ocurrió en el país un cam bio político de trascendencia que produjo en los familiares, en nosotros y en el contexto global, hechos de relevancia que influyeron o modifica ron parcialmente la praxis misma. V. 1. Los contactos preliminares. En efecto, este trabajo fue ideado y se inicia en pleno período dictatorial (1988). En octubre de ese año y de acuerdo a la propia Constatación elaborada en 1980, la ciudadanía debió decidir en plebiscito, la permanencia o no del dictador. Luego de una campaña exitosa, creativa, pero no exenta de grandes obstáculos, dificultades y amenazas, triunfa ron los sectores democráticos. Tras diecisiete años de dictadura, sólo recién en diciembre de 1989 se realiza una elección general la cual, a pesar de un sinnúmero de trabas, permitió elegir presidente mediante el voto popular. Cuatro meses después, en marzo de 1990, asume un nuevo gobierno. Se entraba en la etapa denominada de "transición a la democracia". Mediante diversas presiones y negociaciones, la dictadura, sin embargo, logró mantener importantes enclaves autoritarios y, muy significativamente para nuestro quehacer, la vigencia de una Ley de Amnistía para los responsables de atropellos de los Derechos Humanos, promulgada en 1978, lo que aseguraba una impunidad absoluta respecto de los crímenes cometidos durante los cinco primeros años del régimen militar. Durante este período, 19881990, tal como explicamos en los capítulos anteriores, se elaboraron los instrumentos necesarios para la recolección de datos y se constituyeron los equipos multidisciplinarios para realizar la investigación sobre la verdad de los crímenes ocurridos y obtener justicia. Estaban integrados por médicos, psicólogos, antropólogos, historiadores, sociólogos, ayudantes de investigación en Derechos Humanos y trabajadores sociales. Las salidas a terreno, debido a las distancias y costos, fueron realizadas lamentablemente sólo por uno o dos miembros del equipo. Es interesante señalar que en una región, donde nuestra institución contaba con escaso personal, el trabajo de búsqueda de antecedentes se realizó en conjunto con la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, y con la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. La mayoría de las familias de las 305 personas ejecutadas o detenidas y hechas desaparecer fueron contactadas durante estos dos años. Simultáneamente, los otros miembros del equipo reunían más antecedentes sobre los hechos represivos, sobre las personas, los responsables u otra información que fuera de interés para los fines del estudio. El trabajo en terreno se transformó en una herramienta primordial para acceder a reconstruir lo sucedido, puesto que si bien teníamos antecedentes sobre las víctimas y los operativos represivos, el hecho de conocer personalmente el entorno geográfico, los hogares, la comunidad y la situación en que se encontraban los familiares, nos permitía interiorizarnos profundamente de la realidad, es decir, vivenciarla. A través de la "investigación compartida" pudimos convivir con los familiares, con algunos de sus amigos, encontrar más testigos y estudiar las características brutales que tuvo la represión en estas aparta das zonas. Tuvimos la oportunidad de conocer sus hogares y recorrer los lugares que habían sido cotidianos para los detenidos desaparecidos y ejecutados. También logramos conocer como han vivido todos estos años sus familiares supervivientes y percibir el clima altamente represivo en que aún vivían. Desde el primer encuentro el objetivo principal era ganar la con fianza y lograr que el familiar aceptara colaborar en este trabajo. Explicitábamos claramente nuestra intención y más tarde, según fuera la disposición de ellos, hacíamos en conjunto un esfuerzo por evocar de la forma más nítida posible los antecedentes sobre las personas muertas o desaparecidas y los acontecimientos que habían modificado brutal mente el destino de sus vidas. Este primer encuentro, en la mayor parte de los casos, estuvo lleno de dificultades. Se realizó siempre en un clima de urgencia, dudas, des concierto y ansiedad, tanto de parte del entrevistador como de los familiares. Luego de más de quince años de ocurrido el hecho represivo, por primera vez hablaban con alguien extraño a ellos de los dramáticos acontecimientos vividos que le habían costado la vida a su familiar. La entrevista se desarrollaba en un ambiente extremadamente tenso e inseguro, por la presencia permanente en esas zonas de contingentes militares o personas que fueron y eran colaboradores de las autoridades. Para nosotros, este primer encuentro humano con una persona cuyo familiar había sido víctima de un crimen constituía una situación casi inédita. Años después de ocurridos los traumáticos acontecimientos, com probamos la gravedad de la "situación límite" vivida, la magnitud de los crímenes, así como las graves repercusiones que aún presentaban las personas, la familia y la comunidad. En algunos casos no logramos ubicar el lugar donde vivían y no podíamos preguntar directamente por ellos sin tomar las debidas pre cauciones. En otras oportunidades sólo obtuvimos referencias ya que muchos habían emigrado por la amenaza o simplemente por haber sido expulsados de la región. Diversos rumores e historias que circulaban sobre los sucesos acaecidos nos sirvieron para orientarnos y localizar el sitio donde las muertes se habían producido o los terrenos donde posiblemente se habían practicado inhumaciones ilegales. Pero también existían rumores que desorientaban respecto de lo sucedido con los detenidos desaparecidos o ejecutados: que se habían fugado del país, que se encontraban en el extranjero, entre otros. Las familias vivían marginadas y en un clima de absoluta desconfianza. Explicaban que tenían miedo de que los vecinos vieran a "personas extrañas rondando nuestras casas". En muchos casos, la comunidad y ellos mismos asociaban la presencia de un extraño a un posible militante político y temían ser denunciados. Ello explicaba que a veces no fuéramos recibidos e incluso en algunas oportunidades, las menos, directamente nos rechazaran. De la interacción con estas familias surgieron diversas actividades que permitieron ampliar y profundizar las relaciones. A medida que se desarrollaba el trabajo y con el fin de incorporarlas a la investigación, discutimos con ellas la necesidad de realizar conjuntamente nuevas tareas: buscar otros testimonios, reunir documentos que certificaran la existencia, la vida laboral y familiar del detenido desaparecido o asesinado, recopilar algunas fotografías de ellos, sus escritos..., y por otra parte, toda información que permitiera identificar al responsable: su nombre, su rango exacto y la conducta que había tenido en su accionar criminal. Cuando visitábamos los hogares y conocíamos los innumerables problemas por los que atravesaban los familiares, intentábamos, de acuerdo a nuestras reales capacidades, dar una respuesta adecuada que no provocara nuevos abandonos y frustraciones. Frente a demandas e inquietudes, interveníamos con el conjunto del equipo: apoyo psicoterapéutico en los casos en que se constataban perturbaciones médico psicológicas de importancia, apoyo social o jurídico para iniciar trámites de carácter legal por el desaparecimiento o ejecución de su familiar o para enfrentar numerosos problemas de orden social. Dado el aislamiento en que se encontraban, ayudábamos a restablecer lazos de solidaridad entre ellos mismos o con otras familias afectadas. Les comentábamos que habíamos visitado el hogar de otra familia, que los problemas eran similares a los de ellos. Les hablábamos de la situación de aislamiento y de muchos otros temas que ayudaban a recuperar algo de confianza y salir de la incomunicación en que se encontraban. Poco a poco, se establecieron nuevas formas de comunicación que ayudaron a recuperar parcialmente el diálogo interrumpido con otros habitantes de la comunidad. En la mayoría de los familiares, el intento de sobrevivir al trauma sufrido y a la dictadura los había llevado a perder los vínculos afectivos y sociales, el sentido de pertenencia a un grupo y a la sociedad. De modo que estas familias se encontraban en lo que definimos como una situación de encapsulamiento crónico provocada por la imposibilidad en el tiempo de modificar las causas que generaron la crisis vital, lo que los llevó a una parálisis en el accionar, a una situación de aislamiento y marginación social, a una acentuación de la desconfianza en sí mismos y en los demás, a una pérdida de la relación con el entorno y con sus referentes culturales. Como resultado de este proceso de "investigación compartida", surgieron numerosas iniciativas por parte de las familias afectadas, que el equipo acompañó y asesoró. Significativas fueron las primeras reuniones de familiares organizadas en conjunto en sus propios hogares. Surge la necesidad de conocer los lugares donde los ejecutados políticos habían sido sepultados y reconstruir sus tumbas abandonadas. En el caso de las familias de las personas detenidas desaparecidas, deseaban volver al lugar donde sus familiares habían sido posiblemente secuestrados o detenidos. Más tarde, serán los propios familiares quienes tomarán la iniciativa de salir de sus casas y visitar nuestras oficinas muy distantes de sus lugares de residencia, con el propósito de enseñarnos fotografías de su familiar, de informarnos sobre nuevos antecedentes o solicitar diversos tipos de ayuda. A medida que se acercaba el fin del régimen militar en muchos de los familiares renació una esperanza: ahora podrían saber la verdad de lo ocurrido. Los antecedentes investigados, unido a la práctica realizada, culminaría con la publicación de los libros correspondientes a lo sucedido en las Regiones en una serie titulada Verdad y Justicia. El contenido de ellos cumplía con el objetivo que nos habíamos propuesto: un documento de reconstrucción de la realidad y una denuncia imperecedera de los crímenes; así como una recuperación de la dignidad de la persona que había sido víctima y una identificación sin omisiones de los responsables. La presentación de los libros fue realizada en ceremonias cuidadosamente preparadas cuyos principales invitados fueron los familiares. Especial preocupación se tuvo para elegir el lugar: en un espacio claro y luminoso, mediante paneles se mostraban los lugares de los hechos represivos, las fotografías de las víctimas así como un breve relato de sus vidas y destino. También se incluía información sobre los responsables identificados y se describía su participación en los hechos. Invitamos a las autoridades recientemente elegidas en la Región, a fin de que los familiares estuvieran con ellos y a su vez ellos tuvieran la oportunidad de conocerlos. Al final de la ceremonia, en forma personal, entregamos a cada fa miliar un ejemplar del libro. Muchos de ellos expresaron que el hecho de encontrar la imagen, la descripción de la vida y de las circunstancias de la muerte o desaparecimiento de sus hijos, padres, hermanos o esposo, con los nombres de los responsables, lo sentían como un primer gesto de reparación. V. 2. Establecimiento y desarrollo del vínculo. En marzo de 1990 asumía el primer gobierno de "transición democrática". Una de sus primeras iniciativas en materia de Derechos Humanos fue crear la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (CNVR). En su artículo I especifica su objetivo "contribuir al esclarecimiento global de la verdad sobre las más graves violaciones de los Derechos Humanos cometidas en los últimos años, sea en el país o en el extranjero si estas últimas tienen relación con el Estado de Chile o con la vida política nacional, con el fin de colaborar con la reconciliación de todos los chilenos y sin perjuicio de los procedimientos judiciales a que puedan dar lugar tales hechos" (C.N.V.R. 1991:VIII). En el párrafo siguiente explica que se entiende por graves violaciones "...las situaciones de detenidos desaparecidos, ejecutados y tortura dos con resultado de muerte, en que aparezca comprometida la responsabilidad moral del Estado por actos de sus agentes o de personas a su servicio, como asimismo los secuestros y los atentados contra la vida de personas cometidos por particulares bajo pretextos políticos" (C.N.V.R, 1991:VIII). Así, los hechos de competencia de la CNVR fueron sólo dos tipos de situaciones donde estuvo comprometido el derecho a la vida: violaciones de Derechos Humanos cometidas por el Estado y otro tipo de actos constitutivos de violencia política. Como Organismo de Derechos Humanos discrepamos enfáticamente acerca de este criterio. Consideramos que el único sujeto capaz de violar los Derechos Humanos es el Estado que actúa a través de los órganos y agentes estatales. No existe ningún instrumento jurídico inter nacional ni doctrinario, que considere el criterio contenido en el decreto de la CNVR en el sentido de que "los particulares" pudieran ser sujetos violadores de los Derechos Humanos. En su oportunidad, denunciamos públicamente todo el extenso campo de violaciones de los Derechos Humanos que no tuvo consecuencias fatales y que quedó fuera de la competencia de la CNVR, tales como, la tortura sin causa de muerte que, como dijimos en capítulos anteriores, fue la principal arma de la dictadura; la violación del derecho a la inviolabilidad del hogar, al debido proceso legal, a la libertad personal, a la libertad de reunión y de expresión; así como el exilio masivo y la prisión política, entre otras muchas acciones represivas llevadas a cabo por el régimen militar. El D.S. Nº 355 que la creó, en su artículo V, especifica que para investigar diecisiete años de violaciones de los Derechos Humanos "la Comisión tendrá un plazo de seis meses... Si dentro de ese lapso no alcanzara a hacerlo podrá prorrogar ese plazo... por un máximo de tres meses más" (CNVR, 1991: IX). El plazo de seis meses prorrogable a nueve nos pareció, frente a la magnitud de las violaciones cometidas, un tiempo muy reducido. Por otra parte, este Informe también omitió el nombre de los responsables, quienes quedaron en el anonimato. No obstante estas discrepancias decidimos colaborar con la CNVR entregando todos los antecedentes sobre violaciones de Derechos Hu manos recopilados durante los años de gobierno militar y, muy especialmente, aquellos referidos a los aparatos represivos de la dictadura con el nombre y los antecedentes de los responsables individualizados. Proporcionar esta información significaba una medida de resguardo para que ellos fueran denunciados oficialmente. Esperábamos que el Estado asumiera toda la verdad y proporcionara, tanto el listado de las personas víctimas como el nombre de los victimarios, otorgando credibilidad oficial y pública a aquello que los familiares habían largamente denunciado. El 8 de febrero de 1991 la CNVR entregó su Informe al jefe del Estado, quien lo hizo público el 4 de marzo de 1991. El Presidente, al difundir el Informe, reivindicó "pública y solemnemente la dignidad personal de las víctimas... denigradas por acusaciones de delitos que nunca fueron probados y de los cuales nunca tuvieron oportunidad ni medios adecuados para defenderse". Este reconocimiento por el Estado significaba, en alguna medida, la aceptación de la verdad y el reconocimiento de la realidad vivida por los familiares. Los equipos multidisciplinarios constituidos en las regiones colaboraron con los representantes del gobierno y los instaron a salir a terreno, lo cual no estaba considerado en su programa. Esta propuesta fue aceptada en algunas ocasiones, lo que permitió que los familiares denunciaran sus casos directamente en sus lugares de residencia. Además, entre otras cosas, permitió que los miembros de la CNVR conocieran el contexto sociocultural y represivo de las localidades donde vivían las familias sobrevivientes. Fue significativo el impacto causado en las familias por esta visita: por primera vez un representante del gobierno se preocupaba por su situación. La publicación del Informe de la CNVR, confeccionado sin duda con gran profesionalismo y con una correcta metodología, significó un nuevo desafío. El número de casos registrados por nosotros en las tres regiones en que trabajamos era superior a los incluidos en dicho Informe; por otra parte, muchos de los casos, si bien estaban reconocidos, fueron declarados sin convicción (Informe de la CNVR, febrero 1991. Capítulo II, Tomo I). La propia CNVR recomendó la creación de una institución con carácter de fundación de derecho público debido a que "al término del trabajo de la Comisión aún se continuaba recibiendo antecedentes de situaciones de violaciones de los Derechos Humanos..." (C.N.V.R. 1991, tomo IV). El 8 febrero de 1992, se publicó la Ley de Reparación Nº 19.123 que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación (CNVR). Se definió su naturaleza y objetivos y se establecieron los beneficios de reparación para las víctimas declaradas con convicción por la CNVR. En su artículo II, Nº1, señala:"promover la reparación del daño moral de las victimas; promover y coadyuvar a las acciones tendentes a determinar el paradero y circunstancias de la desaparición o muerte de las personas; recopilar los antecedentes y efectuar las indagaciones necesarias para dictaminar en aquellos casos que conoció la CNVR y en que no le fue posible formarse convicción respecto de la calidad de víctima de violación de los derechos humanos, o respecto de casos de la misma naturaleza, sobre los que no tuvo conocimiento oportuno o, habiéndolo tenido no se pronunció sobre ellos por falta de antecedentes suficientes". En los casos que aparecen sin convicción, en una primera etapa, conjuntamente con la familia, y luego a petición de la CNVR, realizamos la búsqueda de nuevos antecedentes para establecer claramente la existencia de la víctima y las circunstancias de su muerte o desaparición. Igualmente, los nuevos casos encontrados en el curso de nuestra investigación, fueron presentados a la CNVR. En la actualidad, pese a que el Estado cerró definitivamente en diciembre de 1994 el conocimiento de nuevos casos, nuestro trabajo en este sentido se ha mantenido. Desde 1990 y a lo largo de todo Chile se han ido descubriendo fosas clandestinas en las que se realizaron inhumaciones ilegales. Estos hallazgos, desencadenaron en los familiares trastornos emocionales muy profundos que, en algunos casos, fueron atendidos profesionalmente. Además, conscientes de que la denuncia es, en estas situaciones, parte muy importante del proceso reparatorio, ayudamos a organizar variadas actividades de denuncia que permitieron a los familiares expresar sus sentimientos e iniciar nuevas formas de comunicación y exigencia social. Fue así como se realizaron romerías a los lugares de ejecución o desaparición de los prisioneros políticos, encuentros ecuménicos (liturgias, misas y acción de gracias), romerías por las principales ciudades de la regiones, manifestaciones que incluían acciones de encadenamiento en edificios estatales, protestas callejeras exigiendo verdad y justicia, así como difusión de pancartas y volantes, y comunicados de prensa. En todas estas actividades participaron los familiares, quienes recorrieron largas distancias para incorporarse a los actos. Paulatinamente fueron recuperando las posibilidades de expresarse y de ocupar espacios perdidos reestableciendo contactos interpersonales. Dado que la impunidad en Chile persiste, el trabajo ha continuado con otras formas de intervención que serán analizados en los capítulos correspondientes. V. 3. Factores que facilitan u obstaculizan el vínculo. Con la intención de mostrar los elementos que facilitaron o interfirieron el primer contacto con los familiares en la búsqueda de la verdad, de señalar las diversas circunstancias que es necesario considerar a fin de facilitar la comunicación y la obtención de antecedentes y, por último, indicar algunos elementos que facilitaron el vínculo entre ellos y nosotros, analizaremos en la creación del vínculo de confianza lo sucedido con los familiares de estos 305 detenidos desaparecidos o ejecutados. El proceso que se desarrolló entre el primer contacto y el momento que se estableció un vínculo de confianza, cobra aquí toda su importancia. Este proceso plantea ciertas exigencias fundamentales: • Que el primer contacto lo efectúe el investigador en la propia residen cia de la familia. • Que durante la investigación se conozca previamente el entorno y el medio cultural en que vive la familia. • Que la relación establecida con los familiares sea prolongada en el tiempo, lo que permite un conocimiento más profundo y da estabilidad al vínculo. • Que exista un intercambio, sea de orden social, psicológico o legal, entre las familias y los diferentes miembros del equipo. De gran interés fue para nosotros comparar las diferencias establecidas según si el primer encuentro se hubiese realizado en el período de dictadura o en el de transición a la democracia. Un mínimo de familias fueron entrevistadas por primera vez a partir de 1990. Los diferentes miembros del equipo que establecieron los primeros contactos con las familias aplicaron un instrumento llamado "Guía para complementar datos en fichas de personas y/o familias entrevistadas", señalándose que era sólo "una guía para describir, para relatar, no para seguir ni contestar automáticamente"(Anexo N° 2). Los principales contenidos de esta Guía son: • Entorno geográfico y local donde se encuentra ubicada la casa de la familia. Características y situación socioeconómica de la vivienda. • Relaciones y comportamientos de los vecinos hacia la familia antes de iniciar el proceso de investigación. • Descripción de la persona que recibe. Apariencia física, comportamientos, formas de comunicación: lenguaje no verbal, movimientos, postura, contacto ocular, expresión facial, excitación emocional, variaciones de la voz y nivel de lenguaje verbal. • Actitudes y sentimientos del entrevistador que ayudaron o interfirieron en el establecimiento del vínculo de confianza. El entrevistador debe realizar un esfuerzo de introspección y análisis para describir las vivencias y sentimientos que tuvo en el curso de la investigación así como el proceso de aprendizaje que experimentó. Las modificaciones que se produjeron en el curso de la investigación a medida que se iba verificando la verdad, tanto por nuestra intervención como también por la del Estado, serán descritas en los siguientes capítulos. El análisis del contenido de esta guía nos permite hacer algunas consideraciones que creemos serán de importancia para futuros investigadores en Derechos Humanos. Tener una percepción del entorno geográfico, de la posible situación socioeconómica y nivel cultural de la persona que nos recibe así como de la actitud y comportamiento de los vecinos, antes de establecer el primer diálogo, proporciona al investigador variadas señales de cómo debe ser el acercamiento. Las características de la