Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU) Crímenes e Impunidad - La experiencia del trabajo médico, psicológico, social y jurídico en la violación del Derecho a la Vida .o000o. Chile 1973 - 1996 VII Región del Maule - IX Región de la Araucanía - X Región de los Lagos Autores: * Dra. Paz Rojas B. (Coord.) * Dra. Patricia Barceló A. * Jaime Soto N. * Sergio Espinoza C. * Julia Urquieta O. * Maritsa Jara R. * Dra. Katia Reszczynski P. * Verónica Seeger B. * Alejandro Astete M. * Introducción * I. Características de las violaciones de los Derechos Humanos en América Latina * II. Metodología del proceso del conocer y del saber en la búsqueda de la verdad * III. Regiones y población estudiada * IV. Acciones y consecuencias sobre la persona y la sociedad * V. El vínculo con los familiares * VI. El trabajo con grupos, una experiencia inicial * VII. El proceso de intervención jurídica * VIII. Acompañamiento psicológico del proceso jurídico * IX. Las organizaciones de familiares: el trabajo conjunto * Anexos Derechos Humanos en Chile | Desaparecidos Chile | Biblioteca Virtual .o0000o. Crímenes e Impunidad La experiencia del trabajo médico, psicológico, social y jurídico en la violación del Derecho a la Vida Chile 1973 -1996 VII Región del Maule - IX Región de la Araucanía X Región de los Lagos Serie Verdad y Justicia Volumen 6 CODEPU DIT-T VERDAD Y JUSTICIA es una serie de investigaciones que el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU) a través de su Equipo de Salud Mental de Denuncia, Investigación y Tratamiento del Torturado y su núcleo familiar DIT-T, y del Equipo de Documentación e Investigación, publica con la finalidad de contribuir al esclarecimiento respecto de las violaciones de los Derechos Humanos ocurridas en Chile durante el período dictatorial (1973-1990). Coordinadora Responsable: Dra. Paz Rojas B. Autores: Dra. Paz Rojas B. Dra. Patricia Barceló A. Jaime Soto N. Sergio Espinoza C. Julia Urquieta O. Maritsa Jara R. Dra. Katia Reszczynski P. Verónica Seeger B. Alejandro Astete M. El trabajo en terreno fue realizado por los siguientes profesionales: Jaime Soto, Guillermo Montalva y Nelson Lira, investigadores, Paz Rojas, Patricia Barceló y Katia Reszczynski, médico-psiquiatras Julia Urquieta y Maritsa Jara, abogados Verónica Seeger, Myriam Cabezas y Marcela Ormazábal, psicólogos. Patricia Bravo y Víctor H. Venegas, trabajadores sociales Alejandro Astete, Irma Carrasco y José Araya, educadores También colaboraron : Roberta Basic, Maike Bister, Eric Moreau, Viviana Uribe, Marisol Espinoza y María Luisa Ortiz. El presente trabajo y su publicación ha sido posible gracias al Centro Nacional de Cooperación al Desarrollo (NCOS), Bruselas, Bélgica. Agradecemos además, el apoyo de: * Fondo para las Contribuciones Voluntarias para la Víctimas de la Tortura Organización de las Naciones Unidas). * Médico Internacional (MI), Alemania. * Acción Mundo Solidario (ASW), Alemania. * Pan Para el Mundo (PPM), Alemania. (c) CODEPU ISBN 956-7599-03-3 Inscripción N° 98.564 Autorizada la reproducción total o parcial citando la fuente. Santiago de Chile, diciembre de 1996. Edición a cargo de Sergio Pesutic P. Diseño y producción: Antonia Gómez C. Impreso en LOM Ediciones. Portada: xilografía de Santos Chávez. "Pensar el pasado contra el presente, resistir al presente, no para un retorno sino en favor, eso espero, de un tiempo futuro". Friedrich Nietzsche Indice Introducción I. Características de las Violaciones de los Derechos Humanos en América Latina Antecedentes históricos El caso de Chile II. Metodología del Proceso del Conocer y del Saber en la búsqueda de la Verdad Registro de las violaciones de los Derechos Humanos Objetivos Selección del territorio. Elaboración de los instrumentos III. Regiones y Población Estudiada Características de las Regiones Séptima Región Novena Región. Décima Región Características de la población. Antecedentes generales Antecedentes socioeconómicos. Antecedentes políticos Situación represiva. IV. Acciones y Consecuencias sobre la Persona y la Sociedad V. El Vínculo con los Familiares Los contactos preliminares Establecimiento y desarrollo del vínculo Factores que facilitan u obstaculizan el vínculo VI. El Trabajo con Grupos, una Experiencia Inicial Antecedentes Características de los grupos. Propósitos. El método empleado Evaluación. Reflexiones VII. El Proceso de Intervención Jurídica. Introducción Objetivos y métodos. Desarrollo de la intervención jurídica. La intervención jurídica propiamente tal Comentarios VIII. Acompañamiento Psicológico del Proceso Jurídico Antecedentes de la región y de las familias Nuestro acercamiento a las familias. Estructura familiar previa y posterior al hecho represivo. Ciclo vital individual y patologías crónicas. El proceso de duelo Participación en la búsqueda de Verdad y Justicia. Consecuencias sobre las familias Comentarios IX. Las Organizaciones de Familiares: El Trabajo Conjunto. Las Agrupaciones de Familiares durante el Régimen Militar Las Agrupaciones de Familiares a través de las Regiones. Las Agrupaciones de Familiares durante el período de transición a la democracia: los cambios observados Las Agrupaciones de Familiares y nuestro equipo: primeros intercambios Comentarios. Introducción A través del presente libro queremos comunicar la experiencia realizada por el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), en el esclarecimiento de los crímenes cometidos por la dictadura militar chilena, esclarecimiento tanto en el ámbito de la verdad de lo ocurrido como en el plano de la verdad jurídica. La decisión de efectuar este trabajo se remonta a 1988, dos años antes del término del régimen dictatorial que se iniciara con el golpe de Estado del día 11 de septiembre de 1973. Luego de un análisis detallado de lo que habían sido las violaciones de los Derechos Humanos y, muy especialmente, los crímenes de Lesa Humanidad ocurridos hasta ese momento en el país, la determinación de hacer esta labor fue tomada por todos los miembros de los diferentes equipos de nuestra institución. Hemos sido testigos, y lo somos aún, del ocultamiento, la negación, la falta de justicia, las infinitas tácticas para atemorizar y someter a la población, la existencia degradante de la prisión política, la tortura, la persecución y el exilio, el secuestro de personas seguido de desaparición y la perversa agresión humana con cuerpos destrozados, dinamitados, quemados, degollados. Decidimos profundizar sobre esta realidad, no sólo para aproximarnos al conocimiento de la verdad, sino también para acercarnos a la comprensión trágica de la dramática contienda humana que se había producido. Asimismo, esta opción de trabajo está vinculada estrechamente a nuestra experiencia profesional (en tanto médicos, psiquiatras, psicólogos, abogados, educadores, trabajadores sociales o investigadores en el campo de Derechos Humanos), y personal (en tanto familiares directos de las víctimas). En ambos planos, y de manera indisoluble, constatamos y vivenciamos las graves, severas y profundas alteraciones que la violencia represiva había dejado en las personas, en las familias, en nosotros mismos y, especialmente, en el conjunto de la sociedad. Ante la necesidad de saber y conocer toda la verdad, nos asistió la preocupación de que "los Crímenes contra la Humanidad no quedaran lo suficientemente esclarecidos durante el período de transición a la democracia que se avecinaba y, lo que aparecía aún más grave, ante el temor de que los responsables de muertes, desapariciones, torturas, penas y sufrimientos tan crueles e injustos, quedaran en la impunidad, impidiendo un real proceso de sanación, individual, familiar y social".(1) En 1988, nuestro organismo tenía una sede en la capital. Santiago, y en otras cinco capitales regionales (Valparaíso, Talca, Concepción, Temuco y Valdivia). Algunas de ellas recién estaban logrando constituirse de manera más formal. Sus miembros, en la mayoría jóvenes profesionales, algunos ex-presos políticos o familiares cercanos a las víctimas, agrupados las más de las veces clandestinamente, habían iniciado un trabajo de denuncia de la violación de los Derechos Humanos en su localidad levantando una clara y decidida lucha contra la dictadura. La ayuda internacional de esa época (especialmente del Fondo de Contribuciones Voluntarias para las Víctimas de la Tortura dependiente de las Naciones Unidas que por las normas de su mandato no podía apoyar abiertamente este trabajo ni menos patrocinar una investigación sobre los crímenes, sus responsables y las consecuencias de la impunidad), nos había permitido crear colectivos de salud mental en esas regiones para dar una atención integral a las personas y familias afectadas directamente por la dictadura. Tras elaborar un proyecto específico titulado "Reparación, Capacitación y Prevención en Salud Mental y Derechos Humanos en el Período de Transición a la Democracia" cuyo principal objetivo era el diagnóstico del daño psicológico y social y buscar formas de intervención para una reparación y prevención integral, obtuvimos en octubre de 1989 el apoyo de una ONG belga, el Centro Nacional de Cooperación al Desarrollo (NCOS). Más tarde, otras agencias europeas, especialmente alemanas, como Médico Internacional(MI), Pan Para el Mundo (PPM), y Acción Mundo Solidario (ASW), mostraron un profundo interés en el tema de la impunidad y nos respaldaron moral y materialmente para continuar este trabajo. Las investigaciones que realizamos las denominamos de "Verdad y Justicia", ellas consideran los antecedentes históricos, geográficos, sociales, culturales y políticos, antes, durante y en los años posteriores al golpe de Estado, así como las características represivas en la zona, las personas afectadas y las consecuencias por ellas sufridas, los organismos dictatoriales responsables y la individualización de sus agentes. Algunos de estos trabajos fueron de orden temático(2) y no estaban referidos a lo sucedido en una determinada región de Chile. A diferencia de las publicaciones anteriores, centradas fundamentalmente en el campo de la denuncia y de la asistencia integral, el presente texto relata, comenta y evalúa los hechos y vivencias ligados al proceso mismo de la búsqueda de la verdad. Las investigaciones se insertaron en el proceso de intervención médica, psicológica, jurídica y social desarrollado por los diferentes equipos de nuestra institución junto a las personas, familias y colectivos sociales víctimas de la dictadura,. Esta primera etapa de esclarecimiento de los hechos, por condiciones humanas y materiales, se limitó a tres de las trece regiones en que se encuentra dividido administrativamente el país. Asimismo, los acontecimientos ocurridos en estas regiones fueron seleccionados e investigados con diferentes niveles de profundidad, debido a que la Cooperación Internacional retiró su apoyo económico, por considerar que en el nuevo período político el problema de los Derechos Humanos en Chile "estaba prácticamente superado". Sin embargo, la primera etapa logró cumplirse en tres regiones: Séptima, Novena y Décima. La experiencia en dos de ellas fue publicada en el Segundo y Tercer Tomo de la Serie Verdad y Justicia(3). La etapa de verdad jurídica sólo pudo efectuarse en una región. Con la presencia masiva de todos los familiares de las personas ejecutadas y detenidas desaparecidas, con quienes habíamos trabajado estrechamente, los libros fueron presentados en actos públicos tanto en Santiago como en las respectivas regiones. En esta publicación queremos resaltar que nuestra experiencia y conocimiento directo de lo sucedido proviene exclusivamente de una sola de las vertientes de este drama humano: las personas afectadas, o mal llamadas víctimas. Igualmente, queremos señalar que desde el principio de esta actividad de atención, investigación y denuncia, asumimos que ella abarcaba la praxis total del conflicto y no solamente aquella de las víctimas. En este trabajo tratamos de esclarecer, por un lado, el Crimen de Lesa Humanidad y, por otro, el sistema y las personas responsables de él. Es evidente, que más allá de la identificación y el posible castigo, lo que cuenta para nosotros en último término son las responsabilidades particulares e institucionales en el accionar criminal. Al lado de las víctimas, paulatinamente se fue configurando el mapa de los responsables: sus antecedentes, sus biografías, sus conductas, sus mentalidades, su formación, sus discursos, permitiendo de este modo que algunos de ellos sean lo suficientemente identificables. Este libro tiene como objetivo principal dar cuenta del trabajo realizado en la búsqueda de la verdad respecto de las graves violaciones de los Derechos Humanos ocurridas en Chile. Creemos que esta experiencia ayudará a otras personas y a otros grupos que, desde sí mismos y no desde el Estado, intentan igual que nosotros esclarecer la magnitud y las características de dichas violaciones, muy especialmente del derecho a la vida. Terminada la etapa de esclarecimiento (o simultáneamente, puesto que luego de diecisiete años de dictadura aquella es sin duda una etapa que no cesa, como históricamente lo demuestra el caso de los grandes acontecimientos criminales ocurridos durante este siglo), iniciamos la fase de búsqueda y obtención de la verdad jurídica. Estas dos etapas se insertan en una práctica de atención médica, jurídica, psicológica y social. En cada capítulo señalamos a grandes rasgos las alteraciones encontradas en las personas, en los grupos, en las familias y en la sociedad. Lo hacemos así porque es necesario conocer las características tan particulares del universo de personas con que se trabaja, "víctimas de los crímenes y de la impunidad", siendo fundamental el máximo de resguardo y cuidado. Este proceso ha sido, por otra parte, un trabajo conjunto con "las víctimas y sus familiares". Ellos nos han entregado el relato de lo sucedido, evocando una y otra vez los hechos represivos tal cual sucedieron; ha sido el recuerdo de lo vivido, sus palabras, sus gestos y comportamientos, incluso sus silencios, lo que nos ha permitido reconstruir la dolorosa historia reciente. Se trata de una experiencia de trabajo marcada desde su inicio por la urgencia del tiempo. Iniciarlo ahora, veintitrés años después del golpe militar, hubiera sido demasiado tarde y la verdad sobre los hechos, tal vez, estaría reemplazada por la creencia de la verdad, por las ideas y teorías construidas sobre ellos. Es importante señalar el contexto de nuestra experiencia: fue iniciada en pleno período dictatorial, dos años antes de su término. Se desarrolló luego contemporáneamente con las medidas que en materia de derechos humanos aplicó el primer gobierno de transición a la democracia: la creación de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y, posteriormente, la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación.(4) En la primera parte de este libro, entregamos los antecedentes históricos de la violación de los Derechos Humanos en América Latina y particularmente en Chile. Lo hacemos en forma resumida y concreta y, hay que reconocerlo, "con una mirada sesgada". Esta realidad, los crímenes y la impunidad, no puede entenderse desligada de sus orígenes, de su contexto. En materia de Derechos Humanos, tratar de comprender los orígenes de la violencia en la segunda mitad de este siglo en América Latina, ha sido y sigue siendo un camino difícil y complejo, pero indispensable para poder intervenir y superar sus consecuencias. En los capítulos siguientes mostramos las pautas e instrumentos elaborados para abordar el proceso general de saber y conocer. Intentamos validar el significado de la palabra método, "a través de un camino", mostrando paso a paso nuestro quehacer, desde la forma en que seleccionamos el territorio a investigar hasta las dificultades que tuvimos para tomar una decisión acertada. Los demás capítulos entregan nuestra experiencia en una secuencia temporal. Todos ellos han sido estructurados de la siguiente manera: definición del tema, objetivos planteados, contenidos y metodologías específicas aplicadas. Cuando corresponde, hacemos un análisis de las consecuencias médicas, psicológicas, sociales y jurídicas que esa realidad ha provocado sobre las personas, las familias y la sociedad. Por último, comentamos críticamente la experiencia, tanto en sus aspectos positivos como negativos, señalando cuál hubiese sido la mejor forma de realizarlo. Un capítulo especial está dedicado a las "Agrupaciones de Familiares", puesto que ellas son parte fundamental del proceso de esclarecimiento y exigencia de Justicia y fueron colaboradoras esenciales en esta práctica compartida. Se incluye asimismo un análisis sobre la importancia que en materias de Derechos Humanos adquiere un proceso simultáneo de Educación. Esperamos compartir con los lectores las enseñanzas posibles de extraer de este largo viaje a través del atropello de la dignidad humana y de la impunidad. Nos asiste la esperanza de construir en democracia y participación una sociedad más solidaria que consiga alcanzar la Verdad y la Justicia. Notas: 1. "Más Allá de las Fronteras". Serie Verdad y Justicia. Volumen V. CODEPU-DIT-T. Chile, 1996. 2. "Todas íbamos a Ser Reinas: Estudio sobre nueve mujeres embarazadas que fueron detenidas y desaparecidas en Chile", Serie Verdad y Justicia, Volumen I, CODEPUDIT-T, Chile, 1990; "La Gran Mentira: El caso de las listas de los 119"; Serie Verdad y Justicia, Volumen IV, CODEPU-DIT-T, Chile, 1994 3. "Chile: Recuerdos de la Guerra. Valdivia-Neltume-Chihuio-Liquiñe", X Región, Serie Verdad y Justicia, Volumen n, CODEPU-DIT-T, Chile, 1991; "Labradores de la Esperanza", VII Región, Serie Verdad y Justicia, Volumen III, CODEPU-DIT-T, Chile, 1992 4. El Decreto Supremo N° 355, de fecha 25 de abril de 1990, establece que la finalidad de la CNVR es conocer las graves violaciones de los Derechos Humanos ocurridas en Chile entre septiembre de 1973 y marzo de 1990. Un año después de concluida la labor de la CNVR, el 8 de febrero de 1992, mediante la Ley 19.123, se creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR). Esta Corporación surge con la finalidad, entre otras, de promover la reparación del daño moral de las víctimas, estableciendo los beneficios para aquellas víctimas declaradas con convicción por la CNVR y proseguir las indagaciones necesarias para dictaminar respecto de aquellos casos estudiados en los que no fue posible formarse convicción. Capítulo I Características de las violaciones de los Derechos Humanos en América Latina 1.1. Antecedentes históricos. (1) La mayoría de las personas provenientes de diversas disciplinas médicas, psicológicas, jurídicas, sociales e incluso políticas, que trabajaron y continúan trabajando en el campo de los Derechos Humanos, han tenido que ir elaborando -desde el asombro y perplejidad iniciales producidos por el golpe de Estado- diversas e innumerables estrategias tanto para comprender los orígenes y las causas de los crímenes y de su impunidad, como para responder lo más coherentemente posible a sus consecuencias y repercusiones en la persona y en la sociedad. Conocer antecedentes sobre la violencia en América Latina, particularmente en Chile, obliga a revisar el contexto global bajo el cual se realizaron las violaciones de los Derechos Humanos y, específicamente, las torturas, ejecuciones y desaparición de personas, es decir, la violación del derecho a la vida. Desde la ocupación de América por los españoles en el año 1492, la situación de desigualdad humana se acentuó en el continente. Desde su llegada, los pueblos originarios fueron sometidos a la muerte, a la tortura, a la expropiación, a la explotación, a la marginación y al despojo de toda dignidad humana. La violencia de los españoles, movida por afanes de posesión y lucro, se plasmó en desaparición y extinción progresiva de los habitantes. Los primeros registros del uso de la violencia con fines de dominación se remontan pues, a la llegada de los conquistadores. Desde entonces, la historia de América ha estado plagada de sucesos de violencia, siendo la más atroz y oprobiosa aquella originada desde el poder. Tras el establecimiento de las repúblicas americanas independientes, los grupos dominantes han utilizado la agresión para garantizar un modelo político y económico que sirviera a sus intereses. Ello provocó desigualdades y privaciones, dando lugar a lo que se conoce como violencia desde abajo o violencia estructural. Marginación, despojo y violencia han dejado una impronta en la cultura, en el modo de ser, en el carácter, en la forma de establecer relaciones humanas, en el modo de comunicar, de hablar o de guardar silencio entre los sectores más desposeídos de este continente. Temor y desconfianza que se han acentuado en grado extremo en las personas con las cuales hemos trabajado. Igualmente, en aquellos sectores que detentan el poder y la propiedad, se han configurado rasgos de superioridad, modos de ser y formas de comunicarse que les son características. Extensos y profundos estallidos sociales se han producido en diferentes épocas y países americanos, expresión de la lucha de los sectores más pobres y desposeídos por alcanzar un mínimo nivel de igualdad. Estas confrontaciones y movilizaciones sociales tuvieron históricamente como respuesta una sucesión de regímenes autoritarios, cuyo instrumento de dominación fue la violencia ejercida desde el poder. En su forma y estructura, las situaciones de violencia han cambiado durante las últimas décadas en América Latina. En 1945, el mundo alcanza la paz, pero paradójicamente queda dividido en dos campos dominantes hegemónicos enemigos entre sí. El continente americano queda incluido en el sector occidental y, casi sin saberlo, sus habitantes entran de lleno en esta contienda. Estados Unidos, país hegemónico del mundo capitalista, durante el gobierno del presidente Harry Truman acuña el concepto de Guerra Fría y en torno a él se elaboran tácticas y estrategias para derrotar a este nuevo enemigo. En esta Guerra Fría, a diferencia de las dos grandes guerras mundiales de la primera mitad del siglo, no se realizarían contiendas abiertas y visibles, ni se sentiría el fragor de las batallas. Muy por el contrario, sería el ocultamiento, la manipulación ideológica, el espionaje, la guerra psicológica, la preparación silenciosa en técnicas específicas para contrarrestar al adversario, lo que comenzaría a dominar las relaciones entre estos dos campos, entre los países, entre los gobiernos y los ciudadanos. Y entre las propias personas de cada país. Los dos adversarios entran en esta dinámica y para los Estados Unidos, durante los 43 años que duró la Guerra Fría, el enemigo total era el comunismo. A la idea de Guerra Revolucionaria, engendrada según los norteamericanos como una táctica del comunismo para alcanzar el poder, ellos contrapusieron dentro de la gran matriz de la Guerra Fría el concepto y la práctica de la Guerra Antisubversiva. Durante todos estos años el concepto mismo de guerra cambió, no sólo en cuanto a su significado, "de conflagración abierta", sino también en cuanto a la distribución geográfica que habitualmente tiene la guerra, es decir, entre dos o más países: ahora la guerra se sitúa en el interior mismo de cada país, en su propio territorio. Lo más significativo de este nuevo concepto es que el enemigo ya no se encuentra más allá de las fronteras, no es un extranjero, un desconocido, sino que muy por el contrario, el contrincante es un ciudadano del mismo país, que hasta ese entonces había sido un conciudadano, un igual, un compatriota. Así fueron divididos los grupos y las familias con las cuales hemos trabajado. En este contexto de Guerra Fría o de posibles Guerras Revolucionarias, América Latina vive su propia historia de enfrentamientos políticos, ideológicos y también de golpes de Estado, de guerras internas, con persecución y muerte. Abundante literatura europea, norteamericana y latinoamericana informa sobre la enseñanza y aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional y la llamada Estrategia de Contraisurgencia. Durante años los militares de los diversos países latinoamericanos fueron formados en la Escuela de las Américas, situada en el territorio norteamericano de la zona del canal de Panamá. La principal vivencia o representación mental que internalizaron fue la existencia de un enemigo interno al que había que neutralizar, destruir, eliminar, matar y si era necesario hacer desaparecer para siempre. Nosotros queremos señalar sólo tres de sus principales objetivos y consecuencias, que permiten comprender el origen y la magnitud de los Crímenes de Lesa Humanidad sufridos por la población con que hemos trabajado y la consiguiente Impunidad existente hoy en el continente. Desde hace algunos años, y concretamente ahora, ha quedado en evidencia pública el material de enseñanza y adiestramiento utilizado para la "formación" de seiscientos militares chilenos en Doctrina de Seguridad Nacional y en prácticas de tortura y muerte propias de la contrainsurgencia. El convencimiento de que existía un enemigo interno, en este caso el comunista, era para ellos real, especialmente luego del triunfo de la Revolución Cubana que había despertado grandes esperanzas en la juventud, no sólo de América Latina, sino de todo el mundo. De hecho, varios grupos "revolucionarios" se crearon a partir de la década del 60 en distintos países de América Latina, y a pesar de que algunos de ellos proclamaron la lucha armada, no existen hasta ahora registros fundamentados sobre un accionar violatorio de los Derechos Humanos. Al enemigo se le deshumaniza, se le considera perverso, demoníaco, de tal forma que su eliminación, en lugar de ser un crimen, constituyó para los militares más bien un logro, un triunfo. La formación ideológica rígida, la deshumanización del otro, el pacto de impunidad y la sobrevaloración de su función como militares, fueron las líneas directrices que paulatinamente conformaron la mentalidad de los ejércitos latinoamericanos, y muy significativamente del chileno. El segundo concepto o idea fue la internalización de una imagen del sí mismo: los militares eran los salvadores de la patria, la reserva moral de la Humanidad. Revestidos de un poder y de un mandato superior, se sienten los garantes de la paz y del orden. La tercera idea postulaba que, una vez derrotado el enemigo, el modelo económico capitalista debía imponerse. Es así como los propios gobiernos militares, como en el caso de Chile, han sido los gestores y garantes de la economía de libre mercado actualmente en aplicación en A. Latina. El aprendizaje de las técnicas de la Guerra Antisubversiva, los cursos sobre como debe realizarse una Guerra Psicológica, el adiestramiento sobre técnicas para interrogar y torturar, la elaboración de nuevas maniobras para eliminar al contrincante sin dejar huellas -como es el secuestro y la desaparición forzada de personas-, el pacto para negar, ocultar y protegerse frente a posibles investigaciones sobre su actuar, es el contexto en el cual hemos vivido. A partir de la década de 1950, los países del continente sufrieron sucesivamente golpes militares cuando un clima creciente de reivindicaciones y movilizaciones podía conducir a cambios sociales profundos. Tras esos golpes militares se instalaron dictaduras que utilizaron la violencia de Estado como arma implacable para destruir al enemigo y someter a la población. Estos golpes de Estado y las dictaduras que les siguieron se diferenciaron de los regímenes anteriores a la segunda guerra mundial porque ya no desembarcaron los Marines Norteamericanos sino que fueron los propios ejércitos de cada país los que intervinieron. Durante estas últimas décadas América Latina muestra un cuadro particularmente grave de violaciones de los Derechos Humanos, no sólo del derecho a la vida sino también un desconocimiento de los mínimos logros alcanzados en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Durante este período se vivirá un clima de terror permanente, de amedrentamiento, de falsos mensajes mediante la manipulación informativa que intenta el control de los sentimientos y de los diferentes mecanismos del miedo. Simultáneamente, se dictaron leyes de amnistía o de punto final respecto de los responsables de los crímenes, las que mediante Tribunales Militares o Tribunales Ordinarios, carentes de independencia e imparcialidad, aseguran hasta hoy la impunidad en América Latina. I. 2. El caso de Chile El 11 de Septiembre de 1973 fue derrocado el gobierno constitucional del Presidente socialista Salvador Allende. Este hecho provocó un profundo quiebre institucional, que significó la destrucción del Estado de Derecho existente, junto a graves consecuencias políticas, individuales y sociales. La Junta Militar de Gobierno, encabezada por el Comandante en Jefe del Ejército General Augusto Pinochet Ugarte e integrada por los Comandantes en Jefe de la Fuerza Aérea, de la Armada y el Director Nacional de Carabineros, asumieron el ejercicio total de los poderes constituyentes, legislativo y ejecutivo y la normativa que se impuso fue la dictación de Decretos Leyes. El Decreto Ley Nº 1 denominado "Acta de Constitución de la Junta de Gobierno", devela lo que anteriormente hemos indicado, al señalar: "con esta fecha se constituyen en Junta de Gobierno y asumen el Mando Supremo de la Nación, con el patriótico compromiso de restaurar la chilenidad, la justicia, y la institucionalidad quebrantada, conscientes de que ésta es la única forma de ser fieles a las tradiciones nacionales, al legado de los Padres de la Patria y a la Historia de Chile, y de permitir que la evolución y el progreso del país se encaucen vigorosamente por los caminos que la dinámica de los tiempos actuales exigen a Chile en el concierto de la comunidad internacional de que forma parte". La Constitución vigente hasta ese momento quedó derogada tácitamente por las normas impuestas por la Junta Militar. El Poder Judicial si bien no fue intervenido, abdicó de sus funciones de velar por el respeto de los Derechos Humanos y en los hechos se subordinó a la normativa impuesta por la Junta de Gobierno. Mediante otro decreto ley que aparece en el Diario Oficial del 22 de septiembre del mismo año se declara "que el Estado de Sitio que se había impuesto el 11 de septiembre debe entenderse como Estado o Tiempo de Guerra". Esta figura fue la base mediante la cual se sostiene la idea de la existencia de un enemigo al interior del país, al cual hay que combatir mediante una guerra irregular. Asimismo, al ser derrocado el presidente de la República y disolverse el Congreso Nacional, dejaron de funcionar las instituciones políticas fundamentales de la democracia representativa que existía en el país. Mediante un decreto especial del 13 de Octubre de 1973, la Junta declaró "disueltos, prohibidos y considerados asociaciones ilícitas, a los partidos políticos, entidades, agrupaciones, facciones o movimientos que sustenten la doctrina marxista". Caducaron todos los registros electorales, los que fueron incinerados por la Dirección del Registro Electoral (Decreto Ley ?130). Además, la Junta declaró la cesación de funciones de los alcaldes y regidores, procediendo en lo sucesivo a designar a los alcaldes, quienes pasaron a ser de su exclusiva confianza. Desde el 12 de septiembre de 1973 y por el D.L. N° 6, el personal de la Administración del Estado, excluido el del Poder Judicial y de la Contraloría General de la República, quedó en calidad de interino. Posteriormente, el D.L. N° 98 declaró en reorganización todos los servicios públicos. Mediante estos decretos y los actos de terrorismo de Estado iniciados el mismo 11 de septiembre, el poder quedó íntegramente en manos de las Fuerzas Armadas. Se inician así diecisiete años de dictadura, la cual no se diferenció mayormente de otras impuestas en América Latina durante la segunda mitad de este siglo. Nota: 1. El contenido de este capítulo se complementa con la primera parte del libro "Más Allá de las Fronteras", Serie Verdad y Justicia. Volumen V. CODEPU-DITT, Chile, 1996. Capítulo II Metodología del proceso del conocer y del saber en la búsqueda de la verdad El presente trabajo valida, a través de todo su desarrollo, el significado etimológico de la palabra