localidad o zona donde se encuentra ubicada la casa de la familia, el aspecto exterior de ésta así como el conocimiento del hecho represivo allí ocurrido, ayudan al entrevistador a elaborar algunas pautas de acercamiento. Como hemos señalado en capítulos anteriores, la mayoría de estas familias vivía en zonas rurales apartadas, en regiones precordilleranas o cordilleranas o en medio del campo, a veces en viviendas solitarias o en un pequeño poblado rural. El aspecto exterior de la vivienda, sus características de orden o abandono, la existencia de un jardín, de flores o de un pequeño huerto bien cultivado, o por el contrario, condiciones de suciedad o desorden, permiten una primera orientación. El material con que estaban construidas (chozas, casas de madera o material ligero o sólido), es otro elemento que orienta en una primera mirada que percibe y registra el entrevistador y que informa de las características sociales, culturales y económicas de las familias, así como de la existencia de un posible nivel de deterioro físico o social. Asimismo, la actitud y comportamiento del vecindario, de acogida o de rechazo, de diálogo o de silencio, o incluso de ignorancia o desprecio, orientan al entrevistador sobre el posible nivel de aislamiento, marginación y rechazo en que se encuentra la familia. De tal modo que uno de los primeros requisitos que debe desarrollar el entrevistador es su capacidad de ver, observar y analizar el entorno geográfico, social y humano, requisito indispensable para obtener algunos elementos orientadores sobre la forma más adecuada de acercarse, pero sin que ello lo lleve a prejuicios o conclusiones anticipadas de estas primeras imágenes. La percepción de la persona que recibe, orienta en forma significativa al entrevistador. El aspecto y la apariencia física de las personas permitirá algunas formas de acercamiento. Frente a personas adultas, campesinas, algunas de ellas bien presentadas, con sus ropas limpias y ordenadas, otras, descuidadas, con sus vestimentas sucias y de aspecto desgreñado, con una mirada franca y directa o una mirada huidiza, con una expresión facial de serenidad o con evidencias de temor y sufrimiento, con la cabeza gacha o erguida, el entrevistador deberá elegir el modo más adecuado para presentarse, sopesando las frases, las palabras, los gestos. Antes de iniciar la conversación, el entrevistador debe tener en cuenta que en esta relación que se establece por primera vez, surgirán innumerables connotaciones dadas las características e intenciones tan particulares de ambos interlocutores. El vínculo está definido por la naturaleza y el contenido de la relación, por el tema que ambos tratarán, y que en este caso es un crimen. Uno lo ha sufrido directamente en un miembro de su familia, al otro lo mueve el deseo y la voluntad de conocer la totalidad de los personajes del crimen, víctima y victimario, así como las circunstancias que rodearon este hecho. Es un tema concreto relacionado con la vida y con la muerte el que guiará la relación entre ambos, a pesar de los desvíos o desvaríos de los interlocutores. Uno es el agredido directamente, el otro el que investiga la agresión; pero este último, por haber vivido también la dictadura, está emocionalmente implicado. Consideramos que este proceso comunicativo depende, principalmente, del vínculo que el investigador sea capaz de establecer en este primer encuentro. Es por ello que el investigador debe actuar con la máxima flexibilidad para establecer el diálogo, eligiendo en primer lugar cómo identificarse: trabajador de derechos humanos, perteneciente o no a una institución, partidario o no del régimen, sólo profesional, médico o asistente social, etc.; formas de acercamiento que dependerán indudablemente del período político en que se realiza la investigación: en dictadura o en transición. El entrevistador debe elegir cuidadosamente el momento adecuado para presentar el tema que lo lleva a establecer este primer contacto. No debe ser nunca un interrogador, debe guardar los momentos de silencio necesario para dar oportunidad a los familiares a que se expresen. De igual modo, debe estar atento a las expresiones de los sentimientos, emociones contenidas y posibles perturbaciones de orden psicológico, que en un momento pueden desbordar a la persona entrevistada y al propio entrevistador, limitando en forma importante la relación interpersonal y la obtención de datos, o resultar un factor facilitador si la persona que entrevista logra contener esta catarsis. A pesar de que no es el tema principal de este libro ocuparse en profundidad de los trastornos de orden médicopsicológico producidos por los crímenes, ni las alteraciones del comportamiento derivados de ellos, señalaremos someramente las conductas y las respuestas emocionales más frecuentemente observadas desde los primeros contactos. En un porcentaje muy pequeño los familiares estaban abiertos, dispuestos a colaborar o proporcionar hasta los más íntimos detalles, no mostrando temor ni desconfianza hacia nosotros. Esta actitud fue más frecuente en familias investigadas durante el período de transición o en los casos en que el entrevistado no pertenecía a la familia nuclear. En muy pocas ocasiones, nos encontramos con un rechazo absoluto, se negaron a recibirnos, veladamente nos amenazaron y en una oportunidad nos agredieron soltando sus perros para que nos persiguieran. Posteriormente pudimos comprobar que esta actitud obedecía a que, algunos de ellos, se sentían y estaban realmente vigilados (se trataba de la época de dictadura). En otros, era el cansancio, la frustración y la rabia por haber recibido promesas de ayuda de otros grupos que nunca se cumplieron. La gran mayoría de los familiares, especialmente los entrevistados por primera vez durante el período de transición pero también otros cuyo primer encuentro sucedió en dictadura, colaboraron desde un inicio o al poco tiempo. Sin embargo, es importante destacar que en ambos casos, debido sin duda a la existencia de la impunidad, constatamos la persistencia de actitudes que denotaban temor, miedo, y en algunos casos, incluso terror y pánico. Todos ellos mostraron labilidad emocional que en la mayoría llegó al llanto silencioso o abierto. Un importante número de casos se mostraron incómodos, recelosos, inseguros, llegando algunos de ellos a manifestar una clara desconfianza. Todos los miembros de las 305 familias tenían un recuerdo nítido de los acontecimientos y relataban los hechos represivos hasta en los últimos detalles. El recuerdo había quedado suspendido en el tiempo con toda la carga emocional que el trauma había desencadenado antaño. Además de esto, se comprobó la existencia de sintomatología de tipo depresiva y ansiosa, especialmente en las madres y esposas de los detenidos desaparecidos y ejecutados. En algunos casos el trastorno psicológico era profundo, con alteraciones del juicio de realidad y manifestaciones de orden disociativo. Se comprobaron también numerosos trastornos en la esfera psicosomática, cuyos síntomas ocupaban a veces un lugar predominante en el relato surgido de este primer encuentro. En el trabajo con estos familiares hemos podido comprobar una vez más que la acción destructora producida por los Crímenes de Lesa Humanidad se origina principalmente por la conjunción de dos mecanismos psicopatológicos(1) : los trastornos producidos sobre la persona misma y los derivados de la perturbación de la relación de esa persona con el otro. Ambas alteraciones se unen, se interrelacionan, se potencian. En algunos familiares eran más evidentes y predominantes los trastornos del sí mismo, en otros era más notoria la constitución progresiva de un núcleo de desconfianza, pero en unos y en otros, ambos tipos predominantes de perturbación eran generadores de síntomas o conductas difíciles de comprender. En la génesis de la desconfianza, al parecer, existía un doble mecanismo: por un lado, la pérdida de la autoestima por el sufrimiento y conducta tenida ante la agresión y, por otro, la destrucción de la con fianza humana producida por la interacción con los responsables. El accionar de los agresores durante los allanamientos, el secuestro o la tortura, había destruido el significado que en condiciones normales tiene la relación con el otro. El vínculo que habitualmente es formador, entregador de afecto, conocimientos y prácticas, de creación de valores, de proyectos, ideales y con el tiempo constructor de recuerdos predominantemente positivos, había quedado destruido. La relación creada con los responsables en caso de haberse encontrado frente a frente con ellos, o con el hechor imaginado en el caso de los familiares detenidos desaparecidos o ejecutados, en que ellos no fueron testigos del secuestro o asesinato, había provocado un recuerdo per verso, destructor de la persona en si misma, pero muy especialmente de la relación con los otros. De este modo, el traumatismo psíquico producido por los crímenes, con la negación y ocultamiento de los responsables, se había transformado en un sufrimiento continuo. Si bien se había iniciado en un día y en un espacio determinado, a causa de la impunidad este sufrimiento discurría por siempre y en todos los ámbitos de la persona y muy especialmente en la vida de relación con el otro y en su vinculación social. Por todo lo anteriormente descrito, el análisis y discusión de los sentimientos, deseos y modos de intervención del entrevistador, constituyen la herramienta básica para la construcción del vínculo de confianza. Vínculo de confianza indispensable para el reestablecimiento de la intersubjetividad perdida. Antes de establecer el primer contacto con el familiar, es necesario que el entrevistador se pregunte a sí mismo quién es él, por qué y para qué desea hacer este trabajo. Será de interés que las motivaciones y habilidades puedan ser discutidas por el conjunto del equipo, situación que no se cumplió en nuestro caso lo cual no provocó consecuencias graves, pero significó importantes limitaciones. Tampoco tuvimos, sobre todo durante los primeros años, la posibilidad de hacer evaluaciones rigurosas. Todas estas deficiencias se debieron, tal vez, a falta de conceptos y parámetros previos, a inexperiencias, a temores, pero muy especialmente, a la urgencia de responder al continuo de agresión humana vivida bajo dictadura y a impedir la impunidad que se avecinaba. Por otra parte, los miembros del equipo multidisciplinario, a pesar de que la mayoría no había sufrido directamente la agresión, habían estado todos ellos inmersos durante años, al igual que los familiares, en un clima de violencia y de crímenes. Por lo tanto, consciente o inconscientemente tenían, en mayor o menor grado, temores o desconfianzas. Temor que, según las circunstancias, alcanzaba las dimensiones del miedo, lo que impidió en algunas ocasiones una relación inicial natural y abierta. Resulta fundamental por tanto, que el investigador antes de establecer el primer contacto esté informado sobre el hecho represivo, tenga algunos datos de quién era el familiar detenido desaparecido o ejecutado, conozca las características del lugar y sepa de los acontecimientos sociales, políticos y represivos que allí ocurrieron. Llegado al lugar, es recomendable tomar en consideración lo siguiente: elegir cuidadosamente la hora en que se va a realizar la entrevista; dar tiempo a que el familiar elija el lugar para conversar; no marginar inicialmente a ningún miembro de la familia que se encuentre presente. Además de las observaciones señaladas en cuanto a forma de presentación y lenguaje a utilizar, el entrevistador debe evaluar el momento y la forma en que va a iniciar la obtención de los antecedentes dando prioridad a uno u otro contenido (personas, responsables, hechos, circunstancias) según sea el discurso de los familiares. El entrevistador debe tener una actitud abierta y acogedora frente a los múltiples temas que pueden ser planteados y que muchas veces no están relacionados con el hecho represivo sino con la situación de vida actual de la familia. El entrevistador debe permitir al familiar cumplir un papel protagonice tanto en lo que se está dialogando como en la posibilidad de que él asuma un rol más activo en la búsqueda de la verdad. En los casos que el entrevistador sólo tenga el nombre del posible detenido desaparecido o ejecutado y desconozca los antecedentes generales e ignore el lugar de residencia de la familia, debe tener una actitud muy cautelosa para preguntar adecuadamente al vecindario sobre cómo ubicar a esa familia. Esta actitud de cautela se debe a que muchos familiares se molestan y se sienten recelosos de que sus nombres fueran indagados por personas desconocidas. De suma importancia es estar preparado para dar una respuesta adecuada frente a reacciones emocionales graves e incontrolables. Indudablemente, los profesionales de la salud (médicos, psicólogos, trabajadores sociales), dada las características del universo de personas con que se trabaja, son los que mejor pueden enfrentar este tipo de manifestaciones. Ello no siempre es posible, por lo cual es necesario que el entrevistador sin formación en temas de salud maneje ciertos conocimientos indispensables para no verse desbordado frente a tales eventualidades. Nota: 1. El término psicopatológico es ambiguo. E. Minkwoski, considera que la psicopatología es ante todo la psicología de lo patológico más que una simple patología de lo psicológico. Capítulo VI El trabajo con grupos, una experiencia inicial 1. Antecedentes.(1) El trabajo en terreno nos permitió comprobar, en forma directa y vivencial, las graves y profundas repercusiones que los crímenes habían producido en las personas, las familias y en las pequeñas comunidades rurales donde trabajamos. Como Equipo de Salud Mental nuestra práctica de atención se había realizado hasta entonces principalmente en forma individual o familiar, tanto con personas liberadas como al interior mismo de las cárceles y casi no teníamos experiencia práctica en intervenciones de tipo grupal en personas afectadas por la represión política. En el transcurso mismo de la investigación surge como una necesidad ineludible brindar orientación y apoyo integral a las personas con que trabajábamos. Los pocos recursos profesionales y el número cada vez mayor de familiares solicitando apoyo, nos llevó a privilegiar el trabajo grupal, el que se realizó en una de las tres regiones estudiadas (X Región). El proceso de investigación sobre Verdad y Justicia iniciado en 1988, todavía bajo dictadura, nos había permitido establecer los primeros vínculos con los familiares y elaborar un libro que relataba la magnitud y las características de las violaciones a los derechos humanos ocurridos en la región. Como señalamos, en el transcurso de este proceso de investigación-acción, de establecimiento del vínculo y en los contactos ulteriores con los familiares, pudimos acercarnos a una primera aproximación diagnóstica integral de carácter biopsicosocial de las familias afectadas. El trabajo grupal se inició en 1990, época en que los familiares vivían de manera muy particular el período de transición democrática. Esto conllevó una actualización y un renovado impulso de la denuncia de los hechos represivos ocurridos en la región, tendiente a develar la verdad de lo acontecido: la ejecución y/o desaparición forzada de personas por agentes del Estado. El nuevo gobierno, como relatamos, creaba una comisión de esclarecimiento de los crímenes cometidos durante los diecisiete años de dictadura. Por una parte, los testimonios que nos entregaron los familiares, la elaboración del libro "Chile. Recuerdos de la Guerra" sobre los hechos represivos, incluyendo el perfil humano de las víctimas y el nombre de los responsables, y por otra parte, los testimonios entregados por los mismos familiares y/o testigos directos de los crímenes a la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (CNVR), significó todo ello la reactualización del recuerdo de hechos particularmente dolorosos con reaparición de vivencias y de afectos ligados a ellas. Sentimientos de rabia, de tristeza, de culpa, de impotencia, en un contexto de marcada ansiedad, volvieron a invadir a los familiares, quienes manifestaron diferentes niveles de angustia y depresión. Una vez publicado el Informe oficial del Gobierno, los familiares experimentaron un cierto alivio, ya que se sintieron socialmente menos estigmatizados. La sociedad chilena se enfrentó por primera vez con la verdad de las graves y sistemáticas violaciones del derecho a la vida, verdad reconocida oficialmente por el Estado. Además, el Informe introdujo la idea de reparación la que tomó cuerpo en una ley que puso el énfasis en medidas de reparación material, otorgándole un menor rango a la reparación jurídica. Los familiares reaccionan de manera intensa y contradictoria frente a estas medidas. Evidentemente, ante al develamiento de la Verdad, del reconocimiento de las graves violaciones de derechos humanos con sus consecuencias de muerte y desaparecimiento, surgió naturalmente en los familiares el legítimo deseo de justicia: que se sancione a los responsables de los crímenes cometidos. En la medida que la justicia tardaba, aparecieron deseos de venganza, teñidos de sentimientos de culpa, de sentimientos de impotencia, lo que lleva nuevamente a los familiares a una situación subjetiva de indefensión, de marginación social. VI. 2. Características de los grupos. La conformación de los gmpos se hizo a través de convocatorias formuladas durante las reuniones de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Invitamos a los familiares a participar en grupos de no más de diez personas, con el propósito de poder conocerse mejor, de intercambiar experiencias personales, de apoyarse mutuamente, de aprender sobre la realidad social, de resolver dudas, de vencer los temores, de salir del aislamiento. Se constituyeron dos grupos que nos parecieron ser bastante homogéneos respecto de la problemática de la violación del derecho a la vida y con características socioculturales comunes. Se trataba de personas de origen campesino, con escaso nivel de instrucción e incluso algunos analfabetos, de bajos ingresos o cesantes. Sin embargo, había heterogeneidad respecto de sus creencias religiosas y/o políticas; respecto de la edad, el rango fluctuaba entre 19 y 81 años; a nivel de género había predominio de mujeres. Estos dos grupos pertenecían a diferentes provincias de la X Región. Un primer grupo se reunió en nuestra propia sede y funcionó en sesiones quincenales. Se trató de un grupo cerrado y con tiempo limitado. En cambio, el otro grupo ubicado en una ciudad más distante, fue abierto y sin tiempo límite preestablecido. Funcionó una vez al mes y asistió un mayor número de personas, las que se distribuyeron en 2 grupos de no más de 10 personas cada uno. Se hicieron 20 sesiones en total. La modalidad de funcionamiento de este segundo grupo estuvo determinada, en parte, por los rasgos propios de la población (dispersión geográfica de los lugares de residencia, lejanía de la ciudad) lo que no les permitía viajar más frecuentemente y, en parte, por nuestras propias limitaciones. VI. 3. Propósitos. Nuestra intención era poder acompañar a los familiares de detenidos desaparecidos y de ejecutados políticos en la elaboración de la experiencia traumática en un contexto grupal que les sirviera de soporte emocional y que facilitara la resocialización. En primer lugar, nos propusimos propiciar la recuperación de la autoestima, interviniendo en aspectos dependientes de la persona misma y de sus relaciones cercanas, a través de: • Reforzamiento de roles (madre, esposa, hija, dueña de casa, etc.) • Reforzamiento de vínculos interpersonales, sobre todo familiares. Un segundo propósito era facilitar la socialización de vivencias y sentimientos asociados a la experiencia represiva, para contribuir al desarrollo de procesos de reorganización emocional y cognitiva de nuevos procesos de significación de lo vivido. Para el logro de este propósito tendimos a: • Facilitar la expresión de las emociones, odio, rabia, miedo, pena, dolor, etc. • Propiciar la expresión de sentimientos de vergüenza, de culpa, de venganza, de incapacidad, de impotencia. • Abordar los efectos tanto en el plano psicológico, subjetivo, como también en el plano de las repercusiones sociales de las medidas del gobierno: Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (CNVR), publicación del Informe de esta Comisión, Ley de Reparación para los familiares concernidos. • Entregar más elementos de conocimiento sobre la situación sociopolítica actual y pasada, abordando los significados del golpe de Estado, de la represión política, de las medidas actuales de reparación, etc. Como tercer propósito, surgió la necesidad de estimular la re-creación de los lazos sociales y facilitar la integración de los familiares al medio comunitario. Por un lado, reforzando los roles sociales y, por otro, proponiendo la conformación de un grupo que jugara un rol de contenedor cálido de las vivencias expresadas. Para los familiares que lo conforman, este grupo es propuesto como un modelo de interacción factible de reproducirse en otras situaciones, en otros contextos. VI. 4. El método empleado. Los grupos se desarrollaron en un tiempo y espacio definidos con anticipación. Se solicitó a los participantes la puntualidad y la asistencia a todas las sesiones, en la medida que la presencia de cada persona era necesaria y fundamental para el desarrollo del grupo. Sin embargo, nunca se excluyó a nadie por inasistencias previas. Adaptamos el horario a la posibilidad de acceso de las personas (horarios de transporte interurbano, horarios de trabajo y/o responsabilidades en el hogar, etc.). El espacio físico fue suficientemente amplio, temperado, facilitando la participación activa de las personas en un contexto agradable y cómodo. Se trataba de salas de reuniones de nuestro local o de otras instituciones. La duración de las sesiones fue de 90 minutos en promedio, llegando algunas de ellas a durar más de 2 horas por el interés de los participantes en informarse, intercambiar opiniones, expresar dudas y temores. Esto ocurrió, por ejemplo, cuando se trató el tema de las medidas oficiales de reparación. En cada grupo participaban dos facilitadores. Uno de ellos era un profesional psicólogo (terapeuta). Tuvo la responsabilidad general de conducir la sesión: orientar el desarrollo de la dinámica grupal, solicitar la participación, acoger las intervenciones, contener la carga emocional intensa, facilitar el intercambio entre las personas, sintetizar los contenidos más relevantes, sus posibles significados y devolverlos al grupo, rescatar experiencias positivas, habilidades y destrezas individuales y concluir la sesión. El segundo facilitador (coterapeuta), fue un profesional asistente social, antropólogo y/o educador, que tenía un mayor conocimiento de los familiares