método: "a través de un camino". Paso a paso mostraremos nuestro quehacer: desde el desconocimiento inicial del número real de personas hasta alcanzar un número aproximado de ellos; desde el esclarecimiento de quien era la persona víctima del crimen hasta su destino final; desde las circunstancias y características del hecho represivo hasta el conocimiento de los organismos y responsables que participaron en la muerte y el desaparecimiento; desde el primer acercamiento a los familiares de las víctimas hasta su incorporación a una "práctica compartida"; desde la escasas denuncias de los crímenes hechas por algunos familiares hasta el establecimiento de la verdad jurídica. Asimismo, mostraremos los sucesivos pasos metodológicos en la etapa de investigación de los crímenes, teniendo como fundamento el trabajo que como organismo de Derechos Humanos habíamos realizado en etapas anteriores. II. 1. Registro de las violaciones de los Derechos Humanos. Desde sus inicios nuestra institución trabajó en la elaboración de archivos de las violaciones de Derechos Humanos. Ello significó una gran ayuda en esta primera etapa del saber y del conocer la verdad, pues nos permitió registrar lo que las personas afectadas, un familiar o un conocido, nos relataba sobre lo sucedido. En este registro reuníamos los datos personales y familiares, los antecedentes represivos, los posibles agentes responsables, la situación actual de desamparo y de privación social, los antecedentes médicos, psicológicos y jurídicos en que se encontraba la persona atendida. Tam- bien anotábamos sus demandas y otras informaciones que nos proporcionaba. Se abrieron carpetas o cuadernos individuales, los cuales completábamos con otro tipo de antecedentes recolectados: registro de periódicos que hablaban del caso y sus circunstancias, antecedentes represivos concordantes con el momento en que se había producido la detención, la tortura, la muerte o el desaparecimiento, referencias sobre posibles responsables, denuncias existentes, querellas, etc.; en suma, cualquier elemento que nos permitiera profundizar en la historia. Esta doble perspectiva del conocimiento, la persona reprimida y las características del sistema represor, nos permitía comprender en forma más objetiva y certera lo que la persona había vivido y la realidad que intentaba comunicar. Al mismo tiempo, se realizaba un análisis y discusión de la situación represiva general que el país estaba viviendo, los niveles de violencia, las nuevas tácticas que estaba usando la dictadura para destruir, inmovilizar o perseguir a las personas y grupos, o para manipular la información. Conjuntamente con el registro de casos y hechos represivos se creó un archivo más general sobre los crímenes de la dictadura, con material de prensa nacional o extranjera, comunicados de apoyo al trabajo de Derechos Humanos, así como investigaciones sobre la situación de los Derechos Humanos en Chile realizadas por Naciones Unidas u otros organismos internacionales. Esta etapa de registrar los hechos, ubicarlos en el tiempo y la realidad, fue el germen de recolección de datos que más tarde constituyó el material básico del proceso del conocimiento. Etapa que exigió, permanentemente, objetividad frente a una realidad que se había vuelto extraña, desconocida, cargada de subjetividad. El material reunido fue contrastado y completado con los antecedentes que otras organizaciones de Derechos Humanos o agrupaciones de familiares habían recopilado. Nuestro trabajo se inició durante el período de terrorismo de Estado, por lo cual se realizaba en un clima de urgencia, dudas, desconcierto y ansiedad. El factor de riesgo tanto para los antecedentes reunidos como para los miembros del colectivo fue otro elemento importante de considerar. Dado que sufrimos la represión y la quema de nuestro material, reafirmamos la necesidad de mantener un doble registro o la posibilidad de resguardarlo. Asimismo, fue necesario prepararse para enfrentar la represión y el miedo. La serenidad era una actitud o conducta que se intentaba lograr permanentemente. La constitución de este archivo, la aproximación al conocimiento de lo que había pasado y la certeza de que la impunidad impregnaría todo el período de transición, nos llevó a iniciar la primera etapa de nuestro trabajo: la búsqueda de la verdad. II. 2. Objetivos. La búsqueda de antecedentes en el terreno mismo donde habían ocurrido las violaciones al derecho a la vida, se inició dos años antes del término de la dictadura. Nuestro objetivo era informarnos en la forma más completa e íntegra posible sobre los siguientes puntos: • Conocer quién era, y cómo había sido el sujeto víctima del crimen: restituir su imagen y presencia como persona, recuperar su dignidad. • Conocer los antecedentes, los motivos, el contexto y las circunstancias que originaron su muerte o desaparición. • Conocer la actuación y el comportamiento de los represores e identificar a los responsables directos. • Conocer las consecuencias que los crímenes y la impunidad habían producido sobre las personas, las familias y la comunidad. • Emprender un camino de rehabilitación y prevención en materia de violación de los Derechos Humanos. Para el cumplimiento de estos objetivos realizamos un proceso de conocimiento de la realidad y posteriormente elaboramos los instrumentos necesarios para recopilar la información. II. 3. Selección del territorio. En primer término señalaremos la forma cómo seleccionamos el territorio a investigar: • Se consideraron las dificultades para tomar una decisión acertada, ya sea en relación con nuestras capacidades o incapacidades, con los recursos humanos y materiales disponibles o con las distancias a recorrer. • Se evaluó el estado de las familias que entrevistaríamos, así como su disposición a aceptarnos y trabajar con nosotros. • Se consideró la presencia (más o menos evidente) o la ausencia del aparato represor de la dictadura en la zona (responsables, informantes, encubridores, colaboradores, etc.) así como de los riesgos que enfrentábamos. • En cada región se inició el estudio de la magnitud y de las características de la violación del derecho a la vida. Se revisaron y sistematizaron los archivos correspondientes, se buscaron nuevos antecedentes en otras Organizaciones o Agrupaciones de Familiares, se entrevistó a testigos de los crímenes sobrevivientes al golpe de Estado, a líderes sociales y políticos, se revisó la prensa de la época clasificando la información según antecedentes represivos y características de la intervención militar. • Se recopilaron folletos públicos o clandestinos que contuvieran antecedentes sobre la situación represiva o sobre las personas afectadas: fecha de detención, consejos de guerra, operativos militares, ejecución o posible desaparecimiento. Una vez reunida la información, sobre el mapa de la región marcamos el nombre de la víctima, la ubicación de sus familiares, su residencia, llegando finalmente a configurar un esquema de la violación del derecho a la vida sobre el territorio investigado. Ante la magnitud de los objetivos propuestos y la dimensión de la violación del derecho a la vida que habíamos constatado en esta etapa, consideramos: • Las posibilidades reales para realizar este trabajo. • Evaluamos los recursos materiales y humanos disponibles por nuestro equipo, así como el deseo y la voluntad de participar en la investigación. • La posibilidad de crear equipos multidisciplinarios para el trabajo en terreno y también equipos de apoyo y asesoramiento profesional. • La existencia de personas en el terreno que estuvieran dispuestas a apoyarnos. De acuerdo a estas posibilidades se definió el universo o población a estudiar y con la cual desarrollaríamos el trabajo: todas las personas afectadas por la violación del derecho a la vida en tres regiones: Séptima, Novena y Décima. II. 4. Elaboración de los instrumentos. Procedimos a elaborar los instrumentos necesarios para su posterior aplicación en terreno. En esta investigación nunca se aplicó un cuestionario. Los instrumentos diseñados fueron guías internas para recopilar datos sobre los hechos represivos, reconstituir las características específicas y únicas de las personas afectadas; conocer el estado emocional, social y relacional en que se encontraban los familiares de los ejecutados o detenidos desaparecidos y las expectativas que se hacían respecto del conocimiento de la verdad, justicia o posible impunidad, y también para recolectar la mayor cantidad de datos sobre los responsables. En relación al hecho represivo mismo, se elaboró una pauta que tenía los siguientes contenidos: individualización del afectado, antecedentes sobre su familia y amistades, antecedentes de la detención; existencia o no de testigos; organismos que actuaron en la detención; características de los agentes aprehensores; características de los lugares de reclusión; antecedentes jurídicos; y por último, la existencia o no de una versión oficial (Anexo Nº1). Al recolectar estos datos constatábamos, simultáneamente, la ruptura y el trauma experimentado por las personas que nos entregaban los antecedentes (familiares, amigos o vecinos de las víctimas). De las personas detenidas desaparecidas o ejecutadas nos interesaba obtener datos generales tales como la edad, estado civil, número de hijos, profesión u oficio, clase social, antecedentes de salud, sus características físicas y su modo de ser, sus rasgos de carácter, su psicomotilidad, la forma de relacionarse, su expresividad, sus deseos y sus esperanzas; en suma, su existencia concreta, su presencia antes de la desaparición o muerte. Algunos de estos antecedentes tratábamos de obtenerlos antes del primer contacto con la familia. En los casos que fue posible, ello nos facilitó un acercamiento más íntimo y nos permitió una recreación más certera de la imagen de las personas asesinadas o ausentes. Además de los antecedentes generales recogidos sobre los responsables, elaboramos una pauta que nos permitiera reconstituir sus características personales, su rango, sus antecedentes de formación especializada en tácticas de guerra antisubversiva, su aspecto físico, su forma de ser, su lenguaje, su comportamiento, su accionar y su vinculación concreta con el crimen. Con la elaboración de estos instrumentos, comenzamos a informarnos más profundamente sobre la situación general en las tres regiones, sus aspectos geográficos, históricos, socioeconómicos, culturales y étnicos y, muy especialmente, las características de la represión y la violencia ejercida durante los días del golpe militar y los diecisiete años de dictadura que le siguieron. Capítulo III Regiones y población estudiada En las tres regiones investigadas logramos establecer que fueron ejecutadas o hechas desaparecer un total de 305 personas, cifra que luego contrastamos con la entregada en marzo de 1991 por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Los antecedentes incluidos en el presente capítulo son el fruto del trabajo, durante todos estos años, con los familiares de estas 305 personas. Primeramente nos referiremos a las características demográficas, socioeconómicas y jurídicas de las tres regiones, a fin de conocer el medio ambiente social, cultural y político en que aquellas personas vivieron y en el cual continúan viviendo sus familiares. Luego daremos a conocer los antecedentes y rasgos específicos de la poblaciónestudiada, acompañado de un somero análisis interpretativo. Finalmente, abordaremos las repercusiones que los Crímenes Contra la Humanidad provocaron sobre las personas, las familias y la comunidad. III. 1. Características de las Regiones. En una extensa y estrecha geografía se encuentra Chile, en el extremo sur del continente americano. Aislado por mar y cordillera, ocupa una superficie de 756.252 km2 con una longitud superior a los 8.000 kms. Norte, centro y sur del país, presentan encontradas geografías. El sur tiene un clima predominantemente frío y lluvioso lo que favorece la existencia de grandes lagos y ríos, así como una abundante vegetación. La etapa de recolección de datos la realizamos en cinco de las trece regiones en que se divide administrativamente Chile. Sin embargo, por la falta de recursos humanos y materiales hubo de suspenderse la elaboración del trabajo en la Quinta Región, capital Valparaíso, y en la Octava Región, capital Concepción. De este modo, los antecedentes que entregamos se refieren a tres regiones ubicadas todas en el sur de Chile: la VII o Región del Maule, la IX o Región de la Araucanía y la X o Región de los Lagos. El estudio de los aspectos geográficos, históricos, socioeconómicos, culturales y étnicos, que conforman el contexto humano y físico donde vivieron las personas afectadas, lo realizamos en profundidad y fue publicado al final de la investigación del proceso de búsqueda de la verdad.(1) Mapa de las Regiones estudiadas A continuación, entregaremos dichos antecedentes de una forma somera pero suficiente para comprender el medio en que vivían las familias con las cuales trabajamos, y de qué manera iniciamos algunas medidas de carácter reparatorio. III. 1.1. Séptima Región. La región más cercana a Santiago de las tres investigadas es la Séptima Región, cuya ciudad capital es Talca (en lengua mapuche significa trueno). Hacia el Océano Pacífico presenta extensas planicies litorales con un valle central que abarca la mayor parte de la región, cuya conformación, generosa y fértil, hace que su tierra sea eminentemente agrícola. De la cordillera, en el oriente, brotarán grandes ríos y afluentes que cruzan al territorio proporcionando otra de sus riquezas naturales, las fuentes hidrográficas. Esta zona, desde la época de la conquista, se estructuró como una zona agraria, y la tenencia de la tierra estableció desde sus inicios una diferencia entre quienes eran sus propietarios y quienes la trabajaban, situación que se prolongó hasta bien avanzado el siglo XX. Al promulgarse, en 1967, la Ley de Sindicalización Campesina y la Ley de Reforma Agraria, se abrió paso a un ciclo de grandes movilizaciones reivindicativas campesinas que se prolongaron hasta el golpe de Estado de 1973. En 1970, más de la mitad de la población era rural, 325.015 habitantes (52,64%), siendo el sector con mayor protagonismo social y político entre ese año y mediados de 1973. La expropiación de fundos, las tomas de terrenos y el aumento de la organización campesina se hicieron frecuentes desde fines de la década del 60. Con el golpe militar se paralizó todo el proceso social y político derivado de la reforma agraria y la sindicalización, y ocurren profundas transformaciones en los sistemas de producción regional al imponerse un nuevo modelo de economía de libre mercado. Una de estas transformaciones fue la capitalización del sector agrícola con la incoporación de mayor tecnología, lo que produjo un significativo despoblamiento de las zonas rurales. Así, en 1992 la densidad poblacional mayoritariamente será urbana ( 59%), a diferencia de 1970, en que la población urbana no superaba el 48%. Otro elemento económico significativo que hoy caracteriza a la zona es el que se refiere al importante aumento del sector servicios, transporte, comercio e instituciones financieras (entre 1970 y 1990, pasa de 29,48% a 40,6%). Crecimiento que no puede interpretarse como un mejoramiento general de la situación económica y social de la población, sino por el contrario, estas nuevas estructuras económicas han aumentado las tasas de pobreza en la región. En el transcurso de veinte años, el indicador de pobreza aumentaría desde un 42,0% a un 46,3%. El crecimiento del sector servicios, entre otros efectos, genera una expansión de trabajos de sobreeplotación y de extrema pobreza, como es el caso de las empleadas domésticas, cuya fuerza laboral entre 1982 y 1990 se incrementó de 17,5% a 31,6%. El proceso vivido en esta región desde el golpe militar significó pues, una destrucción de las organizaciones sindicales y campesinas, persecución, tortura y muerte, paralización por el miedo, todo lo cual facilitó la implantación de un modelo económico que cambió las relaciones laborales y sociales. Aunque se establecen nuevos centros de desarrollo económico, surgen y se agravan importantes núcleos de pobreza. Sin embargo, la violencia política ejercida durante la dictadura en toda esta región, principalmente en zonas campesinas, constituye el factor más determinante para explicar los profundos cambios producidos en las relaciones humanas, familiares y sociales. El trabajo de búsqueda de los casos de violación del derecho a la vida se inició en esta región en 1989. Nos fuimos interiorizando paulatinamente sobre la magnitud de los crímenes cometidos, destacando como figuras represivas más habituales los operativos militares, los allanamientos, la prisión política y la tortura. Durante estos años recorrimos las diferentes comunas, las zonas campesinas más aisladas, para cumplir con los pasos metodológicos que nos habíamos propuesto. En 1990, el régimen militar es derrotado en las urnas y al igual que en otros países de América Latina se inicia un proceso llamado de transición a la democracia. El nuevo gobierno creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (CNVR), iniciándose un proceso de búsqueda de la verdad por parte del Estado. Del total de personas que sufrieron violación del derecho a la vida, es decir, muerte y desaparecimiento, la CNVR determinó una cifra para todo el país de 2.920 personas. En lo que se refiere a esta región, sólo en 62 casos la CNVR se formó convicción ( 2%). Contrasta con el universo encontrado por nosotros (109 casos); es decir, en 47 casos la Comisión no encontró elementos de convicción. Ello significó que en el transcurso del tiempo entregáramos antecedentes sobre las formas en que murieron o se les hizo desaparecer, para que el Estado los incorporara en el Informe de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación CNRR, organismo que sucedió a la CNVR. III. 1. 2. Novena Región. Se encuentra a 700 km. de Santiago y su ciudad capital es Térmico. Presenta relieves geográficos similares a la anterior. Hacia la costa se encuentran planicies litorales con extensos terrenos que favorecen los cultivos de cereales y de trigos. Hacia la cordillera se ubican terrenos de difícil acceso donde existen laderas abruptas y abundantes ríos rodeados de una vegetación exuberante. Su clima, frío y lluvioso durante la mayor parte del año, favorece el crecimiento de grandes extensiones de bosques naturales; robles, mañíos, raulíes, lingues, araucarias, son variedades naturales que han dado origen a numerosos poblados que viven de la explotación de la madera. En esta región, a diferencia de la anterior, se concentra el mayor porcentaje de población mapuche del país (alrededor de un 10%). Originariamente, los mapuches eran propietarios y trabajadores de estas tierras, estableciendo con ella una relación de profundas y ancestrales significaciones: se identifican con la tierra, la tierra es vida, es la mujer, es la madre, por lo tanto ellos la cuidan, la aman y la respetan. Más tarde, con la expansión de otras ciudades y las campañas de colonización impulsadas a mediados del siglo pasado, este pueblo será diezmado y expulsado definitivamente de la zona central del territorio. Se establecen en pequeñas comunidades costeras y precordilleranas, que se reconocen a la distancia por sus casas construidas de viejos maderos, distantes unas de otras y cuyos habitantes deben recorrer largos caminos para comunicarse. Esta región se caracteriza en el aspecto demográfico y sociocultural por la gran influencia de la población originaria mapuche (gente de la tierra). Tradicionalmente en esta región se concentraba el mayor porcentaje de población mapuche del país. Sin embargo, las políticas impulsadas por el Estado nacional a partir del denominado proceso de "pacificación de la Araucanía" en 1883 y las posteriores leyes de radicación de 1866 se tradujeron en usurpaciones, división y reducción sistemática de las tierras mapuches. Problemas sociales de carácter estructural e histórico caracterizan este lugar. Por una parte, el intento de las comunidades mapuches de recuperación de las tierras que les fueron usurpadas y, por otra, la formación de un sector obrero forestal en la zona colindante con la décima región que progresivamente demandará una mayor participación en la producción dando origen a nuevas organizaciones sindicales. Lo anterior ha implicado la pauperización de la población mapuche y ha derivado en posteriores migraciones hacia los principales centros urbanos del país, proceso agudizado durante los últimos veinte años a causa del ingreso en los territorios mapuches de megaproyectos forestales, turísticos, entre otros, como resultado de las políticas económicas neoliberales impulsadas primero por el régimen militar y continuado luego por los gobiernos del período de transición a la democracia. Mapuches y obreros forestales fueron los principales protagonistas sociales. Tomas de fundos, "corridas de cercos" y sindicalización obrera, eran algunas de las frecuentes manifestaciones de la lucha por mejores condiciones de vida. En esta región, la sindicalización obrera y campesina y la recuperación de tierras abrieron paso a grandes movilizaciones reivindicativas que terminaron abruptamente con el golpe militar. Este no sólo aniquiló a las organizaciones y a sus principales dirigentes, sino que impuso una política de negación y de asimilación del pueblo mapuche, frustrando cualquier expectativa de recuperación de tierras y de desarrollo de las comunidades. Entre 1970 y mediados de 1973, los sectores con mayor protagonismo social y político serán aquellos que se concentran en sectores rurales (la mitad de la población era rural). Por ejemplo, fue significativo el nivel de organización y participación que lograron familias en to- mas de fundos o complejos madereros, quienes incluso intervinieron en la toma de decisiones de las empresas que, junto a cursos de capacitación, creaban esperanzas y expectativas de una vida mejor. Todo este proceso se interrumpió con el golpe militar. Al igual que en la región anterior, la imposición de un nuevo modelo económico capitalista y la despiadada violencia ejercida en la zona, frenó todos los avances sociales. La capitalización del sector agrícola también provocó un despoblamiento de las zonas rurales. En 1992, la población urbana corresponde a un 59% de la población total de la región, mientras que en 1970 este sector no superaba el 51%. Por otra parte, tiene lugar un fuerte crecimiento en los sectores del transporte, comercio, instituciones financieras y otros establecimientos de servicios. Entre 1970 y 1990, estas áreas aumentaron de un 30,37% a un 41,9%, lo que a diferencia de la región anterior, ha significado un leve mejoramiento de la situación económica y social de la población. Sin embargo, ello ha determinado al mismo tiempo un aumento de mano de obra desvalorizada cuya oferta es requerida para trabajos de sobreexplotación. Del total de casos incluidos en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, el porcentaje de violación del derecho a la vida en relación al total de casos nacionales, aumenta hasta el 3,9% (la Comisión se formó convicción de que 115 personas fueron muertas o hechas desaparecer). Cabe señalar que la población total de esta novena región es menor que la población de la séptima región. Como en la región anterior, la intensidad represiva afectó en mayor grado a algunos grupos sociales. Sea por los niveles de organización alcanzada, por sus demandas, por la radicalidad de sus luchas o por su focalización territorial, los obreros forestales y mapuches fueron los grupos más reprimidos. III. 1. 3. Décima Región. Volcanes, formaciones glaciales, planicies, mar, ríos y lagos, exhibe la geografía de la zona más austral donde realizamos este trabajo. Su capital. Valdivia, se encuentra a 900 km. de Santiago. Por la abundante vegetación, la fertilidad de sus valles y sus recursos hidrográficos, destacan en su economía actividades agrícolo-pecuarias, silvícolas y pesca, las cuales han generado altos niveles de industrialización. De las tres regiones investigadas es la más extensa en superficie, concentra un mayor número de población y, por tanto, agrupa más localidades territoriales. Hacia la cordillera, entre quebradas y ríos encajonados, rodeados de exuberantes bosques cubiertos de araucarias, lengas, coigües, alerces, se ubican comunidades indígenas desplazadas, durante la colonización, desde los valles más productivos de la zona central de la región. A mitad del siglo XIX, uno de los grupos pioneros más importantes para el desarrollo económico de la región fueron emigrantes alemanes quienes, alentados por políticas gubernamentales, se establecieron en la zona impulsando diversas actividades manufactureras e industriales que a la postre se transformarían en las matrices del crecimiento regional. Una vez anexado definitivamente todo este territorio al gobierno central, a principios del siglo XX, luego de una resistencia del pueblo mapuche que duró trescientos años, el proceso de desarrollo industrial incorporó en su crecimiento la explotación forestal y maderera. Esta actividad, unida al dinamismo agropecuario, determinaría la creación de numerosas fuentes de trabajo y de nuevos poblados rurales. El proceso de la Reforma Agraria, su profundización y extensión, será el otro vértice social articulador. Desde la década del 60, obreros industriales y forestales, campesinos y mapuches, apoyados por partidos de izquierda y sectores cristianos, serán los protagonistas del proceso de luchas sociales, económicas y sindicales. La recuperación de tierras, la expropiación de fundos, la administración de complejos madereros y la mayor sindicalización de los trabajadores, serán las acciones que movilizarán a los sectores más postergados de esta región, confiados en impulsar grandes cambios. Al igual que en las regiones anteriores, la intervención militar provocó profundas transformaciones. Su densidad demográfica se modificó: en 1970, más de la mitad de la población era rural, 376.433 habitantes (50,56%), mientras que en 1992 la población urbana bordea el 60%. En lo económico también ocurren importantes cambios. En 1990, el sector servicios concentra el mayor porcentaje de la población activa (40,8%), mientras que en 1970 era sólo un 31,6%. Este crecimiento tampoco puede interpretarse como un mejoramiento general de la situación económica y social de la población, ya que sus índices de pobreza, entre 1970 y 1990, aumentaron de 41,8% a 43,22%. También en esta región el crecimiento del sector servicios ha favorecido trabajos de sobreeplotación y de extrema pobreza. El golpe de Estado fue excepcionalmente brutal. Sectores de derecha utilizando variados medios de desestabilización con la finalidad de derrocar al gobierno de Allende (especialmente la manipulación de la prensa), habían logrado crear en el imaginario colectivo la idea de que en la precordillera de esta región el "enemigo interno" había establecido zonas de insurrección y resistencia. Sin embargo, a pesar del desarrollo de las organizaciones campesinas, mapuches y obreras, y a un intento de defender en los primeros momentos al gobierno del Presidente Allende asaltando un retén de carabineros en un pequeño poblado, no hubo ningún tipo de resistencia física ante la brutal represión desencadenada por el golpe de Estado. La persecución política se produjo fundamentalmente a través de fuerzas militares combinadas, cuyo mayor despliegue lo realizaron en lugares precordilleranos y cordilleranos, dirigida a golpear y neutralizar especialmente a los habitantes de las zonas que conformaban los Complejos Madereros. En esta región, las víctimas por graves violaciones de los derechos humanos señaladas en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación representa un 5,27% del total nacional (154 personas). De las tres regiones descritas, esta será la que concentra más personas muertas o desaparecidas. En síntesis, de la descripción general de estas tres regiones se destacan algunos elementos comunes que intervinieron en la etapa previa y en el transcurso del tiempo de persecución política que las afectó. En lo político, sobresale el proceso de la Reforma Agraria y la Sindicalización Campesina: ambos elementos potenciaron a lo largo de toda la zona sur del país un protagonismo social y político de sectores campesinos, mapuches y obreros forestales. Reivindicaciones sociales, económicas, laborales y agrarias, fueron la expresión común de las demandas por una vida más digna. En lo económico, las estructuras socioeconómicas impuestas desde procesos históricos anteriores serán similares en las tres zonas. Las poblaciones rurales, campesinas y mapuches fueron los sectores más postergados, víctimas directas de la sobreexplotación y la marginación. Las graves violaciones de los derechos humanos ocurridas en estas regiones estarán dirigidas principalmente hacia esos sectores sociales. Operativos militares cercaron zonas rurales completas, rastrearon extensas rutas cordilleranas y precordilleranas, persiguieron a los dirigentes y asociados de las principales organizaciones, en fin, todos los recursos represivos disponibles unidos al establecimiento de un modelo económico explotador, determinarían altos niveles de terror y el fin de los procesos de cambio social. Durante los diecisietes años de dictadura, muchas de las localidades de estas regiones fueron territorios militares ocupados. Como veremos, fue el miedo y la desconfianza lo que predominó en todos los habitantes, especialmente en los familiares con quienes trabajamos. III. 2. Características de la población. III. 2.1. Antecedentes generales. En estas tres regiones habitaban las 305 personas que fueron ejecutadas por razones políticas o hechas desaparecer (109 en la VII Región, 112 en la IX Región, 74 en la X Región). Doce personas originarias de estas regiones y cuyas familias siguen viviendo en ellas, fueron detenidas y ejecutadas o hechas desaparecer en la Región Metropolitana (Cuadro Nº1). Cuadro Nº1: Violación del Derecho a la vida. Distribución de casos según región.[n=305] VII Región............................109 IX Región.............................122 X Región...............................74 Del total de casos, 297 eran hombres y sólo 8 mujeres. Las mujeres detenidas desaparecidas o ejecutadas políticas constituyen, dentro del total de víctimas, un porcentaje menor. Sin embargo, las mujeres de estas tres regiones, al igual que en el resto de Chile, forman parte de un importante contingente de "sobrevivientes". Especialmente en zonas campesinas, las mujeres fueron detenidas, torturadas, las más de las veces vejadas sexualmente. Dentro de las familias con las que trabajamos algunas mujeres sufrieron diversas técnicas de tortura (Cuadro Nº2). Cuadro Nº 2: Violación del Derecho a la Vida. distribución de casos según sexo [n=305] Mujeres................................8 Hombres..............................297 Las edades de estas personas fluctuaban entre los 15 y más de 65 años de edad. La mayoría de ellos eran jóvenes, entre 15 y 44 años (241 personas). Se encontraban en la plenitud de su vida y la perdieron en manos de las Fuerzas Armadas de su propio país. Cincuenta se encontraban entre los 45 y 64 años. Sorprendente es el hecho que dos ancianos de más de 65 años al igual que dos niños menores de 14 años, fueron hechos desaparecer. Sólo en diez casos no logramos conocer su edad exacta (Cuadro Nº3). Ciento setenta de estas personas estaban casadas y tenían familia e hijos. Hemos trabajado con sus viudas y con sus hijos, la mayoría de los cuales eran menores de 15 años cuando perdieron a sus padres. Cuadro Nº 3: Violación del Derecho a la Vida distribución de casos según edad [n= 305] Entre 0 - 14 años.....................2 entre 15 - 44 años..................241 entre 45 - 64 años...................50 mayor o igual a 65....................2 sin antecedentes.....................10 Algunas esposas se encontraban embarazadas en el momento del crimen, de tal manera, que un pequeño número de jóvenes son hijos postumos. Las víctimas solteras tenían en su mayoría padres y/o hermanos a su cargo, es decir, su muerte o desaparecimiento significó además un agravamiento importante de las condiciones de vida y económicas de la familia (Cuadro Nº 4). Cuadro Nº 4: Violación del Derecho a la Vida distribución de casos según estado civil [n= 305] Casados..............................170 Solteros.............................117 Viudos.................................9 Otro...................................7 sin antecedentes.......................2 En cuanto al origen étnico, 58 eran mapuches. El porcentaje de víctimas de origen mapuche es relevante en la novena y décima regiones. En la séptima región, en cambio, la población mapuche es prácticamente inexistente, pues fueron diezmados por los españoles durante la Conquista, y los sobrevivientes huyeron hacia las zonas más al sur de los grandes ríos que durante siglos marcaron el límite de la Región de la Araucanía (Cuadro Nº 5). Cuadro Nº 5: Violación del Derecho a la Vida distribución de casos según origen étnico [n= 305] Mapuche.............................58 No Mapuche.........................247 Del total de la población estudiada, 173 casos eran de origen rural y sólo 134 de origen urbano. Sin embargo, tras un análisis somero de las familias, constatamos que la mayoría, como gran parte de la población chilena, había emigrado recientemente del campo a la ciudad, y muchas de ellas no tenían más de una generación viviendo en el medio urbano, de tal modo que sus hábitos y sus formas de relacionarse guardan mucho de las costumbres campesinas (Cuadro Nº 6). Cuadro Nº 6: Violación del Derecho a la Vida distribución de casos según localidad de origen [n= 305] Origen Rural.......................163 Origen Urbano......................134 sin antecedentes.....................8 III. 2. 