por haber participado directamente en el proceso de investigación sobre la verdad que precedió a la constitución de los grupos. Su rol fue secundar estrechamente al terapeuta, reforzando sus intervenciones, facilitando el desarrollo de actividades de dinámicas grupales programadas, acogiendo intervenciones de las personas que no habían sido suficientemente escuchadas o entregando contenidos informativos y/o educativos cuando procedía. Las sesiones de grupo fueron grabadas íntegramente y luego transcritas, informándose de ello a los participantes, como un medio para trabajar los contenidos vertidos, las expectativas formuladas y poder así preparar mejor las próximas sesiones y evaluar el trabajo grupal. En casi todas las sesiones, como elemento facilitador, se usó una "dinámica" que permitió a las personas expresarse verbalmente, haciendo una actividad compartida. En estas dinámicas se rescataron técnicas de educación popular, adaptadas algunas veces según los objetivos de cada sesión. También se usaron dinámicas que permitieron revelar procesos psicológicos más reprimidos o anulados. Se pueden señalar cuatro momentos importantes: • Evaluación general de lo que fue el encuentro grupal anterior, con participación activa de todos los miembros del equipo. Esta evaluación compartida es restituida al grupo en la próxima sesión en sus aspectos más relevantes. • Delimitación del tema central que se trabajaría en la próxima sesión. Esto lo hicimos teniendo presente, por un lado, las necesidades que surgen desde los miembros del grupo: profundizar, aclarar, expandir, problematizar los contenidos vertidos y, por otro lado, nuestros objetivos como tela de fondo. También el tema central puede ser un hecho de la realidad que concierne directamente a los familiares, por ejemplo, la Ley de Reparación propuesta por el gobierno de transición. • Preparación del material y elaboración de las "dinámicas" más apropiadas (juegos, cuentos, etc.). • Recapitulación de lo que hicimos. A menudo esto adquirió la forma de una minidramatización, que nos sirvió para compartir vivencias, explicitar dudas y también para descubrir y entender mejor la naturaleza del trabajo, que a veces apareció reñido con la ortodoxia aprendida en nuestra formación profesional. Es así como el cronograma de los temas y contenidos abordados en cada sesión fue variable en función de cada grupo. Para mayor claridad describiremos resumidamente el desarrollo de 8 sesiones de uno de los grupos. Sesión Nº1: Proponemos una dinámica de presentación individual y trabajar en grupo "cómo hemos vivido todos estos años" (1973-1990). Muy rápidamente, todos los participantes relatan el hecho represivo particular, vivenciando intensamente los afectos ligados a la situación traumática. Sesión Nº 2: Proponemos una dinámica proyectiva relativa al familiar muerto, con la idea de avanzar en la elaboración del duelo que aparecía congelado y/o inconcluso. Las personas del grupo se inhiben, incapaces todavía de situarse en esa relación imaginaria con su familiar. Sesión Nº 3: Proponemos una dinámica que nos permite conversar sobre la Ley de Reparación: reconstitución de la palabra reparación, a partir de cada letra, y que cada participante otorgue un significado a esta palabra desde su propia realidad. Esta sesión permitió acercarse a las medidas reparatorias del gobierno de una manera menos contradictoria, menos culposa; de admitir esta Ley de Reparación como un derecho. Sin embargo, los familiares manifestaron la necesidad de castigar a los culpables del daño cometido, como la principal manera de obtener una reparación, de hacer realmente justicia. Ellos sentían que al aceptar la reparación material sin justicia, se hacían cómplices de la impunidad. Sesión Nº 4: Se propone una dinámica de conocimiento personal (de mostrar algunos objetos personales que llevaban consigo). Resultó muy interesante el intercambio entre las personas, todas participaron. La mayoría de ellas llevaba entre sus objetos personales algún recuerdo de su familiar muerto o desaparecido. Se lograron importantes niveles de intercambio sobre esa persona, sobre otras personas de la familia, sobre los roles de cada cual, sus intereses, sus proyectos, etc. Se abordó tímidamente la problemática del duelo del familiar. Sesión Nº 5: Se propone abordar el tema de los Derechos Humanos, facilitado por una dinámica de recortes en los cuales la persona debía identificar uno de éstos. Más allá del derecho a la vida, nos proponíamos acercarnos a la identificación integral de los Derechos Humanos, de poder nombrarlos y reconocerlos y de hacerlos valer y respetar. La participación fue desigual, pero al final se logró compartir respecto del tema propuesto. Sesión Nº 6: Por algunos minutos se propone trabajar en parejas, conversando sobre la historia de vida y sobre la manera de ser de cada cual y luego, en grupo, decir lo que cada uno piensa del otro. Se produce un rico intercambio, con mucho sentido del humor y confianza, abordándose diversos temas, como el temor al ridículo, la vergüenza, la confianza en sí mismo y en los otros, etc. Sesión Nº 7: Se propone una dinámica tendiente a representar a su entorno: grupo familiar, grupo de amigos. Todos escogieron hablar de las personas con las cuales tienen vínculos afectivos más importantes. La mayoría de los participantes representa vínculos familiares más que de amistades. Se aborda la problemática de la desconfianza/ de la estigmatización social. Las personas abordan nuevamente la problemática de la pérdida de su ser querido en un proceso de duelo inconcluso, contrastándolo con otros duelos por muerte natural en la familia. Sesión Nº 8: Proponemos una sesión de evaluación participativa, con ayuda de una dinámica de tarjetas conteniendo una aseveración. La participación de las personas fue muy buena. Sentimos que, tal vez, las tarjetas estaban de más, ya que las personas verbalizaban sin problema, intercambiando opiniones, reflexionando entre ellas y con nosotros. VI. 5. Evaluación. Como parte de la metodología de evaluación del trabajo grupal, se usó el análisis de contenido. El objetivo del análisis del discurso consiste en poder evidenciar los temas más relevantes que han sido objeto de preocupación para los familiares y poder acercarnos a la expresión del sufrimiento, sea como quejas, malestares o síntomas, y acercarnos también a sus posibles causas y formas de abordaje terapéutico. La unidad de lenguaje en que se basa este análisis es la idea, entendiendo que nos importa el contenido de las representaciones más que la forma discursiva. Los temas centrales que aparecieron fueron: 1. No poder hablar. No poder expresarse, la imposibilidad de formular frases expresando pensamientos, sentimientos, deseos. Las palabras que puedan significar lo traumático de lo vivido no se encuentran. Parecen no existir. 2. El miedo. Miedo de ser ellos mismos amenazados o miedo de sufrir el desamparo, la marginalidad social. 3. El cuerpo habla. En oposición al "yo no puedo hablar", esta representación enuncia las diferentes quejas: el dolor somático, las enfermedades físicas y la larga serie de síntomas psicosomáticos enunciados como múltiples pérdidas corporales: pérdida del peso, del sabor, del apetito, de las ganas de vivir, del placer sexual, alcanzando el paroxismo con la pérdida de conciencia. Sobre este fondo de inhibición del lenguaje verbal y afectivo, de sentimiento íntimo de miedo y de reacciones corporales diversas, se desprende con una nitidez en general aterradora, el recuerdo crudo, brutal, del evento represivo desencadenando una violenta e intensa descarga afectiva. 4. La muerte. a) Insistencia en la búsqueda de las pruebas de la muerte, en conocer detalles relacionados con la ejecución o con la desaparición forzada del familiar. b) Negación de la muerte. Esta representación se opone a la anterior y alterna con ella en cada familiar. No pueden aceptar la realidad de la muerte, expresando, por ejemplo, la creencia de que el detenido desaparecido podría en cualquier momento sentarse a la mesa familiar. c) Relación más íntima y subjetiva con el muerto: diálogo imaginario, llevar consigo un objeto del familiar, imaginar lo que pensaría el muerto de la situación actual. d) Expresión de afectos, sentimientos y pasiones asociadas al recuerdo del evento traumático: dolor moral, tristeza, rabias, deseos de morir, deseos de matar a los responsables. 5. La culpa. Numerosas son las expresiones de sentimientos de culpa, sobretodo de las madres de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos que alternan, sin embargo, con sentimientos de odio y venganza 6. La reivindicación de justicia. La verdad y el castigo a los responsables como condiciones necesarias para sentirse mejor, para quedar en paz consigo mismo y con el familiar ejecutado o detenido desaparecido. VI. 6. Reflexiones. El trabajo con grupos fue otra forma de intervención con las familias y formó parte de un objetivo más amplio y permanente, cual es la búsqueda de un enfoque y tratamiento integral para las personas, las familias y las comunidades víctimas del terrorismo de Estado y la impunidad. En el logro de dicho objetivo, el trabajo grupal es un eslabón más donde el acento estaría puesto en proponer un espacio facilitador para la verbalización, el intercambio y la elaboración subjetiva de las experiencias traumáticas, un espacio facilitador de los procesos de recuperación de la autoimagen y autoestima, un espacio facilitador de la reconstrucción de la dimensión social de las personas. Los grupos formados lograron en gran medida alcanzar estos propósitos, constituyéndose en un espacio terapéutico valioso para los familiares. Por otra parte, fue de suma importancia introducir en las sesiones elementos educativos referidos, por ejemplo, a la realidad de la situación de la violación de los Derechos Humanos, del curso de las medidas de esclarecimiento y de reparación promovidas por el Gobierno, a la situación jurídica y social, y muchos otros aspectos que otorgaran a la persona elementos para comprender y analizar las situaciones pasadas o presentes de violaciones de Derechos Humanos. Se facilitó así la elaboración subjetiva y se contribuyó a resignificar las vivencias traumáticas tanto a nivel personal como grupal. Debido a la naturaleza misma de la traumatización extrema que vivieron estas familias y que provocó una grave distorsión de los procesos psicológicos involucrados, así como a la imposibilidad de realizar un trabajo habitual de duelo, creemos que para la persona resulta difícil, sino imposible, profundizar la elaboración de estas problemáticas en una instancia grupal. Pensamos que, en general, es necesario que los familiares accedan primeramente a la elaboración psíquica individual de la experiencia traumática vivida, para poder aliviar la compleja sintomatología que muchos presentan. En un segundo tiempo, como un telón de fondo, especialmente en los familiares de detenidos desaparecidos, se podrá abordar la problemática del duelo. Se trata de un tipo muy particular de duelo, ya que en él la prueba de la realidad de la muerte está ausente. Los hechos indirectos que aproximan a los familiares a la realidad de la muerte no son suficientes y, más aún, suscitan procesos psicológicos defensivos y/o regresivos que se traducen en la aparición de verdaderos estados de shock postraumático o en la aparición de mecanismos de negación. Los familiares de detenidos desaparecidos viven un estado de conmoción psíquica. Cada persona reacciona, sin embargo de manera particular con un cortejo de síntomas. Por último, queremos señalar que consideramos el trabajo grupal como una herramienta válida de intervención terapéutica en estos casos. Más aún, cuando un organismo de Derechos Humanos inicia un proceso de esclarecimiento de los crímenes directamente con los familiares. Este trabajo reactiva la vivencia de los sucesos traumáticos y no es posible dar una respuesta individual dado el gran universo de personas con que se trabaja. Como no todos los equipos que trabajan en Chile o en el extranjero con esta problemática pueden contar con los recursos necesarios y, en particular, con la necesaria instancia de supervisión, recomendamos abordar la problemática de Violación del Derecho a la Vida con equipos multidisciplinarios, en que cada miembro haga aportes, desde su campo teórico y desde su quehacer, a un trabajo común respetando al mismo tiempo la especificidad de los roles. Es indispensable además, dado los dramáticos contenidos que aparecen en estos grupos con familiares de víctimas, realizar un trabajo de preparación individual y colectiva de todos los miembros del equipo que habrán de participar. Deberán considerarse, asimismo, metodologías que definan desde el espacio físico y el tiempo a utilizar hasta los contenidos y las técnicas específicas que se emplearán en cada sesión, incorporando elementos educativos que ayuden a la comprensión y análisis y realizando, por último, un registro detallado y una evaluación que permita una sistematización crítica de cada sesión y de todo el proceso. Notas: 1. Los contenidos de este artículo fueron publicados, con algunas modificaciones, en el segundo Volumen del Libro "Persona, Estado y Poder". CODEPU-DIT-T. 1996. Capítulo VII El proceso de intervención jurídica 1. Introducción. Al trabajar estrechamente con los familiares en el esclarecimiento de los crímenes, pudimos constatar los graves y profundos trastornos provocados en las personas y en la sociedad, agravados por la evidencia de que los responsables quedarían no sólo en la impunidad sino íntegros en sus cargos y en su mandos. Esto nos llevó a incorporar en nuestro trabajo en forma permanente profesionales jurídicos. El trabajo jurídico se desarrolló durante el período de transición a la democracia y en un marco legal adverso para avanzar en la verdad y la justicia, determinado por el proceso de impunidad impuesto por la Ley de Amnistía, por la ampliación de la competencia de la justicia militar, por la falta de colaboración de las Fuerzas Armadas y por la actitud obsecuente o negativa del Poder Judicial. A esta realidad se sumaría el estrecho marco jurídico fijado para la instancia inicial creada por el Estado para asumir la labor de esclarecimiento, la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, a la cual se quitó toda posibilidad de intervención jurídica. En efecto, el Decreto Supremo 355, que creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, determinó que sus atribuciones en el ámbito judicial se limitaban solamente a enviar antecedentes a los tribunales mediante denuncia. Así el Art. 2° inciso 2°, decía: "si ésta -refiriéndose a la Comisiónen el ejercicio de sus funciones... recibe antecedentes sobre hechos que revistan caracteres de delito, los pondrá sin más trámite a disposición del Tribunal que corresponda". Por otra parte, el Informe final de la Comisión señalaba en el capítulo "Envío de Antecedentes" que "en cumplimiento de esta obligación la Comisión procedió a enviar todos los antecedentes que reunió y que revistieron las características de una inhumación ilegal, para así cumplir también con la colaboración que a los tribunales se debe para el conocimiento de la suerte o paradero de los detenidos-desaparecidos. En los restantes casos, la Comisión decidió enviar a los Tribunales todos los antecedentes reunidos que tuvieran característica de novedad, utilidad y relevancia para las investigaciones". Además el Informe señalaba que "...cuando los antecedentes reunidos por la Comisión para un caso determinado no excedieron a aquellos que ya se encontraban en poder de los Tribunales de Justicia o cuando los reunidos no parecieran relevantes para una investigación judicial, se omitió el envío de antecedentes a los tribunales, a objeto de hacer a estos sólo presentaciones responsables que pudieran tener algún efecto". Agregando que "en ningún caso la Comisión dejó de enviar antecedentes a los Tribunales por consideraciones tales como que la acción penal pudiera encontrarse prescrita o que a su respecto pudiera aplicarse la Ley de Amnistía. La Comisión estimó que tales decisiones corresponde siempre a los Tribunales de Justicia y que, en consecuencia no procedía que ella calificara estas circunstancias". Lo anterior, demuestra que la Comisión discriminó respecto de los antecedentes que se enviaban o no a los tribunales, de tal manera que muchos de ellos no fueron traspasados a los juzgados respectivos. La comisión cumplió así, principalmente, una labor administrativa que no significó para ella ninguna responsabilidad jurídica posterior, quedando su papel restringido a la de un mero denunciante . Esta aseveración quedó demostrada por el hecho que de una cifra superior a las dos mil víctimas calificadas en ese momento con convicción, se enviaron a los tribunales alrededor de 300 casos, quedando muchas familias sin la posibilidad de que su denuncia fuera conocida e investigada por la justicia. En las tres regiones investigadas por nosotros, la Comisión envió a los tribunales antecedentes sólo de 66 víctimas, de las cuales, 20 correspondían a la VIL 17 a la IX y 29 a la X Región. El envío de estos antecedentes se hizo en forma directa y secreta a los tribunales, sin informar a los familiares y tampoco a los organismos de Derechos Humanos. Pero, este procedimiento no fue acompañado de ningún tipo de asistencia jurídica a los familiares cuyos procesos iban a ser reabiertos. Es más, a través de una carta "incomprensible", de un día para otro, los familiares fueron convocados "bajo apercibimiento de arresto" a presentarse ante los tribunales sin mtormarseles ei por que de la citación. Por otra parte, en el Informe se explicitaba que "al enviar los antecedentes a los Tribunales, la Comisión cuidó de respetar las normas establecidas en el D.S. que la creó, de guardar la identidad de aquellas personas que quisieron declarar bajo reserva absoluta ante ella". En efecto, el Art.2° del D.S. que la creó, textualmente dice: "...en caso alguno la Comisión podrá asumir funciones jurisdiccionales propias de los Tribunales de Justicia, ni interferir en procesos pendientes ante ellos. No podrá en consecuencia, pronunciarse sobre la responsabilidad que con arreglo a las leyes pudiera caber a personas individuales por los hechos de que haya tomado conocimiento". En consecuencia, producto de estas exigencias legales, se ocultó la identidad de los responsables. El estrecho marco jurídico determinado para la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación también fue impuesto a la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, organismo continuador de la labor de la Comisión, creado mediante Ley Nº19.123, publicada en el Diario Oficial el 8 de febrero de 1992. Así, en el Art.4° se señala que "en caso alguno la Corporación podrá asumir funciones jurisdiccionales propias de los Tribunales de Justicia ni interferir en procesos pendientes ante ellos. No podrá, en consecuencia, pronunciarse sobre la responsabilidad que, con arreglo a las leyes, pudiese caber a personas individuales... Si en el cumplimiento de sus funciones la Corporación tuviese conocimiento de hechos que revistan caracteres de delito, deberá ponerlos, sin más trámite, en conocimiento de los Tribunales de Justicia". A su vez, su tarea de continuar calificando la calidad de víctima, "con convicción o sin convicción", quedó establecida en el Art.2°, Nº 4: "Recopilar antecedentes y efectuar las indagaciones necesarias para dictaminar en aquellos casos que conoció la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y en que no le fue posible formarse convicción respecto de la calidad de víctima de violaciones a los derechos humanos o de la violencia política del afectado o respecto de casos de la misma naturaleza, sobre los que no tuvo conocimiento oportuno o, habiéndolo tenido, no se pronunció sobre ellos por falta de antecedentes suficientes". Como hemos visto y veremos aún con mayor precisión más adelante, el marco legal determinado en el período de transición provocó nuevas y complejas alteraciones en la salud mental, no sólo en los familiares más directos sino también en amplios sectores de la sociedad que habían sufrido otras formas de violación de los derechos humanos como fue la persecución, la cárcel, la tortura, el exilio masivo, entre algunas de las acciones más directas del terrorismo de Estado ejercido durante la dictadura. Asimismo, los parámetros jurídicos impuestos por la dictadura y dejados intactos por el gobierno de transición, obstaculizaron la labor de justicia que como organismo de Derechos Humanos intentamos desarrollar con el fin de apoyar a los familiares en el esclarecimiento y en el logro de la necesaria e imprescindible justicia frente a los Crímenes de Lesa Humanidad. Más grave aún se tornó este problema cuando la principal ONG de Derechos Humanos, "Vicaría de la Solidaridad"(1), existente desde el inicio de la dictadura, en diciembre de 1992 decidió poner término a su labor: "...en atención al contexto democrático que vive nuestro país y a la necesidad de concentrar los recursos disponibles para su trabajo solidario en aquellos problemas que actualmente parecen más urgentes". La Vicaría traspasó su labor jurídica hacia otros organismos de Derechos Humanos. A nuestra institución fueron derivados la totalidad de los casos de prisión política, y a la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC)(2), los casos de detenidos desaparecidos y ejecutados. Ninguna de estas dos instituciones contaba con recursos humanos y materiales suficientes para asumir estas trascendentales tareas. En nuestro caso, decidimos solicitar a FASIC su apoyo e intervención jurídica en relación a las violaciones del derecho a la vida constatadas en las tres regiones descritas. VII. 2. Objetivos y métodos. Nuestro principal objetivo era obtener justicia, oponiéndonos definitivamente a la impunidad existente. Para ello requeríamos profundizar en el conocimiento del número real de víctimas; subsanar un aspecto esencial que el Estado había omitido, esto es, la identificación de los responsables de los Crímenes de Lesa Humanidad; e iniciar junto a la familia un proceso de restablecimiento de su dignidad, de su confianza. Estos objetivos nos llevaron a plantear las siguientes preguntas: • ¿Cuál era el número real de víctimas en cada región ? • ¿Cuál era el número de procesos existentes ? • ¿Cómo había sido el comportamiento de los tribunales en cada una de las regiones? • ¿Cuáles eran las características propias de la localidad y de los familiares? • ¿Existía un interés real de parte de los familiares por llevar a cabo procesos judiciales? • ¿Tenía nuestra institución recursos humanos y materiales suficientes para realizar el trabajo jurídico? Para dar respuesta a estas interrogantes desarrollamos un método de investigación y elaboramos instrumentos apropiados para ello: una ficha jurídica de Verdad y Justicia, una