2. Antecedentes socioeconómicos. Un total de 85 personas desempeñaban actividades laborales como obreros (agrícola, forestal o campesino). La categoría comerciante, la cual agrupa un número importante de casos, está formada principalmente por personas campesinas o muy modestas de la ciudad, que se ganaban la vida en pequeños locales de ventas. Treinta y nueve personas realizaban actividades sea como empleado público o particular. Sólo 32 personas habían alcanzado un nivel profesional y/o técnico. Destacamos que cinco jóvenes eran conscriptos y que otros cinco realizaban exclusivamente tareas políticas y/o sociales. Sólo siete de estas personas, en el momento de su muerte o desaparecimiento, se encontraban sin trabajo. Relevante también es el hecho que veinticinco de ellos eran estudiantes (Cuadro Nº7). III. 2. 3. Antecedentes políticos. Una difícil tarea fue determinar la militancia polític desconocían la militancia o, conociéndola no proporcionaron los antecedentes a de estas 305 personas. En algunos casos los familiares por considerarlo riesgoso en la época que se realizó el presente estudio. Logramos establecer, sin embargo, que 191 personas eran militantes, en su mayoría de partidos de izquierda, un pequeño grupo provenía del ámbito cristiano, e incluso tres eran militantes de la Democracia Cristiana. Al profundizar sobre el compromiso partidario, pudimos constatar que la mayoría había iniciado su vida militante a fines del gobierno demócratacristiano, y especialmente durante el período de la Unidad Popular. Cuadro Nº 7: Violación del Derecho a la Vida distribución de casos según actividad u oficio [n= 305] Dirigente Político / Social...........5 Conscripto............................5 Sin trabajo...........................7 Técnico...............................8 Empleado Particular..................10 Artesano.............................20 Campesino............................22 Obrero Forestal......................22 Profesional..........................24 Estudiante...........................25 Obrero Industrial....................28 Empleado Público.....................29 Obrero Agrícola......................41 Comerciante..........................42 Sin antecentes........................8 Otros.................................9 Un número significativo (33) no tenían militancia real y en 91 casos no existían antecedentes de militancia política (Cuadro Nº 8). Cuadro No 8: Violación del Derecho a la Vida distribución de casos según militancia política [n= 305] PIR................................................................1 MAPU...............................................................1 FPMR...............................................................1 PR.................................................................3 DC.................................................................3 IC.................................................................4 Simpatizante Izquierda.............................................5 Sin Militancia....................................................33 PC................................................................40 MIR...............................................................53 PS................................................................70 Sin antecedentes..................................................91 PIR: ; MAPU:Movimiento de Acción Unitaria; FPMR:Frente Patriótico Manuel Rodríguez; PR:Partido Radical; DC:Democracia Cristiana; IC:Izquierda Cristiana; PC:Partido Comunista; MIR:Movimiento de Izquierda Revolucionaria; PS:Partido Socialista Ciento diecinueve personas pertenecían a organizaciones sociales, especialmente obreras y campesinas. Doce personas participaban en organizaciones poblacionales y cinco pertenecían a organizaciones cristianas (Cuadro No 9). Cuadro Nº 9: Violación del Derecho a la Vida distribución de casos según organización social [n= 305] Indígena....................................1 Estudiantil.................................3 Profesional.................................3 Cristianas..................................5 Otras.......................................6 Poblacional................................12 Obrera.....................................43 Campesina..................................46 Sin antecedentes..........................186 III. 2.4. Situación represiva. Entre septiembre y diciembre de 1973, organismos internacionales (Naciones Unidas y Amnistía Internacional) comunicaron que aproximadamente 250 mil personas a lo largo de todo Chile se encontraban detenidas. Por otra parte, según cifras entregadas por el gobierno militar y registradas por la Vicaría de la Solidaridad, entre 1973 y 1975, se registraron 42.486 detenciones políticas. No ha sido posible precisar la cifra de chilenos que fueron perseguidos durante los primeros meses que siguieron al golpe militar, así como el número de personas, hombres, mujeres e incluso niños, que en imnumerables operativos realizados hasta los últimos días de la dictadura fueron detenidos y torturados. En las tres regiones estudiadas las detenciones fueron masivas, realizadas tras operativos de rastrillo en poblaciones campesinas o de copamientos militares en comunidades cordilleranas o precordilleranas. Todas las comisarías de las ciudades o de los poblados campesinos se encontraban repletas de personas que durante dos o tres días fueron sometidas a brutales técnicas de tortura. Tras ser liberadas, sus nombres no quedaron registrados ni formaron parte de ninguna estadística oficial. En estas regiones, especialmente en la Séptima donde existía una Escuela de Artillería en la ciudad de Linares con oficiales preparados en la estrategia de la contrainsurgencia, todos los recintos militares y de investigaciones estaban igualmente repletos de personas detenidas. El Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, refiriéndose a dicha Escuela de Artillería, señaló que "prácticamente todos los que allí permanecieron fueron sometidos a un régimen de incomunicación. Sus familiares relatan que sabían de su permanencia allí sólo porque ésta se les reconocía verbalmente o sólo porque les recibían alimentos y vestuario" (pp.427-428, Vol.IL, Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación). En la Novena Región, donde según este mismo Informe "no hubo resistencia alguna al nuevo régimen", la Comisión estimó "que entre 500 y 700 personas fueron privadas de libertad desde septiembre a diciembre de 1973"... "Los encargados de practicar las detenciones eran generalmente efectivos de Carabineros. Detenían a los requeridos en sus casas, las allanaban y a veces les prendían fuego o las destruían y hurtaban los bienes de los aprehendidos". El Informe relata que "los detenidos que se encontraban en la Cárcel de Temuco... [capital de la Novena Región]... eran conducidos hasta el Regimiento Tucapel" (pp. 519-521, Vol.IL, del mismo Informe). En este Regimiento, al igual que en la Escuela de Artillería de Linares, ya existían desde antes del golpe militar cursos de contrainsurgencia, aprendizajes en técnicas de tortura, según hemos comprobado en investigaciones anteriores.(2) En la Décima Región, salvo en las zonas cordilleranas o precordilleranas donde las detenciones se realizaban en las comisarías o en lugares públicos de esas localidades, "como regla general, no se hizo uso de unidades militares o policiales como lugares permanentes de detención o tortura... la norma general fue que los detenidos eran mantenidos en la Cárcel Pública de la ciudad respectiva" (pág. 558, Vol.IL, del mismo Informe). Del total de personas de la población estudiada por nosotros, sólo en trece casos se desconoce la fecha exacta de la detención o secuestro así como de su ulterior muerte o desaparecimiento (Cuadro No 10). Cuadro Nº 10: Violación del Derecho a la Vida distribución de casos según períodos (*) [n= 305] Sep 1973 - Dic 1973..............222 Ene 1974 - Dic 1977 ..............51 Ene 1978 - Mar 1990...............19 Sin antecedentes..................13 (*) Se consideran los mismos períodos señalados en el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Tomo I. El mayor porcentaje de muertes o desaparecimientos en estas regiones ocurre durante los tres primeros meses que siguieron al golpe militar (222 casos). A partir del año 1974 y hasta diciembre de 1977, la represión fue más selectiva, especialmente en regiones, dirigida principalmente hacia personas reconocidas como dirigentes políticos o sociales. El número de personas muertas o desaparecidas alcanza a 51 casos. Sólo en 12 casos no logramos determinar con precisión el lugar donde fueron detenidos o secuestrados. De los restantes, 109 fueron arrestados en la vía pública. De este acontecimiento existen uno o más testigos. En sus propias casas y en presencia de sus familiares se practicaron 77 detenciones. En ocasiones, la detención alcanzó a varios miembros de la familia, de entre los cuales, uno no regresaría más. En doce casos los servicios de seguridad fueron a buscar a las personas a su lugar de trabajo: todos sus compañeros de labor fueron testigos de este acontecimiento. Difícil de comprender es el crimen cometido sobre 83 personas que se presentaron voluntariamente ante las Fuerzas Armadas a declarar. Ellos y todos los demás casos estaban absolutamente desarmados y no opusieron resistencia a su detención. Es más, ninguna de estas 305 personas murió en enfrentamientos o en algún tipo de escaramuza militar (Cuadro Nº 11). Cuadro Nº 11: Violación del Derecho a la Vida distribución de casos según lugar de detención [n= 305] Manifestación.........................8 Lugar de trabajo.....................12 Sin antecedentes.....................12 Domicilio............................77 Presentación Voluntaria..............83 Vía Pública.........................109 Otros.................................4 Excepto en 32 casos, una cuidadosa investigación nos permitió identificar a los organismos responsables de estos crímenes. En el curso de estos años, hemos podido también conocer a las personas directamente responsables: sus nombres, sus antecedentes, su participación y su acción criminal constan detalladamente en nuestras publicaciones anteriores. En estas tres regiones, como en otras del país, fueron los carabineros pertenecientes a pequeños retenes o cuarteles locales quienes detuvieron, identificaron e incluso torturaron, a hombres y mujeres. El tipo de tortura correspondió más bien a tortura predominantemente física: golpes directos de puño y pies, azotes, maltrato vejatorio, aislamiento, además de amenazas de muerte. Ellos no aplicaron técnicas más refinadas de tortura como lo hicieron desde el primer día las otras ramas de las Fuerzas Armadas. De los 305 casos estudiados, en 129 los responsables de su muerte o desaparecimiento son carabineros. En 108 son efectivos del Ejército. La Fuerza Aérea, la Marina y la Policía de Investigaciones fueron responsables en menor proporción, posiblemente porque en estas regiones no tenían una presencia importante (Cuadro Nº12). Cuadro Nº 12: Violación del Derecho a la Vida distribución de casos según organismo responsable [n= 305] Marina..................................4 DINA....................................5 Fach....................................8 Investigaciones.........................9 Fuerzas Conjuntas......................10 Militares.............................108 Carabineros...........................129 No identificado........................32 En estas tres regiones sólo se ha encontrado una fosa, en un lugar boscoso precordillerano, que ocultó por más de dieciseis años los cuerpos de 17 campesinos que fueron secuestrados por una patrulla militar y luego ejecutados fríamente en el jardín de una casa patronal, cuyos habitantes civiles fueron cómplices de los asesinatos. Al realizar las excavaciones sólo se encontraron restos óseos dispersos, todos inidentificables. La circunstancia del crimen y su autoría fue establecida plenamente en el curso de esta investigación. Todos los responsables permanecen absolutamente impunes hasta hoy. Igualmente existe la certeza que una noche de octubre de 1973 efectivos militares y otras personas ejecutaron, sobre el puente del río Toltén, (Novena Región) a quince campesinos, la mayoría mapuches. Sus cuerpos no fueron nunca encontrados y hasta ahora se les considera detenidos desaparecidos. En la Región de la Araucanía, de las personas hechas desaparecer sólo se ha encontrado un cuerpo, el que fue enterrado clandestinamente en el propio cementerio general de la misma ciudad. Se ignora el destino final de todos los demás casos, así como la forma, el momento y la hora en que se realizó el crimen. Las restantes 118 personas fueron muertas. Sólo en 39 casos se tiene la certeza de que murieron a causa de la tortura. Es muy probable que algunos de los 44 casos respecto de los cuales no tenemos certeza de la forma en que fueron asesinados, hayan encontrado la muerte bajo tortura, siendo luego abandonados en diversos lugares. Por otra parte, algunos cadáveres presentaban heridas de bala y signos claros de tortura. Sólo en 21 casos se dio la explicación de que ellos murieron por no obedecer la orden de detención, presumiblemente al intentar escapar y debido a ello se aplicó la ley de fuga. Este último método, muy recurrente a lo largo de todo Chile, fue utilizado como pretexto para asesinar a los opositores sin necesidad de realizar un proceso contra ellos. Otros de las formas empleadas para aniquilar a las personas fueron los Consejos de Guerra. En las tres regiones, 14 personas fueron ejecutados políticos. Esta modalidad no respetó el debido derecho a un juicio justo ya que en la práctica se constituyeron en ejecuciones sumarias donde la sentencia de fusilamiento se cumplía de forma instantánea (Cuadro No 13). Cuadro Nº 13: Violación del Derecho a la Vida distribución de casos según tipo de violencia [n= 305] Muerte por Consejo de Guerra.......14 Muerte por Ley de Fuga.............21 Muerte por Tortura.................39 Detenidos Desaparecidos...........187 No precisada.......................44 Notas: 1. CODEPU-DIT-T. "Chile Recuerdos de la Guerra: Valdivia-Neltume-Chihuio-Liquiñe". Serie Verdad y Justicia. Volumen 3. Diciembre 1992. 