base computacional y un mapa jurídico. La ficha de Verdad y Justicia (Anexo N° 1) nos permitió registrar, analizar y sistematizar cada caso desde una perspectiva jurídica. Ella incluía la situación represiva, antecedentes de los hechos, aspectos jurídicos y antecedentes de la persona que realizó ante los tribunales las denuncias previas así como de la persona que solicitaba actualmente la atención o tramitación de su caso. A partir de la ficha de Verdad y Justicia conformamos una base de datos computacional, en la cual se pudo sistematizar y analizar la situación de cada una de las víctimas y el número de procesos existentes en cada región, lo que nos permitió construir un mapa jurídico. El mapa jurídico lo realizamos en las tres regiones, trabajando conjuntamente con los otros miembros del equipo, con miembros de agrupaciones de familiares, con abogados de regiones que previamente habían trabajado en las Vicarías zonales, y con personas solidarias; luego confrontamos nuestros datos con los proporcionados por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. Todos los antecedentes recopilados fueron analizados por el conjunto del equipo y por profesionales expertos en análisis computacional. De este modo, la ficha de cada víctima fue completándose progresivamente para ser luego sometida a un estudio que nos permitiera, desde una perspectiva jurídica, decidir lo que podíamos hacer en cada caso. Al mismo tiempo que realizábamos este mapa jurídico, entregábamos orientaciones para seguir investigando nuevos antecedentes o para apoyar a los familiares que estaban durante este período recurriendo a la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. Asesorábamos a los familiares que intentaban reabrir sus casos e iniciar un proceso jurídico, así como continuábamos brindando asistencia jurídica, social y de salud mental en los casos ya abiertos en tribunales. Este trabajo inicial se hizo en forma itinerante. No teníamos posibilidades de contratar un profesional estable. Al llegar a las regiones, centrábamos nuestro quehacer respecto al proceso de investigación de los casos nuevos y sin convicción que debían presentarse para su calificación ante el organismo estatal. Esto nos permitió confirmar el número de procesos y el estado jurídico en que se encontraba cada uno de ellos: abierto o sobreseído, en forma temporal o definitiva. Pudimos comprobar que sólo en 90 de los 305 casos que constituían nuestro universo de estudio, se había iniciado previamente algún tipo de acción judicial. En tanto que en 215 casos los familiares no habían podido realizar ningún tipo de gestión jurídica (Cuadro Nº1). Cuadro Nº1: Violación del Derecho a la Vida. Distribución con o sin acción judicial tras el hecho represivo [n =305] Con acción judicial..............................................90 Sin acción judicial.............................................215 De los 90 casos, 58 correspondían a una denuncia. Únicamente en diecisiete de ellos se habían presentado querellas; es decir, en 215 casos de muertes o desaparecimientos, ni las familias ni ningún organismo de Derechos Humanos, durante los diecisiete años que duró la dictadura, había realizado algún tipo de gestión ante la justicia. Solamente en tres personas se había presentado un recurso de amparo (Cuadro Nº2). Cuadro Nº 2: Violación del Derecho a la Vida. [n = 90] Distribución según tipo de acción judicial emprendida tras el hecho represivo Recurso de Amparo...........................................3 Otros.......................................................2 Querella...................................................12 Denuncia...................................................17 También establecimos que en las tres regiones existía una gran dispersión respecto del diagnóstico jurídico de cada uno de los procesos, y por otra parte, comprobamos la demanda urgente de asistencia jurídica que nos planteaban los familiares. A partir de esta realidad y con el propósito general de obtener justicia, impedir la impunidad e iniciar junto a las familias un proceso de restablecimiento de la dignidad y la confianza, determinamos los siguientes objetivos específicos: • Contribuir a profundizar y ampliar el conocimiento de la realidad certificando nuevos casos. • Lograr la convicción para aquellos que, siendo conocidos y estudiados por nosotros en la etapa de verdad, no habían logrado convicción respecto a su calidad de víctima por parte de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. • Entregar asistencia jurídica a los familiares en los procesos presentados a los tribunales por la Comisión de Verdad y Reconciliación y que se encontraban abiertos. • Presentar querellas, en los casos que fuera necesario, ya sea para reabrirlos cuando estaban sobreseídos temporalmente o para abrir un proceso. • Ayudar y acompañar en los trámites para obtener los beneficios de "reparación estatal" a aquellas familias cuyo familiar había sido calificado con convicción. • Realizar los esfuerzos necesarios para obtener pensiones de gracia en aquellos casos con graves secuelas físicas o mentales de tortura. Para cumplir estos objetivos específicos definimos una estrategia de intervención: seguir avanzando en la obtención de nuevos antecedentes judiciales sobre los acontecimientos en que las personas fueron ejecutadas o desaparecidas, investigar sobre nuevos casos, y determinar quiénes fueron los responsables de los crímenes. Por otra parte, nos pareció fundamental lograr una estrecha coordinación entre la labor jurídica y el trabajo previo multidisciplinario que comprendía salud mental individual y grupal, fortaleciendo el trabajo con las familias que iban a iniciar un proceso jurídico y acentuando la educación y promoción en derechos humanos. La labor jurídica debía tener un carácter integral, es decir, no sólo tenía que ser un trabajo asistencial, sino que también debía comprender la denuncia, la investigación, la promoción, educación y difusión jurídica, tarea que debía ser desarrollada tanto en los lugares de trabajo como también en el terreno mismo. Aspirábamos a que la labor asistencial en el aspecto jurídico cumpliera un papel "reparatorio" para cada familiar, más allá de la posibilidad real de obtener o no justicia, para lo cual era necesario establecer un vínculo cualitativo entre nosotros y el familiar de la víctima, a fin de que ella fuera partícipe de este proceso constituyéndose en sujeto de derecho. Esto significaba incorporar al familiar como protagonista del proceso jurídico, colaborador de la investigación y la labor judicial, creando un vínculo de comunicación y confianza con el abogado y en suma, lograr que el familiar paulatinamente perdiera el temor y por sí mismo exigiera justicia. VII. 3. Desarrollo de la intervención jurídica. Para el desarrollo del segundo objetivo específico, esto es, lograr la convicción, consideramos importante vincularnos a la instancia estatal designada por el gobierno para el conocimiento de esta problemática. La Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, en cumplimiento del mandato estipulado en la Ley 19.123 ya señalado, inicia el proceso de establecer convicción respecto de nuevas víctimas de violaciones de los derechos humanos. Esta era una tarea pendiente y correspondía tanto a los casos presentados a la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación que no lograron convicción como a la presentación de nuevos casos. Para este propósito la CNRR recurrió directa e indirectamente al apoyo de las entidades de Derechos Humanos. Nosotros realizamos una labor de coordinación, que consideró una etapa de recepción de casos nuevos y nuevos antecedentes en aquellos casos pendientes, para lo cual la CNRR contaba con una ficha a completar en nuestros locales. Durante este período se confeccionaron registros de nuevos casos, todos los cuales fueron oportunamente enviados a la CNRR a través de las intendencias o gobernaciones, a quienes se les había delegado esta tarea. Todo este trabajo nos permitió seguir completando el mapa jurídico. Luego de nuestra intervención, 119 casos lograron tener una acción judicial, en tanto que, en 186 casos de las 305 familias con que trabajamos no se logró realizar una labor jurídica (Cuadro Nº3). Cuadro Nº3: Violación del Derecho a la Vida. Distribución con o sin acción judicial presentada por CODEPU [n=305] Con acción judicial.............................................119 Sin acción judicial.............................................186 Interesante es destacar que de estos 119 casos, en 78 presentamos querellas, documentadas con la descripción del accionar criminal y con el nombre de los responsables. Sólo en treinta y tres casos se efectuó una denuncia judicial y en cuatro se presentaron recursos de amparo (Cuadro Nº4). Cuadro Nº4: Violación del Derecho a la Vida. Distribución según tipo de acción judicial presentada por CODEPU [n=119] Querella....................................................78 Recurso de Amparo............................................4 Denuncia....................................................33 Otros........................................................4 En los casos que faltó diligencias para obtener la convicción definitiva se continuó recogiendo antecedentes en terreno, ya sea visitando a las familias, obteniendo declaraciones juradas de testigos, recopilando antecedentes procesales, certificados indispensables y de registro civil, apoyando peticiones de oficios a distintos recintos públicos para documentar antecedentes de las víctimas, entre otras acciones. Al igual que en la etapa anterior, cuando los miembros de la Corporación viajaban a las zonas cumplimos un rol facilitador para que los abogados de la institución conocieran a las familias denunciantes o a los testigos respectivos. A pesar de esta colaboración, tuvimos hacia ellos una actitud crítica. Junto con otros organismos, agrupaciones y organizaciones sociales de las regiones, planteamos que el trabajo de la CNRR debía tener una mayor integración, acercamiento y participación de la sociedad civil, para que esta conociera el importante momento que en búsqueda de la verdad estábamos viviendo. En contraste con la conducta de trabajo silencioso y sin mayores niveles de denuncia desarrollada por la CNRR, realizamos visitas a distintas organizaciones sindicales, vecinales, y en especial a ONGs vinculadas con el mundo rural, para conversar con sus dirigentes explicándoles el sentido de conocer en profundidad todas las graves violaciones de los derechos humanos acaecidas en estas regiones, especialmente en el sector campesino. Se invitó a distribuir un afiche para facilitar esta tarea que, sumado a la difusión en los medios escritos y radiales, tenía como objetivo integrar a la comunidad en general en este proceso de búsqueda de verdad como antesala de una justicia necesaria. Cerrado el proceso de convicción por parte del Estado y terminado el plazo para la presentación de nuevos casos, continuamos con la etapa de la intervención jurídica abriendo nuevos procesos. Debido a nuestros escasos recursos humanos y materiales, tuvimos desgraciadamente que elegir una sola región de las tres en que trabajamos, a fin de realizar una tarea adecuada y con objetivos amplios y evitar nuevas frustraciones a los familiares. El territorio elegido fue la VII Región, cuya capital es Talca. Ella reunía las siguientes condiciones: • Era la región más próxima a la capital. • Existía un local institucional y un equipo multidisciplinario que ya había realizado la etapa inicial previa de búsqueda de la verdad, la cual había culminado con la publicación del libro "Labradores de la Esperanza" de la serie "Verdad y Justicia". • Se había creado una relación directa con gran parte de las familias. • Existía en esta región un mayor número de procesos y uno de ellos/ caso Parral, se encontraba abierto.(3) Nos hicimos cargo además de un proceso de la X región donde estaban implicadas 15 familias con las cuales trabajábamos desde 1989, cuyos miembros detenidos y desaparecidos, habían sido ejecutados en un puente sobre el río Toltén, junto a muchos otros campesinos. Para iniciar la intervención jurídica tuvimos en cuenta los contenidos del libro ya mencionado, en el cual se describían los antecedentes históricos de la región, los conflictos previos al golpe de Estado, entregando en detalle las características humanas de las víctimas, así como también, el nombre de algunos de los responsables de los crímenes. En detalle describíamos aqellos lugares donde se cometieron los crímenes y que habíamos logrado identificar. A partir de esta acuciosa información, de la investigación posterior que realizamos en la etapa de convicción, del nuevo contacto que establecimos con los familiares y de los antecedentes proporcionados por los organismos y agrupaciones de derechos humanos, así como por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, llegamos a establecer un catastro de las familias víctimas de la violación del derecho a la vida en la VII Región. En este catastro se consignó específicamente la situación judicial: si su verdad había sido ratificada con "convicción" o si ésta había sido denegada, si se habían presentado querellas, si los procesos estaban en tribunales, y cual era la etapa jurídica en que se encontraban. Recordemos que esta región es eminentemente agrícola, y las familias con que habíamos trabajado y teníamos nuevamente que contactar formaban parte del campesinado pobre, sumándose así al hecho represivo y sus consecuencias una situación de vida marcada por el aislamiento, la dispersión geográfica, la marginalidad y la extrema pobreza. Basados en este catastro y de acuerdo a un análisis de tipo multiaxial de los antecedentes que en el curso de los años habíamos reunido de cada familia (características y antecedentes del hecho represivo, situación socioeconómica y cultural, ubicación geográfica, antecedentes de salud, etc.), decidimos sobre la mejor forma de establecer el nuevo contacto, eligiendo el o los profesionales más adecuados (médico, psicólogo, asistente social o el propio jurista), para plantearles la necesidad de iniciar o continuar un proceso jurídico. Nos acercamos a sus casas, presentándonos como trabajadores de un organismo de Derechos Humanos, en el caso de que ellos previamente no nos conocieran, conversando (o volviendo a conversar) sobre las experiencias traumáticas que les habían afectado; luego de crear un ámbito de mayor confianza, le planteábamos nuestra intención de colaborar en caso que ellos aceptaran llevar su caso a la justicia. El universo total de víctimas de violación del derecho a la vida en la VII región, de acuerdo a lo registrado por nosotros en el libro "Labradores de la Esperanza", aumentó de 81 casos a 109, cifra que siguió aumentando pero que ya no incluimos en este trabajo. No fue posible localizar a 34 de estas familias, ya sea porque algunas vivían en otras regiones o fuera del país, o porque no logramos ubicar sus domicilios. En este caso, se fijó un plazo razonable para obtener datos de sus paraderos, abandonando finalmente su búsqueda. Hubo 18 familias que rechazaron cualquier posibilidad de asistencia jurídica y contacto con nuestra organización. Se trataba de familias en cuyo interior existían miembros pertenecientes a las Fuerzas Armadas o de extrema derecha; otras tenían una absoluta desconfianza en la justicia. En algunas, la negativa no sólo se debió a la desesperanza y a la falta de confianza, producto de experiencias frustrantes, sino sobretodo al temor de sufrir represalias por parte de los inculpados, los que en su mayoría continúan manteniendo altas cuotas de poder, viven en las mismas localidades y están amparados por la impunidad. Cinco familias habían emprendido previamente procesos jurídicos, pero sus casos se encontraban amnistiados. En un comienzo consideramos que no podíamos intervenir, sin embargo, se presentaron nuevas denuncias por inhumación ilegal, reabriéndose sus casos. El universo total sobre el cual finalmente realizamos procesos jurídicos propiamente tales alcanzó a 55 familias. Sin embargo, hubo familiares que aunque decidieron no hacer un proceso jurídico, sí aceptaron el apoyo multidisciplinario de nuestra organización, recibiendo atención psicológica y social y participando en jornadas en conjunto con las otras familias como lo especificaremos en los capítulos siguientes. Nos parece interesante señalar los motivos de las familias para aceptar llevar adelante el proceso jurídico. En un primer grupo, existían deseos de llevar sus casos a la justicia. Para ellos, la reparación pasaba necesariamente por la investigación judicial que les permitiera conocer el paradero de sus familiares. Esto tenía una trascendental importancia en los casos de los detenidos desaparecidos y particularmente en una localidad donde los familiares, aparte de no saber su destino, mantienen la duda de que pudieran aún encontrarse con vida en la denominada Colonia Dignida (dirigida, entre otros, por ex jerarcas nazis, fue centro de detención y tortura durante la dictadura y que aún en tiempos de transición democrática sigue siendo un lugar de acceso prohibido). Para un segundo grupo de familias, si bien lo anterior era importante, el elemento decisivo era el anhelo de castigo a los culpables; aunque ellos tenían plena conciencia de que su familiar había sido muerto, exigían que una muerte tan injusta y cruel no quedara en la impunidad. Un tercer grupo lo constituyen las familias de personas muertas y cuyos restos fueron ocultados o entregados con evidentes señales de tortura. Además del anhelo de justicia y castigo a los culpables, les interesaba conocer lo que realmente había sucedido: las circunstancias de la detención, la identificación de los responsables y lo que éstos habían hecho con su familiar. Existe un último grupo que se constituye cuando la CNVR y la CNRR envían a conocimiento de los tribunales el conjunto de antecedentes reunidos, iniciándose el respectivo proceso de modo independiente de la anuencia o negativa de las familias. En estos casos iniciamos el vínculo con quienes no lo teníamos, para poder ser parte en los procesos en conjunto con los familiares. Los motivos señalados para iniciar la acción jurídica en cada grupo no son motivos excluyentes, sino más bien predominantes, pues todas las personas compartían un anhelo común: que los crímenes no quedaran sin sanción. Los grupos de familias descritos anteriormente constituyeron nuestra principal y más importante población asistida, a quienes otorgamos prioridad en el trabajo debido a la complejidad de llevar adelante un proceso judicial con todas sus implicaciones, careos, testimonios que significaban recuerdos dolorosos, declaraciones, en suma, revivir el profundo trauma vivido. Por esto, nuestra intervención intentó ser integral y aportar algunos elementos de reparación. Reparadora, porque la intervención judicial fue concebida no sólo como un método para obtener justicia sino también como un medio para lograr la integración social, la salud mental de las personas, de las familias y de la totalidad de nuestra población; intentamos que los sentimientos de rabia, desamparo y frustración pudieran tener un cauce de salida a través de una acción concreta. Integral, puesto que a través del trabajo multidisciplinario logramos aproximarnos a la magnitud y diversidad de los problemas que les afectaban y, conjuntamente con ellos, tratar de resolverlos, ya fueran personales, intrafamiliares, laborales o sociales. VII. 4. La intervención jurídica propiamente tal. Desde un comienzo, como hemos dicho, la labor jurídica se dio en un estrecho marco legal cuyos obstáculos más serios eran: el decreto ley de amnistía, la competencia de la justicia militar y la prescripción de los crímenes. La amnistía dictada por los militares a través del Decreto Ley N° 2191, no tuvo el aval del poder legislativo (que no existía en esa época), ni fue expresión de la voluntad soberana. Tampoco reunió las características propias y definitorias de una ley de amnistía, puesto que sin identificar a los responsables exonera de la sanción penal a los que hubiesen cometido violaciones de los derechos humanos en el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 19 de abril de 1978. Este Decreto Ley, como veremos más adelante, no ha sido derogado por ninguno de los dos gobiernos de transición a la democracia. Otro factor de impunidad reside en la justicia militar. Luego del golpe de Estado, ésta tuvo una jurisdicción desmedida al abarcar su competencia los delitos comunes y juzgar por tanto no sólo a militares sino también a civiles. Durante el período dictatorial y hasta ahora, la justicia militar dispone de un "fuero amplio", conociendo como delito ciertos ilícitos que en doctrina se denominan comunes y políticos, y que pueden cometerse tanto por civiles como por militares. Esto ha permitido que numerosas causas sobre violaciones de los derechos humanos radicadas en la justicia ordinaria en las cuales aparece involucrado personal militar, sean traspasadas a la justicia militar sin más trámite. Esta, en todos los casos y tras una somera o nula investigación, ha sobreseído las causas sin identificar, sin juzgar ni menos sancionar a los culpables. Por otra parte, en el caso de los ejecutados políticos existe el obstáculo jurídico de la prescripción de la acción penal. Han transcurrido más de veinte años desde sus muertes y según la legislación chilena la posibilidad de investigar se extingue al cabo de quince años. No obstante estas limitaciones jurídicas, decidimos llevar adelante los procesos conjuntamente con los familiares. Relataremos la forma en que realizamos esta práctica. La querella se elaboró conjuntamente con las familias, en sus propias casas. En la parte expositiva se dio el tiempo necesario para que ellos fueran reconstruyendo junto a nosotros los hechos. Acompañados por la asistente social o por la psicóloga, creábamos el ambiente y utilizábamos las palabras adecuadas para poder contener las emociones y aclarar las dudas que el lenguaje técnico-jurídico pudiera generarles. Elaborada la querella, se les explicaba todas las etapas que se producirían. Tenían que concurrir junto a nosotros a los tribunales para otorgarnos patrocinio y poder. Los preparábamos y acompañábamos. A pesar de estar contentos y confiados de poder realizar la tramitación judicial, la mayoría se mostró inseguros, tímidos y algunos incluso presentaron gran ansiedad con manifestaciones físicas, como temblor, sudoración, taquicardia. Actitudes y conductas que se explican por el significado afectivo que este trámite tenía, así como por el hecho de que los tribunales se encontraban cercanos a recintos militares donde muchos de sus parientes habían estado detenidos, o desde donde habían desaparecido para siempre o habían sido ejecutados luego de ser brutalmente torturados. Una vez realizado este trámite, se les informaba