2. "Tortura y Resistencia en Chile: estudio médico-político"; Reszczynski K., Rojas R, Barceló R; Chile; 1991. Capítulo IV Acciones y consecuencias sobre la persona y la sociedad Si bien, como dijimos, este libro está dedicado principalmente a relatar y evaluar la práctica realizada por un organismo de Derechos Humanos en la búsqueda de la verdad sobre los Crímenes de Lesa Humanidad cometidos por la dictadura militar chilena (1973-1990), deseamos entregar algunas reflexiones surgidas en el curso del trabajo de atención médica, psicológica y social. Lo hacemos con la intención de que aquellos que se enfrentan por primera vez a esta práctica cuenten al menos con algunos antecedentes, conceptos y definiciones, que les permitan orientarse sobre la realidad traumática producida por el terrorismo de Estado y la violencia dictatorial; pero, muy especialmente, queremos contribuir a la comprensión de los posibles trastornos, secuelas, alteraciones personales, familiares y sociales, que este universo de personas puede llegar a desarrollar. Antes que nada hay que señalar que no se trata, de ningún modo, de personas enfermas; más bien, se trata de una ruptura del proceso de normalidad originada en la exterioridad, desde el Estado dictatorial, cuyos actos perturban violenta y abruptamente la vida humana. Por tanto, no podemos considerar a priori que los síntomas o síndromes que presentan las personas o las familias afectadas constituyan una anormalidad, aún cuando las manifestaciones en nada se diferencien de las habitualmente conocidas en el campo de la medicina y más específicamente de la psiquiatría (síndromes angustiosos, depresivos e incluso paranoídeos. Lo que le otorga la especificidad a estas manifestaciones es su origen: el trauma provocado por la violencia humana, conscientemente planificada. La significación más profunda y particular de estos trastornos estriba en los innumerables mecanismos psicopatológicos, vivencias, experiencias y variadas percepciones y sentimientos que se movilizan frente a una realidad ineludible, una agresión de origen humano Desencadenado desde el poder y que está ligada a la inexorable posibilidad de la muerte o a convivir permanentemente con lo siniestro. Con algunos familiares de las 305 personas afectadas habíamos establecido una relación previa, con ocasión de acudir a nuestra institución en busca de ayuda, sea por problemas de orden social, jurídico o por la necesidad de pedir apoyo médico o psicológico. Ello nos permitió, desde los primeros contactos, formarnos una idea aproximada sobre el estado emocional y sobre las posibles relaciones y conductas que encontraríamos en las personas y en las familias con quienes trabajaríamos. Durante todos estos años constatamos el empleo sistemático y planificado de la violencia como sistema de dominación desde el poder. Nos referimos al concepto de "Terrorismo de Estado". Desde el mismo día del golpe militar, el país, las familias y las organizaciones sociales y políticas de las zonas estudiadas vivieron una situación de Terrorismo de Estado. Este está definido como "aquel que dispone del monopolio de la violencia, que sustituye el orden, la regla, la historia institucional a su arbitrio, desembarazándose de cualquiera limitación legal para aplicar la violencia en forma planificada y eficaz, como un arma de opresión".(1) El Terrorismo de Estado en Chile incluyó desde la intimidación hasta la guerra psicológica, desde la persecución hasta la muerte y desaparecimiento, desde la detención, prisión y tortura hasta la desintegración y demolición de la persona, desde las dudas sobre la verdad de lo ocurrido hasta una impunidad absoluta. Los familiares de los ejecutados políticos y de los detenidos desaparecidos, a medida que fueron adquiriendo confianza, nos relataron cómo a las pocas horas de ocurrido el golpe militar contingentes de las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas, en operativos por tierra o por aire, en helicóptero, llegaron a las zonas campesinas más alejadas. El campo, las calles, las casas, los edificios de los sectores urbanos fueron ocupados y controlados abruptamente por personas que hasta ese momento se encontraban al interior de los cuarteles. Algunos campesinos simbolizan este momento con la frase "bajaron desde el cielo vestidos de guerra con sus caras pintadas". Lo súbito, lo agudo, lo inesperado y, por sobre todo, lo agresivo y violento de los hechos ocurridos, así como las actitudes del personal de las Fuerzas Armadas provocaron un "trauma psíquico" desencadenado por una situación límite. Este concepto de situación límite fue descrito por primera vez por Karl Jaspers (1913). Más tarde, otros autores la definieron también como situación extrema, por tener "un carácter inevitable e incomprensible, una duración incierta, un peligro permanente y provocar una sensación de impotencia total de la persona frente a ella". Los acontecimientos y emociones experimentados por las personas con quienes trabajamos, nos permitió constatar que ellos vivieron un continuo de situaciones límites. Dieciocho años después, cuando llegamos a la zona, relataron escenas que guardan en el recuerdo toda la nitidez de una vivencia brutal e imposible de olvidar, por el carácter de amenaza vital que ellas tuvieron y por la sensación de inermidad con que la vivieron. Durante los diecisiete años de dictadura el Terrorismo de Estado existió siempre. Alguna veces fue extremo y evidente, en otras ocasiones no fue indispensable recurrir abiertamente a la violencia y al terror. Este Terrorismo de Estado varió en su intensidad, en su carácter más abierto o más solapado de actuar, según las necesidades coyunturales del régimen político o según el grado de sometimiento o de rebeldía de la población. Durante estos períodos predominó lo que hemos definido como amedrentamiento colectivo, "diferenciándolo de otras sinonimias, miedo generalizado, angustia colectiva, usados por otros autores; porque en la palabra amedrentamiento se sintetiza un doble significado. Por un lado, las acciones de violencia y, por otro, el resultado de un proceso intencional dirigido a provocar un estado de ánimo, en este caso, colectivo, de miedo, con el objeto de inmovilizar, silenciar, someter, para transformar finalmente a las personas en alguien que medra, que pide, que implora, que ruega al poder alguna forma de protección".(2) A este amedrentamiento colectivo visible que tenía como fin inducir una reacción primaria de miedo ocupando todos los espacios perceptivos y cognitivos de la realidad, se agregaron desde un comienzo otras maniobras de la guerra psicológica. La guerra psicológica y el amedrentamiento como parte de ella, a diferencia de otras acciones o actos como las catástrofes naturales que de ningún modo tienen determinación humana, fueron un recurso esencial de la dictadura, una nueva arma política exhaustivamente aplicada. La guerra psicológica se transformó en una táctica permanente. Definida como "un recurso para conquistar las mentes de las personas a la cual se penetra a través de mensajes, o de dobles mensajes, orales, escritos y visuales, aparentemente no directos ni explícitos. En estos mensajes se entrega información falsa, confusa, tan pronto amenazante y de peligro, como tranquilizadora según el objetivo perseguido".(3) En una región del país, antes del golpe militar, se informó a través de la prensa contraria al gobierno de la Unidad Popular que había cientos de guerrilleros, miles de extranjeros armados; y en otra región, que las expropiaciones de la reforma agraria así como la toma de los grandes latifundios, se efectuarían en forma radical y violenta. Investigaciones posteriores, incluso el Informe oficial de la CNVR, desmintió esta construcción de la guerra psicológica creada a través de los medios de comunicación. Posteriormente, a través de la manipulación psicoideológica, se pretendió conseguir la aceptación, un cierto grado de consenso y finalmente un cambio en el modo de pensar. Los elementos que se entregaban como la realidad eran de tal modo amenazantes que paulatinamente el análisis de su situación llevó a algunas de las personas, especialmente en estas familias con que trabajamos, a una aparente conformidad o a marginarse, o a guardar silencio y esperar. También, a la inversa, a rebelarse interiormente, a desesperarse y a sufrir. Las acciones de Terrorismo de Estado o del sistema totalitario que lo sustentó, con sus tácticas globales de creación de situaciones límites o extremas, amedrentamiento colectivo y maniobras de guerra psicológica, provocaron en la totalidad de las personas diferentes manifestacio- nes de miedo, desde el temor hasta un terror súbito, extremo y perdurable en el tiempo. Se hizo presente un estado de ansiedad, que aún persistía en el momento en que los encontramos por primera vez en el curso de la investigación. Este estado se derivó de un mecanismo subyacente más básico "más primario ontológicamente transmitido: el miedo". El miedo y las manifestaciones orgánicas de angustia que se desencadenaron en estas familias fueron una respuesta adaptativa a las innumerables señales de riesgo vital experimentadas. El miedo como respuesta a una situación de peligro fue específica y única de cada individuo según sus vivencias, experiencias y elaboraciones previas. El miedo "es una reacción natural, es un fenómeno que tiene una expresión física, es un accionar fisiológico que protege al individuo de una amenaza o riesgo vital. Su rasgo característico es su transitoriedad, se extingue espontáneamente cuando desaparece la amenaza o peligro que lo ha originado. Dicho peligro está definido en esta instancia por la percepción que tenga cada individuo de la situación".(4) En gran parte de los familiares, estas expresiones del miedo transformaron su forma de reaccionar. Algunos estaban conscientes de tenerlo, otros inconscientes de su existencia. Se manifestaba como desconfianza, aislamiento, imaginerías con repetición frecuente, recuerdo reiterado de las escenas traumáticas, sobretodo cuando se volvían a vivenciar situaciones de peligro vital. En las personas más directamente afectadas por los crímenes se produjo un traumatismo psíquico, el cual se define "por el encuentro de una situación exterior de peligro extremo y el estado psíquico de cada persona".(5) Este psicotrauma produjo diferentes modalidades de respuesta, según fuese la historia, la naturaleza, las experiencias previas de cada uno y según fuera el significado de peligro vital que le otorgó a la violencia que estaba viviendo o vivió durante todos estos años. Dado que en Chile, de acuerdo a la propia Comisión de Verdad y Reconciliación, no existió una guerra, y que en las regiones investigadas tampoco hubo una real contienda, la situación vivida por las personas fue de total desigualdad humana. Entre los familiares de estas 305 personas, detenidas, torturadas, para luego ser ejecutadas en forma sumaria o hechas desaparecer, se encuentra un alto número de sobrevivientes. Ellos, al igual que su familiar muerto o hecho desaparecer, fueron detenidos, interrogados, vejados y, sin excepción, sometidos a diversas técnicas de tortura. Todas las personas vivieron en forma individual o colectiva las acciones intencionales, es decir, se trató de una decisión de agredir, destruir, inmovilizar, tomada en forma consciente, razonada por el contingente militar o los uniformados quienes hicieron valer sus motivos, "derrotar al enemigo interno". La tortura se transformó en un acto humano integral, no sólo porque fue lúcidamente elegida y realizada "sino porque este acto tenía causas, motivaciones, aprendizajes, objetivos, fines, marcos de referencia ideológica, modos específicos de realización, pericias, código simbólico, lugar social definido".(6) Numerosas descripciones relatadas por los familiares sobrevivientes confluyen en la conceptualización señalada: "me buscaban", "sabíanlo que hacían", "quisieron enloquecerme, humillarme, destruirme", "eran peritos", "se comportaban como perros que sabían donde morder". La tortura, tal como fue definida por primera vez por la Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1975, habla de "dolores o sufrimientos graves ya sean físicos o mentales provocados intencionalmente". Las personas torturadas sufrieron un trauma de dimensiones aún difícil de mensurar. El dolor físico quedó como una marca, a veces como un estigma, y algunos de los familiares la enseñan, no sin recato. La ruptura o quiebre psíquico persiste hasta ahora. La especificidad de "este sufrimiento mental" estriba en el hecho de que las personas se encontraron "ante una situación inédita, nunca antes vivida, en que la violencia y la agresión era provocada por otro igual, un semejante, otro ser humano". A mayor abundamiento, en los pequeños pueblos, en las regiones rurales, en algunos casos fueron sus vecinos, sus conocidos "nacidos y criados en el mismo lugar" los que los torturaron, ahora transformados en personal de las fuerzas de represión de la dictadura. Las personas fueron amarradas, desnudadas, en muy pocos casos sólo en los cuarteles militares se les vendaban los ojos, y en esta situación sufrieron diferentes técnicas de agresión física o sexual. De manera que "el torturado se encontraba además inerme, por entero a merced del otro, de las amenazas, de las humillaciones, del dolor, del terror, del pánico"..."Esta situación no tenía experiencia previa, no se asociaba a ningún recuerdo, no tenía representación mental homologable".(7) Se trataba en suma, de una situación de desigualdad humana en que la violencia y la destrucción, único lazo que conforma este vínculo humano, es unidireccional y se genera desde una sola de las partes. De tal modo que la acción desestructurante de la tortura sobre la persona no fue solamente un intento de destrucción de su identidad, de su esencia misma que lo constituye como persona única e irrepetible en el tiempo; sino que además, la tortura provocó una ruptura en el vínculo humano. Ruptura que fue muy evidente entre los miembros de estas familias en los cuales predominó, como veremos más adelante, un núcleo de desconfianza. La relación establecida por los familiares con los torturadores ha quedado grabada en forma muy nítida. "Es un recuerdo desgarrador", "las más de las veces perverso". Este recuerdo ha provocado una dificultad en el intercambio con el otro, con todos los otros, y como vere- mos más adelante, incluso entre los miembros de una misma familia. Tal como señala la definición de tortura, esta es calificada cuando dichos "dolores y sufrimientos fueran inflingidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia". Este párrafo define quien es el otro, el responsable, diferenciando la tortura de otras agresiones. No se trata aquí de acciones individuales, por violentas que ellas sean; se trata de actos ordenados y cometidos desde el poder y protegidos por la impunidad. Las familias sintieron y vivieron durante todos estos años que eran las propias instituciones del gobierno las que les habían inflingido tortura y habían hecho desaparecer o ejecutado sumariamente a sus familiares. En efecto, más allá de las torturas que estas personas sufrieron, habían perdido un ser querido en este contexto de violencia. Desde el momento mismo que el familiar fue detenido o secuestrado se desencadenó una angustia súbita por lo que podía sucederle a ellos mismos y especialmente por el familiar que había sido detenido. Más tarde, cuando se enteraron que él había sido ejecutado sumariamente o lo buscaron interminablemente sin encontrarlo, a la angustia se agregó el dolor, la pena, la duda, el desconcierto. En las familias de detenidos desaparecidos se configuró una serie de manifestaciones de orden psicológico. Estas se originaron principalmente por una alteración profunda de la realidad, por la imposibilidad de saber y conocer, y muy especialmente, por la incertidumbre frente al problema esencial de la vida: la posibilidad de la muerte. La incertidumbre penetró en sus creencias y pensamientos. La perplejidad frente a lo que podía o no podía haber sucedido con su familiar, llenó sus pensamientos de fantasías, imaginerías las más de las veces siniestras, y por eso profundamente desestructurantes y dolorosas. Los familiares no conocen el destino del desaparecido y viven además, como lo veremos en los capítulos correspondientes, una situación de duelo no resuelto, un duelo crónico que ha quedado congelado en el tiempo. Es importante señalar que mientras realizábamos este trabajo, a raíz de las cifras cada vez más alarmantes de Desapariciones de Personas, especialmente en América Latina, el 18 de diciembre de 1992 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una "Declaración Sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas". Por su parte la Organización de Estados Americanos (OEA) en su XXIV Asamblea General del 6 de junio de 1994, sancionó la "Convención Interamericana Sobre la Desaparición Forzada de Personas". (Anexo Nº 5) Otras consecuencias de orden psicológico provocadas en estos familiares derivan de la impunidad. Ello constituye el objetivo central de este trabajo y sus efectos serán analizados en los capítulos correspondientes. Igualmente, ante la existencia generalizada de la impunidad en el mundo, particularmente en este Continente, en agosto de 1991 la Subcomisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas encomendó a dos relatores especiales estudiar el tema. En 1992 se redactó el primer documento "Estudio Sobre la Impunidad de los Autores de Violaciones de Derechos del Hombre", iniciándose así un proceso que llevó finalmente a la dictación de una Convención sobre la impunidad. Actualmente el relator especial continúa elaborando un "Informe final acerca de la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los Derechos Humanos (derechos civiles y políticos)", contenidos que serán motivo de las conclusiones de este trabajo. Notas: 1. "La violence". Ivés, M. Presses Universitaires de France, 1986. 2. "Amedrentamiento colectivo". "Persona, Estado y Poder". Volumen I. CODEPU- DIT-T. CHILE. 1989. 3. Codepu-DIT-T. "La Gran Mentira. El caso de las listas de los 119". Chile. 1994. 4. Vallejo, J. , Ruiloba. "Introducción a la Psicopatología y a la Psiquiatría". Tercera Edición. Salvat Editores, S.A., 1991 5. Barrois, C. "Les névroses traumatiques". Ed. Bordas. Paris. 1988. 6. "Sobre la Definición de la Tortura". "Persona, Estado y Poder". Volumen I. CODEPUDIT-T. Chile, 1989. 7. Rojas R; "Algunas reflexiones sobre rehabilitación a personas torturadas". "Persona, Estado y Poder". Volumen II. CODEPU-DIT-T. Chile, 1996. Capítulo V El vínculo con los familiares En el presente capítulo relataremos el camino recorrido en la búsqueda y localización de las familias de las 305 personas ejecutadas o detenidas y hechas desaparecer en las tres regiones estudiadas. Describiremos la forma en que se estableció el primer contacto y de qué mane ra se fue creando una relación de confianza. Cabe destacar que en el transcurso de los siete años en que se desarrolló el presente estudio (que aún continúa), ocurrió en el país un cam bio político de trascendencia que produjo en los familiares, en nosotros y en el contexto global, hechos de relevancia que influyeron o modifica ron parcialmente la praxis misma. V. 1. Los contactos preliminares. En efecto, este trabajo fue ideado y se inicia en pleno período dictatorial (1988). En octubre de ese año y de acuerdo a la propia Constatación elaborada en 1980, la ciudadanía debió decidir en plebiscito, la permanencia o no del dictador. Luego de una campaña exitosa, creativa, pero no exenta de grandes obstáculos, dificultades y amenazas, triunfa ron los sectores democráticos. Tras diecisiete años de dictadura, sólo recién en diciembre de 1989 se realiza una elección general la cual, a pesar de un sinnúmero de trabas, permitió elegir presidente mediante el voto popular. Cuatro meses después, en marzo de 1990, asume un nuevo gobierno. Se entraba en la etapa denominada de "transición a la democracia". Mediante diversas presiones y negociaciones, la dictadura, sin embargo, logró mantener importantes enclaves autoritarios y, muy significativamente para nuestro quehacer, la vigencia de una Ley de Amnistía para los responsables de atropellos de los Derechos Humanos, promulgada en 1978, lo que aseguraba una impunidad absoluta respecto de los crímenes cometidos durante los cinco primeros años del régimen militar. Durante este período, 19881990, tal como explicamos en los capítulos anteriores, se elaboraron los instrumentos necesarios para la recolección de datos y se constituyeron los equipos multidisciplinarios para realizar la investigación sobre la verdad de los crímenes ocurridos y obtener justicia. Estaban integrados por médicos, psicólogos, antropólogos, historiadores, sociólogos, ayudantes de investigación en Derechos Humanos y trabajadores sociales. Las salidas a terreno, debido a las distancias y costos, fueron realizadas lamentablemente sólo por uno o dos miembros del equipo. Es interesante señalar que en una región, donde nuestra institución contaba con escaso personal, el trabajo de búsqueda de antecedentes se realizó en conjunto con la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, y con la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. La mayoría de las familias de las 305 personas ejecutadas o detenidas y hechas desaparecer fueron contactadas durante estos dos años. Simultáneamente, los otros miembros del equipo reunían más antecedentes sobre los hechos represivos, sobre las personas, los responsables u otra información que fuera de interés para los fines del estudio. El trabajo en terreno se transformó en una herramienta primordial para acceder a reconstruir lo sucedido, puesto que si bien teníamos antecedentes sobre las víctimas y los operativos represivos, el hecho de conocer personalmente el entorno geográfico, los hogares, la comunidad y la situación en que se encontraban los familiares, nos permitía interiorizarnos profundamente de la realidad, es decir, vivenciarla. A través de la "investigación compartida" pudimos convivir con los familiares, con algunos de sus amigos, encontrar más testigos y estudiar las características brutales que tuvo la represión en estas aparta das zonas. Tuvimos la oportunidad de conocer sus hogares y recorrer los lugares que habían sido cotidianos para los detenidos desaparecidos y ejecutados. También logramos conocer como han vivido todos estos años sus familiares supervivientes y percibir el clima altamente represivo en que aún vivían. Desde el primer encuentro el objetivo principal era ganar la con fianza y lograr que el familiar aceptara colaborar en este trabajo. Explicitábamos claramente nuestra intención y más tarde, según fuera la disposición de ellos, hacíamos en conjunto un esfuerzo por evocar de la forma más nítida posible los antecedentes sobre las personas muertas o desaparecidas y los acontecimientos que habían modificado brutal mente el destino de sus vidas. Este primer encuentro, en la mayor parte de los casos, estuvo lleno de dificultades. Se realizó siempre en un clima de urgencia, dudas, des concierto y ansiedad, tanto de parte del entrevistador como de los familiares. Luego de más de quince años de ocurrido el hecho represivo, por primera vez hablaban con alguien extraño a ellos de los dramáticos acontecimientos vividos que le habían costado la vida a su familiar. La entrevista se desarrollaba en un ambiente extremadamente tenso e inseguro, por la presencia permanente en esas zonas de contingentes militares o personas que fueron y eran colaboradores de las autoridades. Para nosotros, este primer encuentro humano con una persona cuyo familiar había sido víctima de un crimen constituía una situación casi inédita. Años después de ocurridos los traumáticos acontecimientos, com probamos la gravedad de la "situación límite" vivida, la magnitud de los crímenes, así como las graves repercusiones que aún presentaban las personas, la familia y la comunidad. En algunos casos no logramos ubicar el lugar donde vivían y no podíamos preguntar directamente por ellos sin tomar las debidas pre cauciones. En otras oportunidades sólo obtuvimos referencias ya que muchos habían emigrado por la amenaza o simplemente por haber sido expulsados de la región. Diversos rumores e historias que circulaban sobre los sucesos acaecidos nos sirvieron para orientarnos y localizar el sitio donde las muertes se habían producido o los terrenos donde posiblemente se habían practicado inhumaciones ilegales. Pero también existían rumores que desorientaban respecto de lo sucedido con los detenidos desaparecidos o ejecutados: que se habían fugado del país, que se encontraban en el extranjero, entre otros. Las familias vivían marginadas y en un clima de absoluta desconfianza. Explicaban que tenían miedo de que los vecinos vieran a "personas extrañas rondando nuestras casas". En muchos casos, la comunidad y ellos mismos asociaban la presencia de un extraño a un posible militante político y temían ser denunciados. Ello explicaba que a veces no fuéramos recibidos e incluso en algunas oportunidades, las menos, directamente nos rechazaran. De la interacción con estas familias surgieron diversas actividades que permitieron ampliar y profundizar las relaciones. A medida que se desarrollaba el trabajo y con el fin de incorporarlas a la investigación, discutimos con ellas la necesidad de realizar conjuntamente nuevas tareas: buscar otros testimonios, reunir documentos que certificaran la existencia, la vida laboral y familiar del detenido desaparecido o asesinado, recopilar algunas fotografías de ellos, sus escritos..., y por otra parte, toda información que permitiera identificar al responsable: su nombre, su rango exacto y la conducta que había tenido en su accionar criminal. Cuando visitábamos los hogares y conocíamos los innumerables problemas por los que atravesaban los familiares, intentábamos, de acuerdo a nuestras reales capacidades, dar una respuesta adecuada que no provocara nuevos abandonos y frustraciones. Frente a demandas e inquietudes, interveníamos con el conjunto del equipo: apoyo psicoterapéutico en los casos en que se constataban perturbaciones médico psicológicas de importancia, apoyo social o jurídico para iniciar trámites de carácter legal por el desaparecimiento o ejecución de su familiar o para enfrentar numerosos problemas de orden social. Dado el aislamiento en que se encontraban, ayudábamos a restablecer lazos de solidaridad entre ellos mismos o con otras familias afectadas. Les comentábamos que habíamos visitado el hogar de otra familia, que los problemas eran similares a los de ellos. Les hablábamos de la situación de aislamiento y de muchos otros temas que ayudaban a recuperar algo de confianza y salir de la incomunicación en que se encontraban. Poco a poco, se establecieron nuevas formas de comunicación que ayudaron a recuperar parcialmente el diálogo interrumpido con otros habitantes de la comunidad. En la mayoría de los familiares, el intento de sobrevivir al trauma sufrido y a la dictadura los había llevado a perder los vínculos afectivos y sociales, el sentido de pertenencia a un grupo y a la sociedad. De modo que estas familias se encontraban en lo que definimos como una situación de encapsulamiento crónico provocada por la imposibilidad en el tiempo de modificar las causas que generaron la crisis vital, lo que los llevó a una parálisis en el accionar, a una situación de aislamiento y marginación social, a una acentuación de la desconfianza en sí mismos y en los demás, a una pérdida de la relación con el entorno y con sus referentes culturales. Como resultado de este proceso de "investigación compartida", surgieron numerosas iniciativas por parte de las familias afectadas, que el equipo acompañó y asesoró. Significativas fueron las primeras reuniones de familiares organizadas en conjunto en sus propios hogares. Surge la necesidad de conocer los lugares donde los ejecutados políticos habían sido sepultados y reconstruir sus tumbas abandonadas. En el caso de las familias de las personas detenidas desaparecidas, deseaban volver al lugar donde sus familiares habían sido posiblemente secuestrados o detenidos. Más tarde, serán los propios familiares quienes tomarán la iniciativa de salir de sus casas y visitar nuestras oficinas muy distantes de sus lugares de residencia, con el propósito de enseñarnos fotografías de su familiar, de informarnos sobre nuevos antecedentes o solicitar diversos tipos de ayuda. A medida que se acercaba el fin del régimen militar en muchos de los familiares renació una esperanza: ahora podrían saber la verdad de lo ocurrido. Los antecedentes investigados, unido a la práctica realizada, culminaría con la publicación de los libros correspondientes a lo sucedido en las Regiones en una serie titulada Verdad y Justicia. El contenido de ellos cumplía con el objetivo que nos habíamos propuesto: un documento de reconstrucción de la realidad y una denuncia imperecedera de los crímenes; así como una recuperación de la dignidad de la persona que había sido víctima y una identificación sin omisiones de los responsables. La presentación de los libros fue realizada en ceremonias cuidadosamente preparadas cuyos principales invitados fueron los familiares. Especial preocupación se tuvo para elegir el lugar: en un espacio claro y luminoso, mediante paneles se mostraban los lugares de los hechos represivos, las fotografías de las víctimas así como un breve relato de sus vidas y destino. También se incluía información sobre los responsables identificados y se describía su participación en los hechos. Invitamos a las autoridades recientemente elegidas en la Región, a fin de que los familiares estuvieran con ellos y a su vez ellos tuvieran la oportunidad de conocerlos. Al final de la ceremonia, en forma personal, entregamos a cada fa miliar un ejemplar del libro. Muchos de ellos expresaron que el hecho de encontrar la imagen, la descripción de la vida y de las circunstancias de la muerte o desaparecimiento de sus hijos, padres, hermanos o esposo, con los nombres de los responsables, lo sentían como un primer gesto de reparación. V. 2. Establecimiento y desarrollo del vínculo. En marzo de 1990 asumía el primer gobierno de "transición democrática". Una de sus primeras iniciativas en materia de Derechos Humanos fue crear la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (CNVR). En su artículo I especifica su objetivo "contribuir al esclarecimiento global de la verdad sobre las más graves violaciones de los Derechos Humanos cometidas en los últimos años, sea en el país o en el extranjero si estas últimas tienen relación con el Estado de Chile o con la vida política nacional, con el fin de colaborar con la reconciliación de todos los chilenos y sin perjuicio de los procedimientos judiciales a que puedan dar lugar tales hechos" (C.N.V.R. 1991:VIII). En el párrafo siguiente explica que se entiende por graves violaciones "...las situaciones de detenidos desaparecidos, ejecutados y tortura dos con resultado de muerte, en que aparezca comprometida la responsabilidad moral del Estado por actos de sus agentes o de personas a su servicio, como asimismo los secuestros y los atentados contra la vida de personas cometidos por particulares bajo pretextos políticos" (C.N.V.R, 1991:VIII). Así, los hechos de competencia de la CNVR fueron sólo dos tipos de situaciones donde estuvo comprometido el derecho a la vida: violaciones de Derechos Humanos cometidas por el Estado y otro tipo de actos constitutivos de violencia política. Como Organismo de Derechos Humanos discrepamos enfáticamente acerca de este criterio. Consideramos que el único sujeto capaz de violar los Derechos Humanos es el Estado que actúa a través de los órganos y agentes estatales. No existe ningún instrumento jurídico inter nacional ni doctrinario, que considere el criterio contenido en el decreto de la CNVR en el sentido de que "los particulares" pudieran ser sujetos violadores de los Derechos Humanos. En su oportunidad, denunciamos públicamente todo el extenso campo de violaciones de los Derechos Humanos que no tuvo consecuencias fatales y que quedó fuera de la competencia de la CNVR, tales como, la tortura sin causa de muerte que, como dijimos en capítulos anteriores, fue la principal arma de la dictadura; la violación del derecho a la inviolabilidad del hogar, al debido proceso legal, a la libertad personal, a la libertad de reunión y de