que efectivos de la Policía de Investigaciones visitarían sus casas para confirmar los antecedentes expuestos en la querella. Esta etapa era cuidadosamente preparada: se estudiaba cada detalle de la querella, discutiendo las preguntas que podían hacerles y cómo ellos debían responderlas. Se les advirtió además, que los policías no podían ahora actuar contra ellos (y que más bien podrían ayudarlos), a fin de tranquilizarlos, darles seguridad, intentando aminorar el temor y la desconfianza que habían experimentado durante tantos años. Luego de la visita de la policía al domicilio de los familiares, ratificando testigos y el contenido de la querella, el informe llegaba a los tribunales. Los familiares eran citados, esta vez para corroborar sus declaraciones extrajudiciales. Especial cuidado tuvimos en prepararlos para esta nueva etapa, informándoles en que consistía la ratificación de la querella. Una vez puestos en conocimiento de la justicia la mayor cantidad de antecedentes, los procesos entraban en la etapa de sumario, es decir, de investigación jurídica secreta. Durante este período iniciamos otra forma de trabajo, pasando del trabajo individual, realizado en la etapa de elaboración y tramitación de la querella, a un trabajo colectivo. El trabajo con grupos, a diferencia de los anteriores, no era de orden terapéutico propiamente tal, aunque participaban todos los miembros del equipo. Constatamos que las más de las veces varias familias habían sido afectadas por un mismo "operativo" de detención, allanamiento, secuestro o fusilamiento y los agentes (militares, carabineros o policías de investigaciones) habían participado en más de una localidad o zona y pertenecían al mismo plantel, cuartel o regimiento. De tal modo que decidimos reunir a las familias que tenían "elementos represivos" comunes. Estas reuniones fueron preparadas, evaluando las características de cada familia, la situación en que se encontraban y los íntimos deseos de cada una. En algunas de estas familias que habían decidido hacer el proceso jurídico, éste no aparecía como un tema primordial. Muy por el contrario, la realidad que los agobiaba y que se expresaba con más fuerza en las reuniones de grupo, era su situación socioeconómica, los problemas de salud, los conflictos intrafamiliares o la marginalidad. A través de estos encuentros, que tenían como núcleo central el intercambio del contenido de las respectivas querellas, logramos por una parte, obtener mayor información sobre posibles testigos o antecedentes que nos ayudaran a comprender mejor los casos preparándonos para la etapa de proceso que venía, y por otra parte, pudimos aclarar dudas a los familiares, contar sus experiencias, intercambiar el contenido de las querellas. De este modo revivían en conjunto acontecimientos que habían experimentado individualmente y que ahora sentían tan cercanos, tan comunes, tan desgarradoramente semejantes, y en los cuales los mismos responsables habían participado en diversos hechos. Paulatinamente pudimos facilitar a las familias el intercambio de sus experiencias que durante muchos años habían sido vividas en soledad y marginación. Una vez que obtuvimos conocimiento del sumario y accedimos a toda la información, hicimos copias de cada proceso y los hicimos llegar en forma separada a cada familia. Leímos y analizamos el expediente con ellos y luego volvimos a trabajar en forma colectiva. Esto permitió conocer nuevos antecedentes, circunscribir con mayor precisión los hechos, identificar a los responsables, y sobre todo, intercambiar sentimientos, esperanzas y frustraciones, que el curso de los procesos estaba provocando. Para algunos familiares, conocer la verdad jurídica, a pesar de no obtener justicia, significó un cierto alivio, algún grado de reparación y, lo más importante, la tranquilidad de saber ahora lo que había ocurrido realmente con sus familiares. Otro espacio fundamental que se constituyó en esta etapa, fueron las jornadas multidisciplinarias, a las cuales, dedicamos un capítulo especial. Nos interesa aquí referirnos al tipo de intervención jurídica realizada en ellas. Fueron discutidas por el equipo en su conjunto y, para cada una de ellas se plantearon objetivos específicos. Permitieron un mayor conocimiento entre los familiares, espacios de convivencia y, principalmente, de orientación y de información jurídica. Durante las jornadas se profundizó el marco jurídico en el cual se iban a desarrollar sus procesos: la ley de amnistía, la existencia y característica de la justicia militar, la posible prescripción de los casos. Además, conjuntamente con ellos, se analizaron procesos jurídicos de carácter nacional que estaban ocurriendo en el país. Se discutió sobre proyectos de leyes referidos al tema de los derechos humanos que el gobierno de transición había enviado al Parlamento, así como sobre los avances y retrocesos del proceso de "verdad y justicia" desarrollado en el país. Estas jornadas nos permitieron educar acerca de cómo era el proceso judicial, sus características y principales etapas, los posibles recursos a presentar. Explicamos detalladamente diversos términos y conceptos jurídicos que facilitaran la comprensión del desarrollo de los mismos. De este modo, el familiar se incorporó como protagonista en el proceso jurídico, colaborador de la investigación y la labor judicial, perdiendo paulatinamente el temor, adquiriendo seguridad y confianza, constituyéndose así en sujeto de derecho. Estos encuentros posibilitaron también la expresión de sentimientos y estados de ánimo que el proceso jurídico iba produciendo. Nos permitió transformarnos en acompañantes y amigos en momentos críticos, donde muchas veces aumentaba la desesperanza, el desconcierto y la desconfianza en la justicia. Del total de procesos presentados, la mayor parte de ellos no lograron una sanción para los responsables. Algunos, por no existir suficientes antecedentes para acreditar el hecho delictivo, se sobreseyeron temporalmente. En otros, por no estar establecida la participación de responsables en los delitos señalados, los tribunales no dictaron autos de procesamientos. En la mayoría de ellos, la justicia militar solicitó su competencia, ante lo cual nosotros nos opusimos mediante los recursos legales correspondientes: queja y apelación. No obstante, muchos casos finalmente fueron remitidos a ese ámbito, donde, sin investigar, fueron amnistiados o sobreseídos definitivamente. Actualmente mantenemos un mínimo de procesos abiertos en los tribunales, los que si bien a la fecha no tienen resultados importantes, ha permitido incorporar significativas declaraciones de numerosos testigos que ahora se han decidido a declarar en forma más extensa y detallada. Durante este período realizamos simultáneamente una labor de denuncia pública a través de afiches, medios de comunicación, convocatorias a los tribunales u otras reparticiones públicas, a objeto de divulgar y protestar frente a las diferentes maniobras con que tribunales, algunos jueces y los enclaves jurídicos del poder dictatorial, siguen obstaculizando la justicia. La tarea de unir la asistencia e investigación jurídica con la denuncia, no sólo local sino a nivel nacional, permitió que la labor jurídica adquiriera un carácter integral al actuar en diversos ámbitos. VII. 5. Comentarios. Varios son los obstáculos en el camino de la Verdad y la Justicia. Señalemos algunos de entre ellos: • El estrecho marco jurídico determinado por la existencia de un decreto ley de amnistía, la competencia desmedida de la justicia militar y la prescripción en el caso de los ejecutados políticos. • Las instituciones, especialmente el sistema judicial, que tanto en época de dictadura como en el de transición, se han mostrado incapaces de cumplir con la justicia. • La tendencia desde el poder de imponer la impunidad respecto de los Crímenes contra la Humanidad cometidos durante el régimen militar. • El tiempo transcurrido y el grado de desinformación no sólo de los familiares, sino también de la sociedad en su conjunto. Creemos, sin embargo, que es posible avanzar en un proceso para obtener mayor verdad y justicia haciendo uso de los escasos recursos humanos, técnicos y legales que existen. Para ello es preciso, una actitud diferente de los abogados para enfrentar los problemas, comprendiéndolo como parte de un quehacer integral y multidisciplinario. Se trata de un labor compleja en la cual el abogado debe estar consciente de su rol y de que quizás la reparación legal no se alcance. Sólo podrá superar la reticencia de la población con la veracidad de la intervención y con el deseo profundo de reconstituir la historia a través de la verdad jurídica. Es así que, aún cuando la investigación y los procesos muchas veces terminen amnistiados o sobreseídos, ha sido posible aportar valiosos antecedentes sobre la forma en que ocurrieron los hechos, consignándose declaraciones de testigos, de personas, incluso de instituciones, que contribuyen a una nueva verdad, identificando a los responsables. Esta verdad más integral, que no sólo entrega nombres de víctimas, hechos someros y que no es oficial, ha quedado grabada en las querellas y podrá ser utilizada más adelante cuando se reconstruya la historia real. Este trabajo ha permitido a los abogados de derechos humanos fundamentar tesis basados en la doctrina internacional sobre Crímenes de Lesa Humanidad que impiden la impunidad y nos impulsará a presentar ante Organismos Internacionales los casos que hemos estudiado. Es el caso de la ley de amnistía, que no es aceptada por los Organismos Internacionales de Derechos Humanos cuando se trata de Crímenes de Lesa Humanidad; o en los casos de "detenidos desaparecidos" donde el cuerpo no ha sido habido, tratándose de delitos de secuestro y por tanto de acción permanente, es decir, su perpetración se produce todavía en el ámbito espacial y temporal y son imprescriptibles mientras no se encuentre a la persona o sus restos. La intervención jurídica no es un factor de permanente inestabilidad como afirman los sectores partidarios de la impunidad; ni es tampoco una acción que sólo lleva al fracaso, puesto que a pesar de las limitaciones políticas, jurídicas y sociales que hemos señalado, es un elemento dinamizador de los anhelos de verdad y justicia a que aspira la mayor parte de la población. Por otra parte, la interacción que los abogados establecen con el sistema judicial y especialmente con los jueces, permite un cambio de actitud y una mayor comprensión de la necesidad de justicia por parte de éstos y de los tribunales. Para cumplir la compleja labor que hemos señalado, el abogado tiene que actuar no solamente en el terreno procesal, sino que debe asumir actividades de asistencia, orientación, formación, denuncia e investigación, única forma de obtener, más que una reparación legal, una reparación moral y humana. Por último, es importante señalar que los abogados en materia de Derechos Humanos deben tener una perspectiva universal, ya que estos crímenes y atropellos trascienden las fronteras de determinado país: es la comunidad internacional, a través de sus organismos de justicia, universales y regionales, la que finalmente debe conocer, asumir y sancionar este tipo de delitos. Notas: 1. Se constituye en enero de 1976 dependiente del Arzobispado de Santiago de la Iglesia Católica. Es un organismo continuador del Comité de Cooperación para la Paz en Chile, institución ecuménica formada el 6 de octubre de 1973. Su objetivo fundamental fue asistir a quienes sufrían violaciones de los derechos humanos (y a sus familiares) y promover una toma de conciencia en la sociedad chilena respecto de la necesidad de que se respetaran dichos derechos. 2. Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, creada el 1° de abril de 1975, en virtud de una iniciativa del obispo de la Iglesia Evangélica Luterana Helmut Frenz, con la finalidad de prestar apoyo a los presos condenados, especialmente en lo relativo a la tramitación del decreto supremo 504 que permitía solicitar la conmutación de la pena de presidio por extrañamiento. Posteriormente se fue ampliando la asistencia a los presos políticos y sus familiares y a la asistencia de otras víctimas de la represión. Estableció un programa de asistencia médico-psiquiátrica a personas torturadas, ex presos políticos, familiares de ejecutados y de detenidos desaparecidos. 3. Con fecha 6 de febrero de 1991, la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, en virtud del mandato que tenía, presentó ante el Juzgado de Letras de Parral una denuncia por presunta desaparición de 10 personas de esa localidad. Con fecha 23 de diciembre de 1992, CODEPU presenta una denuncia ante el Séptimo Juzgado del Crimen por la desaparición de 10 personas el año 1973 y además por 11 desaparecidos el año 1974 (todos ellos de Parral), en contra de Fernando Gómez Segovia, exJefe de la DINA en Parral, oficial de Ejército en retiro; Hugo Alfredo Cardemil Valenzuela, ex-Gobernador de Parral, oficial de Ejército en retiro; Pablo Rodney Caulier Grant, ex Gobernador subrogante de Parral oficial de Carabineros en retiro; Luis Alberto Hidalgo, ex-funcionario de la Comisaría de Carabineros de Parral; y Diógenes Toledo, ex-funcionario del Retén de Catillo, estos dos últimos ex-subofíciales mayores de Carabineros en retiro; por los delitos de secuestro, asociación ilícita, violación de los derechos humanos y otros. Con fecha 13 de febrero de 1993 el juez Lientur Escobar dicta auto de procesamiento en contra de Hugo Alfredo Cardemil Valenzuela y Pablo Rodney Caulier Grant, en calidad de autores del delito de secuestro y desaparición; contra Fernando Gómez Segovia como cómplice del delito de secuestro y autor del delito de asociación ilícita; contra Luis Hidalgo y Diógenes Toledo como autores del delito de secuestro, apremios ilegítimos y detenciones arbitrarias. El 7 de diciembre de 1993, la primera sala de la Corte Suprema falla un recurso de queja presentado por los querellantes, confirmando el fallo de la primera sala de verano de la Corte de Apelaciones manteniendo la calidad de procesados como autores del delito de secuestro de Luis Hidalgo, Diógenes Toledo y Hugo Alfredo Cardemil Valenzuela y revocándolo respecto a Caulier Grant y Gómez Segovia. Junto con ésto se confirma el traspaso de la causa al Tercer Juzgado Militar de Concepción siendo entregada a la Fiscalía Militar de Talca con el Rol 67-94. Actualmente este proceso se encuentra en el Tercer Juzgado Militar de Concepción, donde el juez militar determinará si sobresee o sigue investigando. Capítulo VIII Acompañamiento psicológico del proceso jurídico Como hemos dicho, durante la investigación de Verdad y Justicia que se inició en 1988, hemos podido constatar el daño profundo derivado del trauma y de la impunidad, así como el abandono y marginalidad en que se encontraban las familias que fueron afectadas por los crímenes. Estas no sólo padecían en todos los ámbitos del quehacer humano las consecuencias de 17 años de dictadura, sino que paulatinamente iban manifestando una profunda impotencia frente a las innumerables trabas gubernamentales, jurídicas y sociales para lograr el pleno esclarecimiento de la Verdad y la obtención de Justicia. Más aún, la verdad parcial dada por la publicación de un listado de víctimas con referencias incompletas y la derivación de algunos casos a los tribunales de justicia hecha por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación del gobierno postdictatorial, desencadenó fuertes reacciones emocionales las más de las veces contradictorias. Decidimos entonces, como imperativo moral y como parte de la tarea de reparación, no sólo para la familia sino también para nosotros, acompañar en el proceso jurídico que se iniciaba. Dada la constatación del daño y la posibilidad de una reactivación o profundización de él, consideramos que el trabajo jurídico debía asociarse ineludiblemente a un apoyo psicoterapéutico, social y educativo. Queríamos además profundizar en el conocimiento de los mecanismos desestabilizadores que la impunidad produce, a fin de denunciar desde una perspectiva médica, psicológica y social, en forma más certera, el profundo trauma humano que el propio comportamiento de negar, ocultar y no otorgar justicia, estaba produciendo. El objetivo central que nos planteamos, como especialistas de Salud Mental en el campo de las violaciones de derechos humanos, fue realizar un acompañamiento psicológico de carácter sistémico a las familias que iniciaban un proceso jurídico, sin dejar de tomar en cuenta su propia realidad. Eran previsible además, nuevas descompensaciones psicológicas, pues en el curso de nuestro quehacer habíamos comprobado que sucesos exteriores relacionados con el trauma actuaban como detonadores de nuevas crisis globales. En el presente capítulo mostraremos cómo se realizó este trabajo conjunto y analizaremos, desde una perspectiva psicoterapéutica y social, el significado de un acompañamiento que intenta en alguna medida reparar el daño. Junto con subrayar la importancia de esta actividad de acompañamiento a las familias, consignaremos los logros y dificultades observados durante el desarrollo de nuestra experiencia. Finalmente, entregaremos algunas reflexiones sobre las consecuencias de los crímenes y de la impunidad en las familias. VIII. 1. Antecedentes de la región y de las familias. Este trabajo se llevó a cabo en la Séptima Región, que como ya señaláramos, es eminentemente agrícola. Desde la colonización española la propiedad se constituyó como latifundios hasta la década de los sesenta. En esos años, la posesión de la tierra fue cuestionada por la Reforma Agraria del gobierno demócrata cristiano, profundizada por el gobierno de la Unidad Popular y abruptamente interrumpida y revertida por el golpe militar del año 1973. El modelo económico neoliberal reemplazó también la actividad productiva de la región, pasando de un modelo de horticultura abierto al mercado interno a uno agro-exportador, lo que ha llevado a que esta Región sea la segunda más pobre del país a pesar de ser una de las de más alto crecimiento económico y de mayor aporte al Producto Geográfico Bruto. Las familias con las que trabajamos forman parte del campesinado pobre de manera que al hecho represivo y sus consecuencias, se suma la situación histórica de aislamiento, dispersión geográfica, marginalidad y extrema pobreza en la gran mayoría de los casos. Llegamos a establecer un universo de 109 familias afectadas. Muchas no fueron posibles de localizar y otras no aceptaron iniciar procesos ante tribunales. La razón de ello no sólo es la desesperanza, la falta de confianza, producto de experiencias anteriores frustrantes, sino sobretodo el temor a sufrir represalias, pues la mayoría de los inculpados continúa manteniendo altas cuotas de poder, viven en las mismas localidades y están amparados por la impunidad. En algunos casos, la persistencia del miedo acumulado a lo largo de años de guerra psicológica y persecución, nos llevó a no insistir en iniciar procesos jurídicos, respetando su decisión y situación emocional. Con las familias que no aceptaron realizar el proceso jurídico continuamos de todos modos una relación de apoyo solidario, de lazos afectivos y de convocatoria a otras actividades en derechos humanos, fortaleciendo con ellos el vínculo creado; apoyamos, dentro de nuestras capacidades, en la creación de redes con otras instituciones y organismos que les ayudaran en un proceso de resocialización, y les permitiera satisfacer algunas de sus necesidades. Finalmente, acompañamos el proceso jurídico de 55 familias, con las cuales continuamos hasta ahora. VIII. 2. Nuestro acercamiento a las familias. Con el afán de realizar un trabajo riguroso que nos permitiera tener una visión evolutiva, sobre las fichas anteriores de Verdad y Justicia introdujimos una guía en la cual consignamos datos relevantes y que llamamos "protocolo de impunidad". En él registramos el máximo de antecedentes sobre la historia de las familias, antes, durante y después del golpe de Estado y hasta el momento en que las encontramos por primera vez. Los antecedentes abarcaban aspectos sociales, económicos, culturales, laborales, político-ideológicos, así como también las características relaciónales, los antecedentes médico-psiquiátricos, y los parámetros ético-valóricos que habían tenido en el transcurso de su vida. Nos acercamos a las familias visitando sus casas, presentándonos, en caso que no las hubiéramos conocido previamente, como trabajadores de un organismo de derechos humanos conocedores a grandes rasgos del hecho represivo que los había afectado y, luego de crear un vínculo de mayor confianza, ofreciéndoles nuestra cooperación en su búsqueda de verdad y justicia. La decisión respecto de qué persona del equipo era la más indicada para realizar el primer contacto fue muy importante; de este primer encuentro dependería fuertemente la relación posterior. Aquí no importa tanto su profesión, sino su capacidad para vincularse afectivamente de forma sencilla y fácil y dar sensación de seguridad y confianza. Si existe un conocimiento previo de la familia, la persona que estableció aquel vínculo debe acompañar a la que iniciará este nuevo acercamiento. El encuentro inicial se realizó en sus casas, en el" living" o en la cocina; las familias campesinas del sur de Chile comparten en la cocina la mayor parte del día: lugar cálido, en que no se interrumpe el trabajo de la dueña de casa, se conversa y se da la vida familiar en forma más natural. Esta forma de acercamiento nos facilitó enormemente el contacto afectivo con ellas. Además de poder conocerlos en su lugar habitual, percibimos su realidad socioeconómica, observamos la dinámica intra familiar en la vida cotidiana y en los aspectos específicos relacionados con su experiencia represiva. En la mayoría de los casos participaron en la entrevista inicial casi todos los miembros de la familia que allí se encontraban; intentamos involucrarlos a todos, y en general ellos encontraron un espacio en el cual escuchar al otro y hablar sobre un tema que muchas veces habían evitado compartir. Desde la primera visita pudimos constatar la importancia que tenía el reconocimiento de su realidad y la prontitud con que establecían con nosotros lazos afectivos. Evidentemente, ello nos obligaba a hacer más riguroso el trabajo, ya sea cumpliendo con las visitas anunciadas y realizarlas en forma periódica, cuidarnos de ofrecer soluciones o crear inciertas esperanzas ante las naturales expectativas que surgían. Relataremos a grandes rasgos cómo realizamos el trabajo con las familias, en una intervención de carácter multidisciplinario, que cada uno de los miembros del colectivo abordó desde su esfera específica. En el área jurídica, como ya señalamos en el capítulo anterior, realizamos la preparación individual y familiar para que los familiares se constituyesen en sujetos activos en el esclarecimiento de la verdad y en la obtención de justicia; los preparamos jurídica y psicológicamente para asistir a tribunales a presentar querellas y ratificarlas, y enfrentar careos con los responsables identificados. Este acompañamiento se realizó en todas las actividades ligadas a los procesos jurídicos en curso o por iniciar. Simultáneamente reactivamos nuevas relaciones invitándolos a compartir jornadas de derechos humanos con otras familias, para abordar temas jurídicos vinculados a ellos mismos o a otros casos de procesos jurídicos que ocurrían en el país. Desde el punto de vista psicoterapéutico, nuestra intervención intentó contener al desborde emocional que se produjo al enfrentar la verdad jurídica, la que desencadenó toda la sintomatología de un duelo crónico encapsulado. En algunos casos, hubo que realizar terapias individuales o familiares cuando se manifestaban trastornos que así lo requerían. En otras ocasiones, se efectuaron sesiones grupales donde se realizaron dinámicas facilitadoras de contacto intra e interfamiliar, con temáticas relacionadas con hechos puntuales que estaban ocurriendo. Un aspecto central en el acompañamiento y apoyo a las familias fue el trabajo en el área social; orientar hacia la reinserción en los espacios naturales de la sociedad, a fin de romper con la marginalidad y estigmatización. Al comprobar las enormes carencias económicas, los apoyamos en la conformación de grupos locales de autogestión productiva, y permanentemente se les orientó para resolver problemas de vivienda, salud, educación, previsión social, acompañándolos inicialmente en algunos trámites y capacitándolos para que posteriormente pudieran realizarlos de manera autónoma. Simultáneamente se desarrolló un trabajo en el área de Educación en Derechos Humanos. A grandes rasgos, a través de él se intentó que los familiares lograran una comprensión más amplia y totalizadora de lo sucedido en Chile, del daño provocado por la dictadura, del por qué sus familiares fueron muertos o hechos desaparecer, a fin de que comprendieran el contexto global del país, desde una perspectiva de derechos humanos, de la cual ellos formaban parte. VIII. 3. Estructura familiar previa y posterior al hecho represivo. A través de estas intervenciones y del trabajo realizado durante más de tres años, hemos constatado que las familias han variado fuertemente su estructura a raíz de la pérdida de uno de sus miembros. La reestructuración ha tendido a darle gran rigidez, lo que las ha obstaculizado para enfrentar el proceso de desarrollo y crecimiento de cada uno de sus miembros y para asumir los cambios producto de los diferentes ciclos vitales naturales. Señalaremos, la reestructuración que a consecuencia del crimen se ha producido en ellas durante estos años. Esta reestructuración ha girado en torno al rol que ocupaba el familiar detenido desaparecido o ejecutado político en la dinámica familiar. Generalmente, fue el padre, proveedor económico de la familia, el que fue asesinado o hecho desaparecer. En estos casos, la cónyuge tuvo que trabajar fuera para mantener el hogar. Al mismo tiempo, se hizo cargo de la búsqueda de su marido, y posteriormente de la verdad, no pudiendo así asumir su rol de madre contenedora y normadora. Esto obligó a los hijos a negar de forma inconsciente sus necesidades afectivas; muchas veces recién ahora pudieron reconocer la carencia de afecto y conducción paterna, evaluando retrospectivamente con nostalgia esta ausencia. A la vez, se generaron mecanismos defensivos y protectores, asumiendo tareas parentales en el caso de los mayores, así como de apoyo y contención de la madre. A esto se suma el temor de perderla, el aislamiento social, la confusión, y la necesidad de guardar silencio no sólo por temor, sino por la incomprensión, intolerancia y la falta de credibilidad del entorno social. En los casos en que la madre también era militante, generalmente ésta continuó además en las labores políticas, reprimiendo sus necesidades afectivas y espirituales. En el caso en que pudo construir una nueva pareja, ésta fue permanentemente comparada con el cónyuge idealizado, siendo así la nueva pareja descalificada como compañero y difícilmente aceptado como padre de sus hijos. En tanto, los hijos tuvieron que asumir como propia la lucha de la madre, acompañándola, o aceptando que las actividades de ella eran más urgentes que sus propias necesidades. Cuando además la madre fue hecha prisionera, los hijos vivieron en diferentes casas, dispersos y carentes de afecto materno, con sentimientos de vergüenza, culpa y confusión. En los casos en que el desaparecido o ejecutado era muy joven y vivía con sus padres, sus hermanos/as quedaron más solos, al ser la preocupación central de los padres encontrar a su hijo, o llorar y penar su muerte. Además fueron idealizados por padres y hermanos, encontrándose estos últimos confrontados a la necesidad permanente de superarlos, imitarlos, y luchar cotidianamente contra su fantasma, lo que les impidió o dificultó gravemente su propia individuación y desarrollo. En la mayoría de los casos se trataba de núcleos familiares jóvenes, con hijos pequeños o adolescentes, y a menudo con los abuelos integrados en el hogar. Como familias campesinas, la estructura jerárquica era estricta y los límites entre los subsistemas conyugal-parental y filial eran precisos y claros. Luego del hecho represivo se tendió a conformar nuevas estructuras, en general aglutinadas, con roles invertidos, límites confusos y poca flexibilidad para incorporar los cambios necesarios derivados del crecimiento de sus miembros. Aumenta, de este modo, la posibilidad de crisis globales precipitadas por las etapas naturales del ciclo evolutivo individual. En otros casos, inversamente, fue imposible para la familia darse una nueva estructura eficaz, desarrollándose un alto grado de dispersión y aislamiento. Las reestructuraciones familiares, en general, tuvieron en su inicio funcionalidad y fueron eficaces para enfrentar la situación traumática. Pero su rigidización paulatina dificultó y dificulta aún severamente la prosecución del proceso de desarrollo individual y familiar. Por ejemplo, el caso de una familia que vivía en una casa del fundo en que trabajaba el padre; éste fue denunciado por sus patrones, asesinado, y la mujer tuvo que abandonar el lugar, quedando con cuatro hijas menores. Al carecer de vivienda, hubo de repartirlas en diferentes hogares, mientras intentaba resolver el problema del sustento mínimo, habiendo sido siempre dueña de casa. Esta situación de dispersión de los menores, con el sentimiento de estar "allegada" en lugares en los que no siempre se comprendía la situación o en que había gran temor a contactarse con familiares víctimas de la represión, determinó diversos rasgos negativos: gran inseguridad, fuerte represión de sus necesidades afectivas y dificultades para entablar relaciones estables. Es así como tres de las hijas actualmente son madres solteras, viviendo dos de ellas juntas, a cargo de todos sus hijos y de un hermano deficiente mental. VIII. 4. Ciclo vital individual y patologías crónicas. Aquellos niños que perdieron a su padre o hermano, y que eran parte de una familia con conciencia o participación política, en general asumieron precozmente un compromiso similar, dado más bien por mandato e imperativo familiar, por necesidad de emular al familiar y así ser reconocido y amado, aún antes de haber alcanzado un nivel de individuación que les permitiera una opción libre. Por otra parte, los hijos pequeños que se criaron junto a una madre sin compromiso o participación política, que quedó sin su pareja y sostén luego del asesinato o desaparición de su marido y, por lo general, con culpa indeterminada frente al hecho, construyeron su vida en torno a las necesidades de la madre/ con mutua dependencia, limitando su autonomía y desarrollo personal. Trastornos hipocondríacos y psicosomáticos, alcoholismo y otras adicciones, síndromes depresivos, son trastornos frecuentes en estos hijos. Tales síntomas actúan como obstáculo "voluntario", impidiendo la individuación e independencia que, de haber logrado, vivenciarían con culpa por la soledad y abandono en que queda su madre. El caso de una familia compuesta por la abuela materna, la madre y el padre y dos hijos pequeños ilustra esta situación. Frente a la ejecución del padre, estos hijos han quedado fuertemente ligados a la madre, sometidos a sus necesidades, sin posibilidad de proyectar su vida en forma autónoma. El hijo mayor presenta alcoholismo grave y el segundo una intensa hipocondría. A ambos les es difícil reconocer que la ausencia del padre los ha afectado en forma determinante. VIII. 5. El proceso de duelo. Este proceso se ha dado en forma patológica e inconclusa no sólo en los casos de desaparición forzada, en que los familiares no pudieron siquiera tener la certeza de la muerte y la recuperación del cuerpo, sino también en los casos de ejecución política, en que la visión del cuerpo, de las huellas de la tortura, de la forma de muerte, perduran en la fantasía en forma siniestra y terrorífica, ante lo inconcebible de un acto tan inhumano y macabro. La alteración del duelo es producto de la manipulación brutal y la tergiversación perversa de los hechos, del ocultamiento de la verdad, de la presión y amedrentamiento permanentes, en forma directa e indirecta y, muy especialmente, de la no identificación oficial ni sanción de los responsables. Por otra parte, el duelo se cronifica al no ser posible finalizarlo y, una y otra vez, reaparece el dolor como actual, ante cada acontecimiento relacionado con estos hechos represivos, tales como hallazgos de cementerios clandestinos, exhumación de restos mortales, testimonios de ex-torturadores, silenciamiento de la verdad, minimización de los hechos ocurridos y, sobre todo, por la impotencia frente a la impunidad. Todo ello determina que la familia siga girando en torno al ser querido, aún cuando en general no puedan conversar sobre él, ni encuentren palabras para expresar sus sentimientos. VIII. 6. Participación en la búsqueda de Verdad y Justicia. La búsqueda durante los primeros años se realizó solitariamente debido al aislamiento geográfico y social, a la estigmatización en el vecindario, al acoso represivo ante la presencia prepotente de los responsables que viven en la misma localidad y, más tarde, soportando las humillaciones y tramitaciones de parte de las instituciones estatales, policiales y militares. Todo ello generó desolación, cansancio, frustración, impotencia, miedo, depresión, que finalmente llevaron a la desesperanza y a la interrupción de la búsqueda, arrastrando una fuerte carga de culpas y vergüenzas. En escasas ocasiones existió el reconocimiento y acompañamiento del entorno más cercano. Esta expresión de solidaridad en el contexto de terror y guerra psicoideológica del régimen militar tuvo efectos fortalecedores de la confianza en el ser humano que la mayoría de los familiares había perdido, lo que impidió de alguna manera la desestructuración familiar. VIII. 7. Consecuencias sobre las familias.(1) El trabajo realizado nos permite referirnos a las consecuencias que los Crímenes de Lesa Humanidad y la impunidad tienen sobre las familias. La muerte o la amenaza de muerte y, más grave aún, el desaparecimiento sin dejar huellas y señales del destino final de la persona es un acontecimiento que trastorna a una familia. Una unidad familiar se encuentra en equilibrio funcional cuando cada uno de sus miembros funciona con un grado de eficacia razonable. Frente a la pérdida (pérdida física, funcional y emocional) de alguno de sus miembros, la intensidad de la reacción emocional depende, como vimos, de la importancia funcional de la persona que muere, el rol que ocupaba en la estructura familiar (proveedor, contenedor, normativo, afectivo, etc.); del ciclo vital de la familia, del proceso de duelo que logran vivir, de su participación en la búsqueda de verdad y justicia y del reconocimiento de su verdad por su entorno inmediato y por la sociedad. La represión política y los crímenes cometidos son fenómenos que atacaron y dañaron a grupos de personas más o menos organizados en lo político, sindical y social. Pero en última instancia, el daño es sobre personas concretas que forman parte de una familia. Los hechos represivos que afectaron a las familias rompieron en forma brusca y dramática un equilibrio, funcional o no, pero logrado en el transcurso de años, una dinámica particular entre sus miembros, una forma especial de relación afectiva y comunicacional. La estructura jerárquica se alteró dándose una reordenamiento que tuvo como eje la adaptación a la pérdida de un familiar y el enfrentamiento del hecho represivo. Esta readaptación, al ser funcional a las circunstancias, cumplió, como mecanismo de defensa, con la tarea de protección, de sobrevida y de evitación del quiebre individual y familiar frente a la parálisis y el terror. Las familias han logrado estructuras de nuevo tipo con diferentes grados de estabilidad, independiente de las relaciones más o menos patológicas en su funcionamiento. El tiempo que la familia necesita para establecer un nuevo equilibrio emocional depende de su integración emocional anterior y de la intensidad del trastorno traumático. Una familia bien integrada puede tener una reacción significativa en el momento, pero luego adaptarse. Una menos integrada puede manifestar una reacción menos evidente en el momento, pero con el tiempo puede presentar síntomas de enfermedad física o emocional o desarrollar conductas sociales atípicas de todos o de algunos de sus miembros. Enfrentadas a la no comprensión del por qué, cómo y quién del crimen ocurrido, hubo dos tipos generales de respuesta por parte de las familias: • El aislamiento y retraimiento individual y familiar que condujo en último término a la "privatización" del daño: la muerte se experimenta como perteneciente sólo al ámbito privado de ella, cual si fuera una muerte accidental o natural, no pudiendo contextualizarla con la realidad, el proceso histórico y el devenir social y político. Por un lado, se generan culpas por no haberlo cuidado suficientemente, no haberse relacionado con él o ella más profundamente o de mejor forma, no haber estado más con él, etc. Por otro lado, al no poder verter la rabia, la impotencia, el terror, la pena que produjo el hecho, y no compartirlos y validarlos con otros, estos sentimientos se vuelven hacia la persona como autoagresividad y depresión; y a nivel familiar, se manifiestan como tensiones internas indefinidas que producen roces, choques y conflictos, generando serias disfunciones: crisis, rupturas y desintegración familiar. • Una segunda forma de respuesta más organizada es la de agruparse en organizaciones de derechos humanos y/o familiares, lo que les ha permitido otorgar un sentido al dolor, canalizar la rabia en una dirección más adecuada y reivindicar a las víctimas. Esta forma de respuesta ha generado también conflictos crónicos al interior de las familias por los diversos roles asumidos entre sus miembros, produciéndose así una limitación en el repertorio de sus conductas. Sea cual fuere el tipo de respuestas que han logrado implementar los familiares, el hecho que no haya sido posible, salvo casos excepcionales, conocer la verdad completa de lo ocurrido y que hoy sea más lejana aún la esperanza de juicio a los responsables de los crímenes, los ha dejado víctimas impotentes de la impunidad y, por tanto, con graves obstáculos para superar el daño y proyectarse en el futuro como grupo familiar autónomo. Frente al crimen y a la impunidad constatamos a lo menos seis dinámicas en los familiares: de negación y aislamiento; de identificación con la muerte; de culpa; de desplazamiento de lo social a lo privado; dinámicas de confusión y, por último, dinámicas de formaciones patológicas reactivas. Estas seis dinámicas se superponen y son difíciles de observar por separado, pero son comprensibles al ver que los diferentes miembros asumen una o más de estas formas de reacción frente a la pérdida provocada por el Crimen de Lesa Humanidad. De este modo, los trastornos que hemos observado en las familias, como consecuencia de los crímenes y de la impunidad se traducen, en sus relaciones externas, en: • Aislamiento social, como grupo y también de algunos de sus miembros. • Marginalidad. • Desconfianza en el entorno, con graves dificultades para crear nuevos vínculos sociales. • No participación en la vida social y política. • Falta de proyección en el futuro. En lo intra familiar, las consecuencias aparecen como: • Inseguridad ante lo cotidiano y ante el futuro. • Dificultades intrafamiliares en el establecimiento de buenas relaciones de comunicación. • Rigidización de las relaciones intrafamiliares (familias aglutinadas) o casi absoluta falta o quiebre en las relaciones (familias dispersas). • Rigidización de los límites hacia afuera, extrafamilia, con dificultad para permitir el ingreso de otros (amigos, parejas, conocidos, familia política, etc.). • Rigidización de sus jerarquías. • Sentimientos de minusvalía de varios de sus miembros. • Temor permanente que a alguno de sus miembros le suceda "algo" indefinido; aprensión y sobreprotección. • Dificultades para superar los cambios producto de los diferentes ciclos vitales, vistos como amenaza contra la integridad familiar. • Contención, represión o negación de sentimientos considerados "negativos" (dolor, tristeza, rabia, etc.) o no aceptables desde lo valorice. • Proyección en los nuevos miembros de inestabilidad vital, desesperanza, desconfianza y temor. La posibilidad de luchar contra la impunidad ha irrumpido en la estructura adquirida por la familia como una resignificación del hecho traumático; en muchos casos, ha vuelto a poner el hecho criminal y el duelo en el centro de la dinámica familiar. Los recientes equilibrios se rompen y nuevos ciclos de importantes trastornos se inician y se reinician frente a conductas contradictorias, paradójicas y negadoras del Estado y la institucionalidad, frente a la impunidad. VIII. 8. Comentarios. Como era de esperar, la intervención jurídica inevitablemente provocó sentimientos ambivalentes y una desestabilización psicológica individual y familiar. En efecto, la intervención jurídica: a) Obligó a revivenciar lo traumático, haciendo emerger sentimientos fuertemente reprimidos, reactivando múltiples e inacabables interpretaciones terroríficas de los hechos y reabriendo su duelo. b) Conflictuó los mecanismos intrafamiliares desarrollados y puso en juego alianzas y vínculos, ante la evidencia de desacuerdos sobre hacerse parte o no de este proceso de esclarecimiento de la verdad y obtención de la justicia. c) Reactivó los mecanismos del miedo acumulado. d) Expuso a nuevas frustraciones, ante una esperanza con escasas posibilidades de hacerse realidad. Sin embargo, pese a lo doloroso que pudo ser este proceso de verdad jurídica, los familiares pudieron acercarse aún más al conocimiento de los hechos y aunque los responsables no fueron juzgados e incluso fueron amnistiados, tuvieron la oportunidad de conocerlos e incluso muchas personas pudieron carearse con ellos. De este modo, el acompañamiento terapéutico y social durante la intervención jurídica a familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos realizado por un equipo multidisciplinario, a pesar de las graves e insuperables limitaciones ya señaladas, permitió alcanzar algunos logros, tanto a nivel individual, familiar como social. A. A nivel del individuo. a) al revivir el trauma y sus consecuencias dentro de un marco de acercamiento a la verdad, el individuo puede: • Apoderarse de los legítimos sentimientos de rabia, dolor, odio e impotencia, validarlos y desprenderse de las culpas y de la vergüenza. • Deshacerse de la fantasmagoría macabra al conocer cómo fueron los hechos. • Reconocer sus dificultades y conflictos como producto de la exterioridad violenta y no como patología propia. • Desbloquear su afectividad y abrirse a nuevas formas de relación humana. • Permitirse disfrutar la vida sin sentimientos de culpa frente al recuerdo del ser querido. b) Por otra parte, la persona al devenir sujeto activo en la obtención de justicia: • Ejerció sus derechos como ser social. • Puso en alguna medida término a la desesperanza, sea cual sea el resultado jurídico definitivo. • Reconoció el miedo y enfrentó con fuerza moral al responsable. • Eliminó su propia culpa. • Recobró, de algún modo, la confianza en sí mismo y en los demás. B. A nivel de la familia: Al liberarse de aquellos modos de relación que surgieron como forma defensiva y protectora ante el trauma vital, la familia logró un cambio que, integrando el dolor y las carencias, permitió en cierto modo la individuación y el desarrollo integral de sus miembros. Por otra parte, al evidenciar la verdad y el reconocimiento a si misma, la familia puede establecer nuevos tipos de relaciones sociales solidarias que no sólo se refieran a su trauma, sino que queda en condiciones de abordar nuevos contenidos en la convivencia social. C. A nivel social: Este trabajo con familiares víctimas de los crímenes y de la impunidad, sumado a las experiencias anteriores, nos ha permitido certificar que no solamente ellos han sido severamente afectados, sino que toda la comunidad de la región y, de una u otra forma, toda la sociedad chilena. Por último, queremos entregar algunas reflexiones sobre la enorme importancia que tuvo para las familias la publicación del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, tanto en sus repercusiones positivas y negativas. Por una parte: • Se redignificó al familiar muerto, al ser reconocido como víctima de la violencia institucionalizada y sistemática del régimen militar. Para la familia esto significó muchas veces contextualizar el asesinato, darle un sentido a la muerte de su ser querido, y además ser creído por el vecindario y el entorno social próximo, que muchas veces y durante mucho tiempo cuestionaron su verdad. • Se reconoció, a nivel nacional, la verdad sostenida por los familiares, rechazada antes por la mayor parte de la ciudadanía y por los medios de comunicación. • Se preserva en la memoria colectiva las violaciones de los Derechos Humanos en Chile, al construirse un memorial con los nombres de los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos por la dictadura, como testimonio perenne para las generaciones actuales y futuras. • Se otorgó una reparación material, que si bien fue modesta, ayudó a paliar en parte la precaria situación económica familiar. • Se creó una institución de salud estatal, Programa de Asistencia Integral en Salud (PRAIS), que otorga atención gratuita a los familiares. • Se liberó del servicio militar obligatorio a los familiares de víctimas de la violación del derecho a la vida. • Se otorgaron becas de estudio a los hijos de las víctimas. Pero, por otra parte: • Hubo