expresión; así como el exilio masivo y la prisión política, entre otras muchas acciones represivas llevadas a cabo por el régimen militar. El D.S. Nº 355 que la creó, en su artículo V, especifica que para investigar diecisiete años de violaciones de los Derechos Humanos "la Comisión tendrá un plazo de seis meses... Si dentro de ese lapso no alcanzara a hacerlo podrá prorrogar ese plazo... por un máximo de tres meses más" (CNVR, 1991: IX). El plazo de seis meses prorrogable a nueve nos pareció, frente a la magnitud de las violaciones cometidas, un tiempo muy reducido. Por otra parte, este Informe también omitió el nombre de los responsables, quienes quedaron en el anonimato. No obstante estas discrepancias decidimos colaborar con la CNVR entregando todos los antecedentes sobre violaciones de Derechos Hu manos recopilados durante los años de gobierno militar y, muy especialmente, aquellos referidos a los aparatos represivos de la dictadura con el nombre y los antecedentes de los responsables individualizados. Proporcionar esta información significaba una medida de resguardo para que ellos fueran denunciados oficialmente. Esperábamos que el Estado asumiera toda la verdad y proporcionara, tanto el listado de las personas víctimas como el nombre de los victimarios, otorgando credibilidad oficial y pública a aquello que los familiares habían largamente denunciado. El 8 de febrero de 1991 la CNVR entregó su Informe al jefe del Estado, quien lo hizo público el 4 de marzo de 1991. El Presidente, al difundir el Informe, reivindicó "pública y solemnemente la dignidad personal de las víctimas... denigradas por acusaciones de delitos que nunca fueron probados y de los cuales nunca tuvieron oportunidad ni medios adecuados para defenderse". Este reconocimiento por el Estado significaba, en alguna medida, la aceptación de la verdad y el reconocimiento de la realidad vivida por los familiares. Los equipos multidisciplinarios constituidos en las regiones colaboraron con los representantes del gobierno y los instaron a salir a terreno, lo cual no estaba considerado en su programa. Esta propuesta fue aceptada en algunas ocasiones, lo que permitió que los familiares denunciaran sus casos directamente en sus lugares de residencia. Además, entre otras cosas, permitió que los miembros de la CNVR conocieran el contexto sociocultural y represivo de las localidades donde vivían las familias sobrevivientes. Fue significativo el impacto causado en las familias por esta visita: por primera vez un representante del gobierno se preocupaba por su situación. La publicación del Informe de la CNVR, confeccionado sin duda con gran profesionalismo y con una correcta metodología, significó un nuevo desafío. El número de casos registrados por nosotros en las tres regiones en que trabajamos era superior a los incluidos en dicho Informe; por otra parte, muchos de los casos, si bien estaban reconocidos, fueron declarados sin convicción (Informe de la CNVR, febrero 1991. Capítulo II, Tomo I). La propia CNVR recomendó la creación de una institución con carácter de fundación de derecho público debido a que "al término del trabajo de la Comisión aún se continuaba recibiendo antecedentes de situaciones de violaciones de los Derechos Humanos..." (C.N.V.R. 1991, tomo IV). El 8 febrero de 1992, se publicó la Ley de Reparación Nº 19.123 que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación (CNVR). Se definió su naturaleza y objetivos y se establecieron los beneficios de reparación para las víctimas declaradas con convicción por la CNVR. En su artículo II, Nº1, señala:"promover la reparación del daño moral de las victimas; promover y coadyuvar a las acciones tendentes a determinar el paradero y circunstancias de la desaparición o muerte de las personas; recopilar los antecedentes y efectuar las indagaciones necesarias para dictaminar en aquellos casos que conoció la CNVR y en que no le fue posible formarse convicción respecto de la calidad de víctima de violación de los derechos humanos, o respecto de casos de la misma naturaleza, sobre los que no tuvo conocimiento oportuno o, habiéndolo tenido no se pronunció sobre ellos por falta de antecedentes suficientes". En los casos que aparecen sin convicción, en una primera etapa, conjuntamente con la familia, y luego a petición de la CNVR, realizamos la búsqueda de nuevos antecedentes para establecer claramente la existencia de la víctima y las circunstancias de su muerte o desaparición. Igualmente, los nuevos casos encontrados en el curso de nuestra investigación, fueron presentados a la CNVR. En la actualidad, pese a que el Estado cerró definitivamente en diciembre de 1994 el conocimiento de nuevos casos, nuestro trabajo en este sentido se ha mantenido. Desde 1990 y a lo largo de todo Chile se han ido descubriendo fosas clandestinas en las que se realizaron inhumaciones ilegales. Estos hallazgos, desencadenaron en los familiares trastornos emocionales muy profundos que, en algunos casos, fueron atendidos profesionalmente. Además, conscientes de que la denuncia es, en estas situaciones, parte muy importante del proceso reparatorio, ayudamos a organizar variadas actividades de denuncia que permitieron a los familiares expresar sus sentimientos e iniciar nuevas formas de comunicación y exigencia social. Fue así como se realizaron romerías a los lugares de ejecución o desaparición de los prisioneros políticos, encuentros ecuménicos (liturgias, misas y acción de gracias), romerías por las principales ciudades de la regiones, manifestaciones que incluían acciones de encadenamiento en edificios estatales, protestas callejeras exigiendo verdad y justicia, así como difusión de pancartas y volantes, y comunicados de prensa. En todas estas actividades participaron los familiares, quienes recorrieron largas distancias para incorporarse a los actos. Paulatinamente fueron recuperando las posibilidades de expresarse y de ocupar espacios perdidos reestableciendo contactos interpersonales. Dado que la impunidad en Chile persiste, el trabajo ha continuado con otras formas de intervención que serán analizados en los capítulos correspondientes. V. 3. Factores que facilitan u obstaculizan el vínculo. Con la intención de mostrar los elementos que facilitaron o interfirieron el primer contacto con los familiares en la búsqueda de la verdad, de señalar las diversas circunstancias que es necesario considerar a fin de facilitar la comunicación y la obtención de antecedentes y, por último, indicar algunos elementos que facilitaron el vínculo entre ellos y nosotros, analizaremos en la creación del vínculo de confianza lo sucedido con los familiares de estos 305 detenidos desaparecidos o ejecutados. El proceso que se desarrolló entre el primer contacto y el momento que se estableció un vínculo de confianza, cobra aquí toda su importancia. Este proceso plantea ciertas exigencias fundamentales: • Que el primer contacto lo efectúe el investigador en la propia residen cia de la familia. • Que durante la investigación se conozca previamente el entorno y el medio cultural en que vive la familia. • Que la relación establecida con los familiares sea prolongada en el tiempo, lo que permite un conocimiento más profundo y da estabilidad al vínculo. • Que exista un intercambio, sea de orden social, psicológico o legal, entre las familias y los diferentes miembros del equipo. De gran interés fue para nosotros comparar las diferencias establecidas según si el primer encuentro se hubiese realizado en el período de dictadura o en el de transición a la democracia. Un mínimo de familias fueron entrevistadas por primera vez a partir de 1990. Los diferentes miembros del equipo que establecieron los primeros contactos con las familias aplicaron un instrumento llamado "Guía para complementar datos en fichas de personas y/o familias entrevistadas", señalándose que era sólo "una guía para describir, para relatar, no para seguir ni contestar automáticamente"(Anexo N° 2). Los principales contenidos de esta Guía son: • Entorno geográfico y local donde se encuentra ubicada la casa de la familia. Características y situación socioeconómica de la vivienda. • Relaciones y comportamientos de los vecinos hacia la familia antes de iniciar el proceso de investigación. • Descripción de la persona que recibe. Apariencia física, comportamientos, formas de comunicación: lenguaje no verbal, movimientos, postura, contacto ocular, expresión facial, excitación emocional, variaciones de la voz y nivel de lenguaje verbal. • Actitudes y sentimientos del entrevistador que ayudaron o interfirieron en el establecimiento del vínculo de confianza. El entrevistador debe realizar un esfuerzo de introspección y análisis para describir las vivencias y sentimientos que tuvo en el curso de la investigación así como el proceso de aprendizaje que experimentó. Las modificaciones que se produjeron en el curso de la investigación a medida que se iba verificando la verdad, tanto por nuestra intervención como también por la del Estado, serán descritas en los siguientes capítulos. El análisis del contenido de esta guía nos permite hacer algunas consideraciones que creemos serán de importancia para futuros investigadores en Derechos Humanos. Tener una percepción del entorno geográfico, de la posible situación socioeconómica y nivel cultural de la persona que nos recibe así como de la actitud y comportamiento de los vecinos, antes de establecer el primer diálogo, proporciona al investigador variadas señales de cómo debe ser el acercamiento. Las características de la localidad o zona donde se encuentra ubicada la casa de la familia, el aspecto exterior de ésta así como el conocimiento del hecho represivo allí ocurrido, ayudan al entrevistador a elaborar algunas pautas de acercamiento. Como hemos señalado en capítulos anteriores, la mayoría de estas familias vivía en zonas rurales apartadas, en regiones precordilleranas o cordilleranas o en medio del campo, a veces en viviendas solitarias o en un pequeño poblado rural. El aspecto exterior de la vivienda, sus características de orden o abandono, la existencia de un jardín, de flores o de un pequeño huerto bien cultivado, o por el contrario, condiciones de suciedad o desorden, permiten una primera orientación. El material con que estaban construidas (chozas, casas de madera o material ligero o sólido), es otro elemento que orienta en una primera mirada que percibe y registra el entrevistador y que informa de las características sociales, culturales y económicas de las familias, así como de la existencia de un posible nivel de deterioro físico o social. Asimismo, la actitud y comportamiento del vecindario, de acogida o de rechazo, de diálogo o de silencio, o incluso de ignorancia o desprecio, orientan al entrevistador sobre el posible nivel de aislamiento, marginación y rechazo en que se encuentra la familia. De tal modo que uno de los primeros requisitos que debe desarrollar el entrevistador es su capacidad de ver, observar y analizar el entorno geográfico, social y humano, requisito indispensable para obtener algunos elementos orientadores sobre la forma más adecuada de acercarse, pero sin que ello lo lleve a prejuicios o conclusiones anticipadas de estas primeras imágenes. La percepción de la persona que recibe, orienta en forma significativa al entrevistador. El aspecto y la apariencia física de las personas permitirá algunas formas de acercamiento. Frente a personas adultas, campesinas, algunas de ellas bien presentadas, con sus ropas limpias y ordenadas, otras, descuidadas, con sus vestimentas sucias y de aspecto desgreñado, con una mirada franca y directa o una mirada huidiza, con una expresión facial de serenidad o con evidencias de temor y sufrimiento, con la cabeza gacha o erguida, el entrevistador deberá elegir el modo más adecuado para presentarse, sopesando las frases, las palabras, los gestos. Antes de iniciar la conversación, el entrevistador debe tener en cuenta que en esta relación que se establece por primera vez, surgirán innumerables connotaciones dadas las características e intenciones tan particulares de ambos interlocutores. El vínculo está definido por la naturaleza y el contenido de la relación, por el tema que ambos tratarán, y que en este caso es un crimen. Uno lo ha sufrido directamente en un miembro de su familia, al otro lo mueve el deseo y la voluntad de conocer la totalidad de los personajes del crimen, víctima y victimario, así como las circunstancias que rodearon este hecho. Es un tema concreto relacionado con la vida y con la muerte el que guiará la relación entre ambos, a pesar de los desvíos o desvaríos de los interlocutores. Uno es el agredido directamente, el otro el que investiga la agresión; pero este último, por haber vivido también la dictadura, está emocionalmente implicado. Consideramos que este proceso comunicativo depende, principalmente, del vínculo que el investigador sea capaz de establecer en este primer encuentro. Es por ello que el investigador debe actuar con la máxima flexibilidad para establecer el diálogo, eligiendo en primer lugar cómo identificarse: trabajador de derechos humanos, perteneciente o no a una institución, partidario o no del régimen, sólo profesional, médico o asistente social, etc.; formas de acercamiento que dependerán indudablemente del período político en que se realiza la investigación: en dictadura o en transición. El entrevistador debe elegir cuidadosamente el momento adecuado para presentar el tema que lo lleva a establecer este primer contacto. No debe ser nunca un interrogador, debe guardar los momentos de silencio necesario para dar oportunidad a los familiares a que se expresen. De igual modo, debe estar atento a las expresiones de los sentimientos, emociones contenidas y posibles perturbaciones de orden psicológico, que en un momento pueden desbordar a la persona entrevistada y al propio entrevistador, limitando en forma importante la relación interpersonal y la obtención de datos, o resultar un factor facilitador si la persona que entrevista logra contener esta catarsis. A pesar de que no es el tema principal de este libro ocuparse en profundidad de los trastornos de orden médicopsicológico producidos por los crímenes, ni las alteraciones del comportamiento derivados de ellos, señalaremos someramente las conductas y las respuestas emocionales más frecuentemente observadas desde los primeros contactos. En un porcentaje muy pequeño los familiares estaban abiertos, dispuestos a colaborar o proporcionar hasta los más íntimos detalles, no mostrando temor ni desconfianza hacia nosotros. Esta actitud fue más frecuente en familias investigadas durante el período de transición o en los casos en que el entrevistado no pertenecía a la familia nuclear. En muy pocas ocasiones, nos encontramos con un rechazo absoluto, se negaron a recibirnos, veladamente nos amenazaron y en una oportunidad nos agredieron soltando sus perros para que nos persiguieran. Posteriormente pudimos comprobar que esta actitud obedecía a que, algunos de ellos, se sentían y estaban realmente vigilados (se trataba de la época de dictadura). En otros, era el cansancio, la frustración y la rabia por haber recibido promesas de ayuda de otros grupos que nunca se cumplieron. La gran mayoría de los familiares, especialmente los entrevistados por primera vez durante el período de transición pero también otros cuyo primer encuentro sucedió en dictadura, colaboraron desde un inicio o al poco tiempo. Sin embargo, es importante destacar que en ambos casos, debido sin duda a la existencia de la impunidad, constatamos la persistencia de actitudes que denotaban temor, miedo, y en algunos casos, incluso terror y pánico. Todos ellos mostraron labilidad emocional que en la mayoría llegó al llanto silencioso o abierto. Un importante número de casos se mostraron incómodos, recelosos, inseguros, llegando algunos de ellos a manifestar una clara desconfianza. Todos los miembros de las 305 familias tenían un recuerdo nítido de los acontecimientos y relataban los hechos represivos hasta en los últimos detalles. El recuerdo había quedado suspendido en el tiempo con toda la carga emocional que el trauma había desencade