familiares que no lograron "convicción" en este proceso, lo que los ha dejado al margen y aislados frente a la sociedad, con grave daño a su salud mental, además de no poder contar con alguno de los recursos económicos que recibieron las otras familias. • La verdad fue cercenada, al circunscribirse el Informe sólo a una verdad administrativa: el hecho de ser víctima del Terrorismo de Estado. Pero no se describen los hechos ni se identifica a sus autores, a pesar de contarse con tal información. Además sólo figuran aquellos casos en que el resultado de la violación del derecho humano fue muerte; dentro de estas familias, otros miembros sufrieron tortura, exilio, cárcel u otras medidas represivas, al igual que una gran cantidad de chilenos, situaciones para las que no ha habido verdad administrativa, medidas reparatorias o reconocimiento del daño. • La aplicación de justicia no ha sido considerada como parte de la reparación; se mantiene la Ley de Amnistía, se aplicó la prescripción a pesar de tratarse de un Crimen de Lesa Humanidad, y el Estado no se hizo parte en la querella por el secuestro y homicidio calificado; tampoco se puso al alcance de los familiares recursos profesionales que les posibiliten presentar denuncias o querellas. Todo ello desencadenó en los familiares complejas reacciones de dolor, impotencia y rabia, pero también sentimientos de culpa y vergüenza, por sentirse ellos mismos sellando la impunidad, al aceptar, dada la situación socio-económica insostenible que presentan, las reparaciones materiales mínimas otorgadas por el Estado. Sentimientos todos que anulan la satisfacción alcanzada por el reconocimiento de que su familiar fue víctima de una política de exterminio aplicada por la dictadura. Nota: 1. Rojas P. "Crímenes de Lesa Humanidad e Impunidad. La mirada médica-psiquiátrica". "Personas, Estado, Poder". Volumen II. CODEPU-DIT-T, 1996. Capítulo IX Las organizaciones de familiares: el trabajo conjunto En este capítulo deseamos entregar la experiencia de trabajo conjunto entre un organismo de Derechos Humanos como el nuestro y las organizaciones de familiares de víctimas de violación del derecho a la vida. Queremos destacar la importancia que las organizaciones de familiares han tenido en nuestro quehacer, la trascendencia que tienen para una sociedad que ha sufrido los embates de graves y profundas violaciones de los derechos humanos, así como el valor que su denuncia tiene en la formación de una conciencia nacional respecto del significado de estas violaciones. Este análisis se desarrolla desde una relación de acercamiento y posterior interacción dentro de un proceso de profundización de la verdad y justicia y en el contexto de la reparación propuesta por el gobierno de transición. Primero describiremos la formación y presencia de las agrupaciones de familiares de víctimas y su rol frente a la dictadura militar. Luego, analizaremos sus organizaciones en regiones. Este capítulo fue elaborado a partir de entrevistas a miembros de las agrupaciones de Santiago y Regiones, con las cuales hemos desarrollado experiencias de intercambio durante años; asimismo, importante resultó el análisis de documentos elaborados o recopilados por ellas. Hemos mantenido la forma, los sentimientos, incluso las palabras propias de los miembros de las agrupaciones. Finalmente analizaremos el desarrollo de las agrupaciones a través de los distintos escenarios en que se fue desenvolviendo su quehacer durante el período de transición política a la democracia. 1. Las Agrupaciones de Familiares durante el Régimen Militar. Muy tempranamente, a pesar de las represalias masivas, abusos de poder, persecuciones y crímenes de la dictadura, nacen los primeros gérmenes de organizaciones de familiares de víctimas de violaciones de los derechos humanos. La actividad de los familiares de personas detenidas o secuestradas, se inicia en forma individual: consultan en distintos centros de reclusión, recorren ciudades, siguen un supuesto traslado del detenido o preguntan reiteradamente por su paradero. Ese quehacer los hizo coincidir en las gestiones ante los cuarteles, las cárceles, los estadios, los campos de concentración, los organismos oficiales, los tribunales. Se encontraban y se reconocían por sus expresiones en las calles. Muy pronto se dieron cuenta que las tácticas represivas de torturas, ejecuciones y posibles desaparecimientos que estaban ocurriendo en Chile, eran métodos represivos que se habían utilizado y se estaban utilizando en otros países del continente. La constatación de estas realidades, la sensación de aislamiento, la soledad en que vivían sus dramas, los llevó a actuar en forma organizada ante la necesidad de apoyarse mutuamente, de dar mayor fuerza a las gestiones que realizaban y de impulsar un trabajo de denuncia nacional e internacional sobre lo que estaba ocurriendo con sus familiares. Luego del golpe militar, todas las organizaciones sociales, políticas e institucionales, habían sido destruidas y dispersadas. Los partidos políticos estaban disueltos o en la clandestinidad, los personajes públicos no podían actuar abiertamente, no existía el derecho a reunión. El toque de queda era una constante y las patrullas militares recorrían el país, las calles, el campo. Sin embargo, fue una red civil clandestina la que ayudó a refugiar personas y conseguir asilo para los más perseguidos. Un mes después del golpe de Estado, las iglesias acogen a estas personas. Se creó el Comité de Cooperación para la Paz(1) , que brinda protección desde un primer momento a las personas y familiares que se acercaban en busca de apoyo, orientación o deseaban atención jurídica e incluso médica. Progresivamente, según las modalidades represivas (prisión política, ejecuciones, exilio, detención con desaparecimiento), se van conformando las diferentes agrupaciones, unidas por un problema común. Desde este momento se inicia un trabajo coordinado, orientado a reunir y sistematizar antecedentes sobre las detenciones, sobre los crímenes, los posibles responsables, sobre las circunstancias y lugares de detención. Serán el germen de las primeras investigaciones que se inician sobre violaciones de derechos humanos, entregando una visión global del grado de terrorismo de Estado que se estaba viviendo en el país. Del mismo modo, estas agrupaciones iniciaron las primeras acciones de denuncia a nivel nacional e internacional, exigieron a los tribunales la designación de ministros en visitas para que se investigue, protestaron ante los organismos internacionales con documentos fundamentados, convocaron a actos pacíficos en distintos lugares públicos para informar sobre los acontecimientos, creando conciencia sobre lo que estaba ocurriendo en Chile. Los medios de comunicación de la época, en general, hicieron caso omiso de la situación que aquejaba a las personas o a los familiares y ocultaban las iniciativas emprendidas para conocer qué había sucedido con sus familiares o saber dónde estaban. Cuando llegaban a informar desfiguraban las situaciones, negaban los centros de detención, no reconocían la existencia de centros de tortura, negaban las ejecuciones sumarias, y a aquellas personas que no aparecían les llamaban "presuntos detenidos". La prensa oficial llegó más lejos y, en una oportunidad, se prestó para una maniobra incalificable con la que se pretendió convencer al país de un enfrentamiento entre "extremistas" en el extranjero: hoy se sabe que eran 119 compatriotas detenidos y hechos desaparecer. En aquella ocasión, las familias presentan uno de los primeros recursos conjuntos ante la Corte de Apelaciones y, por primera vez, hacen lo mismo ante la Corte Suprema".(2) Ni la negación, ni las tergiversaciones, ni la represión ejercida sobre ellas a través de diversas maniobras de amedrentamiento, amenazas directas, allanamiento a sus casas, robo de materiales, detenciones, expulsiones del país, así como las maniobras de guerra psicológica, consiguieron detener la labor de las diferentes agrupaciones para exigir libertad, verdad y justicia. Ante los tribunales, se incrementaron las peticiones de amparos y otros recursos judiciales, pero los trámites no eran acogidos o simplemente quedaron sin respuesta por parte del poder judicial y en especial de los miembros de la Corte Suprema. Por su parte, frente a esta actitud decidida, la dictadura respondió con más violencia. A pesar de ello, progresivamente las agrupaciones van ocupando espacios, entregando mensajes o realizando nuevas acciones, que por su significado contribuyen a la difusión y a la toma de conciencia de la dramática situación que el país estaba viviendo. Hitos memorables fueron las huelgas de hambres, los ayunos, los encadenamientos en las rejas de los edificios públicos, los copamientos en las salas de los tribunales de justicia, los "velatones" en diferentes ciudades. Eran las formas de demostrar al país y al mundo la existencia de tan graves atropellos. Mención especial merece la elaboración de arpilleras(3), en las cuales mostraban la realidad del país. En ellas, vaciaban sus sentimientos y esperanzas. Fueron difundidas masivamente en el extranjero y, a su vez, les permitió obtener recursos para su subsistencia. La enorme capacidad creadora para transmitir en forma simbólica el dolor y el drama que significa la pérdida de su familiar lo constituye la danza de la "Cueca sola". Mensaje que utiliza el baile nacional y que contiene las raíces folclóricas de la expresión de afecto y amor en una pareja. Notables son los mensajes escritos o voceados en las calles como: "Nuestra vida por la verdad", "Vivos se los llevaron, vivos los queremos". Durante los últimos años de la década del 70 se descubren los primeros cementerios clandestinos, y una parte de las familias tuvieron que afrontar la realidad de la muerte de su familiar que hasta ese momento estaba desaparecido. Este hecho hizo que muchas otras familias tuvieran el sentimiento que ya nunca más encontrarían a los suyos con vida. En una pequeña localidad, en hornos abandonados, se descubren restos de personas que hasta ese momento estaban desaparecidas. Las agrupaciones, familiares de Ejecutados Políticos y de Detenidos Desaparecidos, a pesar del cerco policial se trasladaron al lugar, presenciando escenas desgarradoras; no se debilitaron en su lucha y levantaron con fuerza una nueva consigna: "Verdad y Justicia". Progresivamente las agrupaciones se van constituyendo en factores de unidad, convocando a otros sectores y creando incipientes espacios de diálogo social y político. Comenzaron las primeras movilizaciones masivas, siendo reiteradas las acciones de protesta en los alrededores del palacio de Gobierno, con creciente apoyo social. Ante la aparición cada vez más pública de estas organizaciones, muchos sectores y la sociedad en general fueron perdiendo el miedo e incorporándose a las demandas que reivindicaban cuatro grandes valores: Verdad, Justicia, Libertad y Democracia. En las grandes movilizaciones antidictatoriales realizadas en la capital y en distintos puntos del país, miles de personas salían a las calles y entre ellos con mayor fuerza aparecían las pancartas con los rostros de cientos de desaparecidos, ejecutados, presos políticos y exiliados. El mundo social y político que se levantaba y reconstruía, asumía un compromiso público por la verdad y la justicia. Las agrupaciones de familiares fueron un actor fundamental en las innumerables campañas llevadas adelante para derrotar a la dictadura. Fue gracias a su valerosa lucha que la causa de los Derechos Humanos impregnó la vida política y contribuyó decisivamente al cambio de régimen. En el nuevo período de transición política que se avecinaba, "los derechos humanos constituyen un aspecto central de la propuesta mediante la cual los partidos que conforman la Concertación para la Democracia convocaron al pueblo de Chile a la sustitución de la dictadura, primero en el plebiscito de octubre de 1988, y luego en la elección de diciembre de 1989..."Su situación de violación institucionalizada, masiva y sistemática constituyó el principal factor de desligitimación social del régimen dictatorial y, correlativamente, fue el elemento unificante de las fuerzas democráticas, que incentivó la superación de los antagonismos, desacuerdos y recelos del pasado y consolidó el reencuentro social, cultural y político entre ellas"(4). 2. Las Agrupaciones de Familiares a través de las Regiones. Como hemos señalado en capítulos anteriores, las características de estas regiones, eminentemente agrícolas y forestales, con una alta población rural y bajos niveles educacionales, con fuertes conflictos sociales previos al golpe militar y, posteriormente, con un férreo control dictatorial, especialmente en zonas rurales, hizo que la constitución de las agrupaciones fuera difícil y por tanto mucho más tardía. El aislamiento de las familias, su alejamiento de los centros urbanos y la presencia permanente de instituciones represivas (regimientos, cuarteles de carabineros y de investigaciones), fueron algunos de los principales impedimentos para la constitución de las agrupaciones en todas las localidades donde se registraron hechos represivos. Con el transcurso del tiempo se fueron conformando pequeños colectivos, ante la necesidad de terminar con el aislamiento en que se encontraban y, en muchos casos, por una necesidad de sobrevivencia. Asistidos por entidades eclesiásticas, por sectores sociales y políticos que se reorganizaban, y por un proceso de acercamiento de las agrupaciones de la capital hacia las regiones, se facilitó la constitución de estos colectivos. Tuvieron que pasar varios años para que se organizaran en torno al drama de tener un familiar detenido arbitrariamente, o más grave aún, ejecutado político o desaparecido. Será en estas agrupaciones donde algunos familiares comprenderán que su problema lo viven y experimentan muchas otras familias. Muchos de los familiares valorarán este espacio como un lugar donde pueden ser comprendidos. Sienten que son acogidos y comparten situaciones similares y que con el transcurso del tiempo estos vínculos son vitales para sobrellevar el daño causado. La integración a la organización les da la esperanza de encontrar a su familiar: las angustiosas diligencias que antes realizaban solos, ahora serán más llevaderas por este respaldo colectivo. Desde su inicio, muchos fueron los miembros de las agrupaciones que tomaron la iniciativa de llevar un registro de los antecedentes de cada uno de los casos denunciados y de cada familiar que se integraba al grupo. Esta labor, periódica y de manera muy cautelosa, fue bosquejando y ordenando un mapa nacional de hechos represivos. Material que posteriormente sería la primera fuente de información para los distintos requerimientos que recibirían y que nos ayudaron decisivamente en la construcción del primer catastro. Las agrupaciones en regiones tuvieron que realizar grandes esfuerzos para su sobrevivencia. Muchas fueron las actividades que impulsaron para contar con recursos materiales que les permitiera mantener a su organización y a sus familias: pequeños talleres de costura, de reparaciones, amasanderías, entre otros. Como lo hemos señalado, la actividad más propia de estas agrupaciones fue el trabajo artesanal de "arpilleras". Por sus características estas creaciones fueron, según sus propios miembros, "...una especie de terapia o descanso psicológico en el transcurrir de cada elaboración...", que además sirvieron como una nueva forma de denuncia y mensaje al mundo entero. En las regiones, al igual que en Santiago, las agrupaciones fueron protagonistas de un cambio de actitud para encarar con mayor fuerza, unidad y organización, acciones de protesta y movilizaciones sociales en los períodos previos al cambio de gobierno. Fueron capaces de enfrentar el control represivo y de hacer que en las pequeñas localidades se fuera perdiendo en parte el miedo colectivo. 3. Las Agrupaciones de Familiares durante el período de transición a la democracia: los cambios observados. Con el triunfo de la oposición democrática y ante las expectativas sociales, el gobierno de transición incluyó dentro de su programa de gobierno el tema de los Derechos Humanos, preferentemente en cuanto al reconocimiento oficial de la Verdad, derogación de leyes de impunidad, libertad a los presos políticos y una tramitación de beneficios sociales y reinserción para distintas personas afectadas directa e indirectamente por graves violaciones de los derechos humanos. En el inicio del período de transición a la democracia, fue notoria la formación de nuevas agrupaciones en regiones, tales como las de retornados, integradas por numerosas personas que desde el exilio volvían a su región natal, agrupaciones de ex-presos políticos recientemente liberados de las cárceles y de exonerados políticos, así como también se reforzaron las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y de ejecutados políticos, quienes vieron aumentar el número de personas que se integraban. Los primeros sentimientos de los miembros de las agrupaciones una vez asumido el nuevo gobierno, fueron de mayor tranquilidad y confianza, desarrollando una actitud más abierta para darse a conocer como personas e identificando la casa donde por años habían trabajado clandestinamente. Luego de ser desconocidas y muchas veces negadas cuando no estigmatizadas durante la dictadura, en el primer período de transición distintos sectores sociales se acercaron a ellas para expresarles su admiración y respeto. Numerosos movimientos juveniles, líderes sociales e incluso políticos y parlamentarios, contactaron a las agrupaciones con el objeto de respaldar sus demandas. Las relaciones con las autoridades del gobierno democrático es en un comienzo de respeto y consideración, existiendo una comunicación fluida pero no exenta de tensiones, especialmente cuando las agrupaciones exigían que el nuevo gobierno derogara las leyes de impunidad tal como lo había prometido en su programa electoral. Con la constitución e inicio de las investigaciones por parte de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (CNVR) para la posterior entrega pública de un informe sobre la situación de graves violaciones de los derechos humanos durante el régimen militar, las Agrupaciones en las regiones lograron uno de sus mejores momentos como organización, especialmente en el plano de cohesión interna y de la imagen pública a través de campañas de difusión social de sus demandas. De esta manera, se fue logrando paulatinamente el acercamiento de familias afectadas, que antes por desinformación o miedo, no habían tenido contacto con las agrupaciones. Muchas de estas familias, junto con el llamado de la Comisión investigadora del gobierno, accedieron al contacto y posterior incorporación en las agrupaciones y organizaciones de Derechos Humanos. 4. Las Agrupaciones de Familiares y nuestro equipo: primeros intercambios. Las agrupaciones fueron para nosotros la fuente principal de información en la etapa inicial de este trabajo de recopilación de antecedentes sobre víctimas y responsables a fin de reconstruir la verdad. En este trabajo participaron tanto familiares como sus organizaciones, quienes tuvieron un rol principal e imprescindible en la elaboración de los libros de la serie Verdad y Justicia. Las agrupaciones valoraron estos documentos como una denuncia y profundización de la Verdad y por señalar e identificar a los responsables. El libro se acogió como un acto de dignificación, tanto por el conocimiento colectivo que se tuvo con su publicación, lanzamiento y difusión, así como por la contribución a la reconstrucción de la memoria histórica: la persona víctima del crimen es mostrada en el libro no tan sólo desde una posición de político o militante, sino también, dentro de su propio entorno cultural, social y familiar. La publicación, que aportó y profundizó en la Verdad, facilitó la articulación de las agrupaciones de las zonas y acercó a las familias afectadas. Por otra parte, estimuló la necesidad de traducir lo fidedigno e indesmentible de los testimonios y de las acusaciones directas en contra de los responsables en hechos judiciales concretos, retomando las esperanzas de hacer justicia. Al colaborar con la CNVR establecimos un intercambio de información con las agrupaciones. Se trataba de corroborar los datos que paulatinamente habíamos reunido. La posibilidad de llevar adelante procesos judiciales transformó la relación inicial establecida entre un organismo de derechos humanos y las agrupaciones de familiares. La Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, en su Título II denominado "De la Pensión de Reparación" de la Ley 19.123, señala en su Art.17 "Establécese una pensión mensual de reparación en beneficio de los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos o de la violencia política, que se individualizan en el volumen segundo del informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y de las que se reconozcan en tal calidad por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación conforme a lo dispuesto...." En los artículos siguientes se señala una pensión monetaria mensual, más el porcentaje equivalente a la cotización para salud, señalando quienes serán beneficiarios y su distribución según el vínculo que los unía con la víctima. En esta misma Ley se establecen además beneficios médicos, educacionales, y se exime del servicio militar obligatorio a los hijos legítimos, naturales y adoptivos. Las agrupaciones tuvieron un rol activo para registrar, orientar y asesorar a las personas que tenían derecho a la reparación. Estos beneficios aumentaron las expectativas de todas las familias ante la posible asistencia y ayuda que el Estado otorgaría. Las agrupaciones, e independientemente algunas familias, solicitaron nuestro apoyo para saber cuáles eran los beneficios que a ellas les correspondía y los trámites que tenían que hacer para lograrlo. Conscientes de que muchas familias ignoraban sus derechos y no contaban con medios para realizar las gestiones necesarias, junto con la agrupación nos encargamos de ubicarlas y orientarlas para obtener sus beneficios. Los efectos y repercusiones de estas medidas en las agrupaciones fueron disímiles. Luego de la reparación material, un grupo de familiares fue paulatinamente alejándose de esta organización. Algunos por motivos de edad, personales, por la lejanía en que vivían, o bien, porque las medidas de reparación por insuficientes que fueron permitieron a estas familias salir en parte del agobio material y la miseria en que vivían. Otros sectores de familiares que llevaban más años en las agrupaciones tuvieron una actitud crítica frente a este alejamiento, culpándolos de su falta de compromiso, señalando abierta y públicamente las deficiencias de una reparación que otorgaba sólo beneficios materiales y no había hecho esfuerzos necesarios para obtener reparación jurídica. 5. Comentarios. Sin lugar a duda que la creación y fortalecimiento de agrupaciones de familiares de víctimas de Crímenes Contra la Humanidad y de la posterior impunidad, constituye una necesidad indispensable. Su temprana existencia permite en primer lugar la creación de un espacio de intercambio de experiencias desgarradoramente traumáticas, de expresión de vivencias, de apoyo y colaboración mutua, e incluso, lugar de trabajo que permitió una mínima subsistencia. Su labor de denuncia, su talento creador y, por sobre todo, el ejemplo de sus exigencias, transforma a estas agrupaciones en un referente ético y moral para el resto de la sociedad. Han permitido la aglutinación y el consenso de distintos sectores de la sociedad. El desarrollo personal que muchos de sus miembros progresivamente logran, su aptitud al estudio y análisis de los problemas, permitió que personas nacidas al interior de este trabajo en el campo de los derechos humanos se transformen más tarde en líderes sociales, cuando no políticos. Su actitud intransable de exigencia de verdad y justicia, basada en principios internacionales de derechos humanos, determina que, según las circunstancias que vive el país, constituyan tan pronto un polo de atracción para los sectores políticos que buscan el cambio, como de rechazo de los sectores inmovilistas y conservadores durante los períodos de transición. Por otra parte, han tenido la inteligencia de unirse a organizaciones similares de otros países latinoamericanos y conformar federaciones regionales, permitiendo exigir con fuerza que los Crímenes Contra la Humanidad no queden en la impunidad. La formación, desarrollo y permanencia de estas agrupaciones debe ser uno de los propósitos fundamentales de los organismos de derechos humanos, como lo fue para personas y entidades antidictatoriales que lograron subsistir en las regiones y que entregaron a estas entidades toda su cultura política y social. La contribución a este objetivo permitirá crear un espacio de intercambio, perfeccionará las diferentes áreas de trabajo y fortalecerá las demandas y exigencias propias de su quehacer. En aquellas localidades donde el grado de control y permanencia de una política represiva impide la formación de agrupaciones durante los períodos dictatoriales, debemos lograr, dentro de las posibilidades de un organismo de derechos humanos, que las personas se coordinen para luego facilitar su formación y consolidación como grupo. Se debe tener conciencia que aún cuando las agrupaciones de familiares persiguen objetivos comunes, cada una de ellas tiene sus propias particularidades de acuerdo al lugar donde se constituyen, a las experiencias represivas vividas, a las características sociales, culturales y económicas de cada uno de sus miembros, y al rechazo o aceptación de su entorno. Un organismo de derechos humanos a la vez que se nutre de la realidad que las agrupaciones simbolizan, debe aportar a ellas conocimientos profesionales, entregar capacidades y orientaciones a través de diversas formas de intercambios, tales como reuniones, actos públicos, jornadas temáticas y multidisciplinarias, elaboradas de acuerdo a sus necesidades más primordiales. Se debe respetar a las agrupaciones en su carácter de organizaciones primarias y fundacionales de los movimientos de derechos humanos, respetando su independencia e identidad, y no utilizarlas para propósitos exclusivamente políticos que las lleva a perder su identidad. Este trabajo conjunto con las agrupaciones nos ha llevado a conocer nuestros aciertos y también nuestros errores. Mantener una actitud abierta, sin tomar posiciones anticipadas, sin involucrarse en conflictos personales, tener disposición a escuchar y analizar, saber diferenciar lo que es propio de cada una de ellas evitando comparaciones, erradicar actitudes de orden asistencialistas que impiden el desarrollo personal de sus miembros, son algunas de nuestras recomendaciones. Notas: 1. Organización ecuménica formada el 6 de octubre de 1973, cuyo principal objetivo fue dar asistencia y protección a personas perseguidas y víctimas del régimen militar. Por presiones de la autoridad, esta institución fue disuelta el 31 de diciembre de 1975. En ella participaron las iglesias católica, evangélica luterana, evangélica metodista, ortodoxa, pentecostal y la comunidad hebrea de Chile. El presidente del Comité fue el pastor luterano Helmut Frenz. 2. "La Gran Mentira. El caso de las listas de los 119". CODEPU- DIT-T. Chile. 1994. 3. Superficie de tela gruesa, cubierta con dibujos en lana de múltiples colores. En ellas se bosquejaban imágenes donde siempre estaban presentes las demandas por Verdad y Justicia y el recuerdo de personas víctimas de desaparición forzada o ejecutados políticos 4. "Tratamiento de las víctimas y sus familiares: rehabilitación, reparación, tratamiento médico"; González, A; Encuentro Internacional "No a la impunidad. Sí a la Justicia"; Cfr, pp. 338-339; Ginebra; 1992 Anexos A1:Ficha de Víctimas(1) A2:Guía para complementar datos en fichas de personas y/o familias(2) A3:Las Comisiones de Verdad en América Latina (3) Anexo 1 Ficha de Víctimas Programa de Verdad y Justicia Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo CODEPU I. Datos de identificación de la víctima 1) Número de Carpeta 2) Nombre Completo 3) Fecha de nacimiento 4) Edad 5) Estado civil II. Casado....................C Soltero...................S Separado..................E Viudo.....................V Conviviente...............0 6) Sexo Femenino................[ ] Masculino...............[ ] 7) Lugar de nacimiento 8) Cédula de identidad 9) Domicilio al momento de la detención 10) Profesión u oficio 11) Organización a la que pertenecía 12) Cargo de representación 13) Partido político al que pertenecía 14) Cargo que ocupó II. Situación Represiva 15) Tipificación Muertos: En Consejo de Guerra: MCG Durante protestas: MEP Alegando Ley de Fuga: MLF Muerte por tortura y otras ejecuciones: MOT Detenidos desaparecidos: DDE Víctimas de particulares actuando bajo pretexto político (muertos): VPM Víctimas de la violencia política: Caídos durante 1973: V73 Caídos en protestas: VCP Enfrentamientos y otros: VEO Especificar: 16) Caso en Informe Rettig Si.................[ ] No.................[ ] 17) Con Convicción Si.................[ ] No.................[ ] 18) Con pronunciamiento Si.................[ ] No.................[ ] 19) Caso nuevo Si.................[ ] No.................[ ] III. Antecedentes de los hechos 20) Fecha de los hechos 21) Hora 22) Lugar de los hechos Domicilio...........................A Vía Pública.........................B Lugar de trabajo....................C Manifestaciones.....................D Otros (especificar).................E Especificar Otros: 23) Organismo responsable Carabineros).................................A Investigaciones).............................B Militares)...................................C DINA)........................................D CNI).........................................E Civiles no identificados.....................F FACH)........................................G Marina)......................................H Gendarmería).................................I Fuerzas Conjuntas)...........................J Otros (especificar)..........................K Especificar otros: 25) Número de detenidos Nº 24) Número de aprehensores Nº 26) Recintos de detención: 1............ 2........... 3........... 27) Ultimo lugar en que fue visto [ ] 28) Ultima fecha en que fue visto .......... 29) Testigos: Si..................[ ] No...............-..[ ] Nombre de los testigos..... 30) Represión al afectado Tortura..........................TOR Trato cruel......................TRC Herido/ lesionado................HEL Amedrentamiento..................AME Allanamiento.....................ALL [ ] 31) Personas responsables de los hechos violatorios........ IV. Aspectos Jurídicos 32) Iniciado Proceso: Si.................[ ] No.................[ ] Denuncia por : Presunta Desgracia.........DPD Desaparición Forzada.......DDF Detención Ilegal...........DDI Secuestro..................DSE Homicidio..................DHO Querella por : Presunta Desgracia..........QPD Desaparición Forzada........QDF Detención Ilegal............QDI Secuestro...................QSE Homicidio...................QHO Inhumación Ilegal...........QII Amparo por : Preventivo..................APR Amparo......................AAM Recurso de Amparo...........ARA Ingrese código correspondiente: [ ] 33) Fecha del Proceso:... 34) Nombre del Querellante o denunciante: 35) Nombre del querellado o denunciado: 36) Tribunal:.. Nº:... De:... 37) Rol 38) Organismo investigador 39) Juez 39) Actuario 41) Auto de procesamiento: Si [ ] No[ ] 42) En contra de: 43) Fecha del auto de reo: 44) Acusación: Si 45) Estado del proceso: 46) Caso cerrado: Si [ ] No [ ] 47) Abogado que tramita el proceso 48) Observaciones V. Antecedentes del que solicita atención 49) Nombre completo 50) RUT 51) Relación con la víctima 52) Domicilio 53) Teléfono 54) Profesión u oficio VI. Tramitación ante la corporación nacional de reparación y reconciliación 55) N° de Ingreso 56) Rol 57) Fecha de ingreso 58) Organismo a cargo de la investigación 59) Abogado a cargo de la investigación 60) Diligencia realizada o antecedentes solicitados 61) Se presentó a trámite judicial: Si [ ] No [ ] 62) Declaración de la Corporación: Con Convicción [ ] Sin Convicción [ ] Anexo 2 Guía para complementar datos en fichas de personas y/o familias* 1. Paisaje-medio-lugar vivienda 1.1. Describa el entorno geográfico y local donde se encuentra ubicada la casa de la familia a investigar (si es del interior, relate como llegó allí). 1.2. Describa las características exteriores de la casa y su entorno inmediato. 1.3. Situación socio-económica. 2. Personas-comportamientos-formas de comunicación 2.1. Describa a la persona que lo recibió: apariencia física, edad aproximada, vestimenta, higiene, etc. 2.2. Lenguaje no verbal: 2.2.1. Movimientos: gesticulación, tics, manipulación con su ropa o con objetos. 2.2.2. Postura: relajada, tensa, distante del entrevistador, muy próxima, etc. 2.2.3. Contacto ocular: mirada directa, huidiza, ausente. 2.2.4. Expresión facial: seria, sonriente, asustada, enojada. 2.2.5. Excitación emocional: lágrimas, ojos húmedos, traga saliva, rubor, sudoración, temblor de la voz, de las manos, sorpresa, etc. 2.2.6. Variaciones de la voz: tono de la voz, colorido, claridad. 2.2.7. Nivel de manejo del lenguaje: primitivo, elaborado, muletilla, expresiones. 2.3. Lenguaje Verbal: 2.3.1. Forma de comunicar, de relatar (respuestas monosilábicas; respuestas abiertas; para respuestas, ocultamientos evidentes; contradicciones). 3. El Entrevistado 3.1. ¿Qué actitud tuvo usted durante esta primera entrevista? 3.2. ¿Qué sintió? 3.2.1. ¿Qué actitudes, qué antecedentes, qué preguntas suyas ayudaron a establecer un vínculo de confianza? ¿Cuáles interfirieron la relación? 4. Otras Personas 4.1. ¿Qué otras personas entrevistó o vio de la familia? 4.2. Si ellas tuvieron también un rol de familiar directo y si ellas entraron en relación con usted, use iguales parámetros anteriores para describirlos. 5. Proceso de creación del vínculo a través del desarrollo de la investigación. Con la persona, con la familia. 5.1. ¿Cuántas entrevistas realizó? 5.2. ¿Cómo se fue modificando el vínculo en el curso de las entrevistas? 5.3. ¿Cómo se estableció el vínculo de confianza? ¿ Qué actitud o comportamiento suyo fue lo que más ayudó, qué fue lo más negativo? 6. ¿Cuál fue la relación con la familia? 6.1. ¿Cómo estaba constituida la familia nuclear? 6.2. Describa las principales dinámicas: acercamiento, confianza o rechazo de los distintos familiares frente a su presencia y al contenido de su búsqueda (hecho represivo, desaparecimiento, etc.). 6.3. ¿Qué conflictos o acercamientos se produjeron en la familia a través del proceso de investigación? 6.4. ¿Cómo ayudó o entorpeció la familia en la búsqueda de la verdad? 7. Relaciones y comportamientos de los vecinos y lugareños 7.1. Antes de que usted iniciara el proceso de investigación? ¿Qué relación existía entre la persona y/o familia con su vecindario? 7.2. En el curso de la investigación y elaboración de la verdad y la denuncia? ¿Se produjo algún cambio? 8. Investigación y Responsables 8.1. Relate en forma especial las vivencias, recuerdos y representaciones que la persona o la familia tenía del o los responsables. ¿Cómo los identificó ? ¿Cómo los calificó? ¿Cómo los describió ? ¿Qué sentimientos expresó hacia ellos? 8.2. ¿Qué actitudes suyas, qué preguntas ayudaron a identificar al responsable? ¿Cuáles entorpecieron? 9. ¿Cómo ayudó la investigación en la búsqueda de la verdad? A la persona y a la familia. 9.1. A la persona entrevistada 9.2. A la familia 9.3. ¿Cómo ayudó el proceso de investigación a la verdad y a la justicia? 10. El Entrevistador 10.1. ¿Cómo se sintió cuando inició la investigación? 10.2. ¿Cómo fue su evolución? 10.3. ¿Qué mañas o habilidades adquirió? 10.4. ¿Qué le recomendaría a otros investigadores que se inician en este trabajo? * Nota: Esta es una guía para describir, para relatar, no para seguir ni contestar automáticamente. Anexo 3 Las Comisiones de Verdad en América Latina. Los contenidos de este Anexo fueron extraídos del artículo "Reflexiones sobre la impunidad" del jurista Federico Andreu; del artículo "Las Comisiones de la Verdad en América Latina (II)" de Esteban Cuya. Ambos artículos aparecen en la Revista "Memoria". Agosto 1996. Publicada por el Centro de Documentación e Información sobre Derechos humanos en América Latina del DIML, Nuremberg. Se consultaron además los libros "Nunca Más" y fuentes propias. En Brasil la dictadura militar duró quince años (1964-1979). El proyecto en Brasil conocido como Nunca Mais fue tal vez el primero que realizó investigaciones para conocer las violaciones de derechos humanos. Estas investigaciones fueron dirigidas por la arquidiócesis de San Pablo de la Iglesia Católica. Alrededor de treinta personas trabajaron por más de cinco años (1979-1985) en el más absoluto secreto. Durante este período se logró sistematizar la información contenida en 707 expedientes de procesos llevados ante el Tribunal Militar Supremo. Una de las características de este Informe es el hecho que se basa en documentos oficiales de la dictadura. Interesante es destacar que este Informe presenta datos históricos sobre el origen de regímenes militares, el desarrollo de aparatos represivos y la perversión del derecho penal, así como testimonios acerca de la labor de agentes de la CÍA para la contrainsurgencia. Después de dieciocho años de dictaduras militares, en octubre de 1982, Bolivia recuperó su institucionalidad. El primer gobierno de transición creó una Comisión Nacional de Desaparecidos. Por otra parte, se constituyó un Comité Impulsor del Juicio de Responsabilidades, en el cual participaron las Iglesias Católicas y Metodistas, la Universidad de San Simón de la Paz y la Central Obrera Boliviana, entre otros. Este juicio fue presentado en 1984 ante el Congreso Nacional y en abril de 1986 ante la Corte Suprema de Justicia. El Comité Impulsor del Juicio de Responsabilidades buscó y publicó el nombre de los responsables, y logró condenar al ex general García Meza y a Luis Arce Gómez a 30 años de prisión, mientras que otros 50 implicados también recibieron condena. El texto del Comité Impulsor señala que "en esa búsqueda sin cansancio de la verdad jurídica...hemos encontrado aún más feroz el rostro de los tiranos, de los masacradores, de los que torturaron y dispararon, de los que detrás de los ejecutores planearon y ordenaron los crímenes, y de los que se enriquecieron a costa del patrimonio público". En Paraguay, la dictadura iniciada en 1954 llegó a su fin el 3 de febrero de 1989. Hasta ese momento y desde 1976, el Comité de Iglesias Para Ayuda de Emergencia (CIPAE), desarrolló un sistemático proceso de registro de los hechos de violencia. El resultado de las investigaciones fue publicado a partir de 1990 en una serie de cuatro volúmenes bajo el título "Paraguay Nunca Más". En estos libros se documenta minuciosamente el respaldo del gobierno de los EEUU a la dictadura militar. Otro trabajo de documentación de las violaciones de derechos humanos fue elaborado por la Iglesia Católica de Misiones, titulado Koága Roneeeta (Ahora Hablaremos), testimonio campesino en Misiones entre los años 1976 y 1978. En Perú, tras doce años de dictaduras militares que cesan en 1980, no se creó ninguna Comisión estatal para investigar lo sucedido. Posteriormente, y en relación con varios hechos de violencia y muerte, el Estado a través del Congreso de la República y el Poder Ejecutivo ha creado en diversos momentos comisiones investigadoras de la verdad. La mayoría de estas Comisiones no han podido llevar a buen término el resultado de sus investigaciones. Finalmente el Ejecutivo dictó en 1995 la ley de Amnistía para eximir de responsabilidades a los militares autores de violaciones de derechos humanos. En Argentina la dictadura militar iniciada en 1976 llega a su término en 1983. Oficialmente se crea la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) también conocida como Comisión Sábato, la cual emite su Informe en el libro titulado "Nunca Más". Las presiones militares y la claudicación del gobierno civil llevan a que en 1986 se dicte la Ley Nº 23.492, llamada de "Punto Final". Esta, en un plazo de máximo de 60 días, establece iniciar los procesos por violaciones de derechos humanos cometidas en la dictadura militar, extinguiendo la acción penal en los demás casos. Más tarde, en 1987 tras una nueva rebelión militar, se dictó la ley de "obediencia debida", que creaba la presunción de derecho de que todo el personal subalterno había actuado en estado de coerción de sus altos mandos y, por ende, los absolvía. Se restringía así la responsabilidad exclusivamente a los altos mandos, los que fueron juzgados y condenados en un célebre proceso público. Finalmente, entre 1989 y 1990, bajo pretexto de reconciliación nacional, se consumó la impunidad penal a militares condenados mediante indultos presidenciales. La única vía civil reparatoria expedita, fue la promulgación de leyes que permitieron indemnizar por el Estado a las víctimas. En Uruguay al término de la dictadura militar iniciada en 1973, se creó una Comisión Parlamentaria que elaboró un Informe Político Global de pobre resultado y casi nula eficacia jurídica. El gobierno civil, para evitar escaladas mayores de insubordinación militar, opta por cambiar el Derecho y sanciona urgentemente la ley Ns 15.848, de "caducidad de la pretensión punitiva del Estado". Planteada su inconstitucionalidad en la sede judicial, se inició una campaña de iniciativa ciudadana para una consulta popular o referéndum que precipitó un plesbiscito sobre la validez de dicha ley. Las votaciones del interior del país, hicieron que finalmente triunfara la opción por la impunidad. En Chile la dictadura militar iniciada en 1973, fue depuesta mediante un plesbicito el 5 de octubre de 1989. En 1978 los militares dictaron un Decreto Ley de amnistía, que tenía por objeto auto-perdonarse los crímenes cometidos entre 1973 y 1978. El primer gobierno de transición creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, que investigó sólo los casos de violaciones de derechos humanos con resultado de muerte y aquellos actos de "violencia política" propiciada por opositores al régimen. En El Salvador la Comisión de la Verdad, constituida, el 16-01-92 resultó del proceso de negociación política entre el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y el Gobierno. El acuerdo de paz de Chapultex se llamó "Superación de la Impunidad" y se investigaron los hechos de violencia acaecidos entre 1980-1991. Fue una verdad relativa pues la justicia estuvo ausente en estos 11 años de guerra sucia, y en los que organismos paramilitares quedaron no solamente impunes sino en la sombra total. En 1993 se dictó una Ley de Amnistía producto de negociaciones con los sectores políticos. Todos los responsables identificados fueron liberados. En Haití luego de la caída del dictador Raúl Cedras en 1993, el nuevo gobierno democrático constituyó en marzo de 1995 la Comisión de Verdad y Justicia. La creación de este instrumento fundamentaba la construcción de un nuevo Estado de Derecho, y una de sus funciones era la de investigar y sancionar a los responsables de los crímenes por violaciones de derechos humanos. Esta Comisión fue creada por el nuevo gobierno no obstante que ya en 1992 la comunidad internacional, en sus negociaciones con los militares para reinstalar un régimen democrático, aprobó una amnistía amplia y general. Dicha amnistía impedirá acusar y juzgar a las fuerzas armadas y de seguridad que habían participado en los hechos ocurridos durante y después del golpe de Estado del 29 de septiembre de 1991. El relator especial sobre Haiti de la Comisión de Derechos humanos de la ONU interpretaría la amnistía como una "medida necesaria". En el Informe del Secretario General a la Asamblea general de la ONU del 27 de marzo del 93 se lee que "el objetivo inmediato es lograr un acuerdo sobre tres cuestiones centrales a saber: el regreso del Presidente Aristides; la designación del Primer Ministro que dirigirá un gobierno de concordia nacional y la amnistía". Esta conducta asumida por la OEA y la Naciones Unidas, contrastaba con los avances jurídicos en la lucha contra la impunidad que la propia comunidad internacional impulsaba. El 18 de diciembre de 1992 las Naciones Unidas adoptaba la Declaración sobre la Protección de todas las personas contra las Desapariciones Forzadas que prohibía la amnistía para los autores de desapariciones. A su vez, la OEA declaraba violatorios de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, las leyes de punto final y obediencia debida así como el indulto presidencial de 1989 de Argentina y la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado de Uruguay. En junio de 1993, en Viena, la Conferencia Mundial sobre los Derechos Humanos instaba a los gobiernos a derogar todas las leyes que aseguraban la impunidad de los responsables de graves violaciones de derechos humanos y los Estados tenían la obligación de investigar y sancionar a los autores de desapariciones forzadas. En Guatemala, el gobierno guatemalteco y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca suscribieron varios acuerdos, entre ellos el firmado el 21 de junio de 1994 establece la creación de una "Comisión para el esclarecimiento histórico de las violaciones de derechos humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimiento a la población guatemalteca". Este acuerdo estuvo precedido por el "Acuerdo Global de Derechos Humanos" firmado en marzo de 1994, verdadero pacto contra la impunidad. La Comisión aún no se ha constituido y el calendario pactado entre el gobierno y la URNG no ha podido ser cumplido.